El Gobierno vasco se lava las manos con el 'caso Bernedo' y exige celeridad a la Justicia

La administración autonómica, con competencias en materia de seguridad y juventud, responsable de emitir los certificados que permiten ejercer como monitores en las colonias, y al fin y al cabo autoridad máxima de la arquitectura institucional del país, optó ayer por eludir cualquier responsabilidad respecto al escándalo del udaleku y dejar en manos de la justicia -que ha tenido el expediente congelado durante cinco meses- toda posible respuesta. Una solución que será penal o no será, según se desprende de las declaraciones de la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, en las que ayer únicamente pidió a los jueces que «hagan su trabajo» y que «aclaren rápido» lo ocurrido.

El pasado jueves, EL CORREO desveló en exclusiva la existencia de una serie de cartas en las que varias niñas que habían acudido este agosto a Bernedo relataban una experiencia surrealista. Las misivas recogen cómo eran obligadas a bañarse en duchas mixtas por las que también pasaban adultos, cómo algunos monitores paseaban desnudos por las instalaciones y cómo se le llegó a exigir a una menor que «chupara un dedo del pie». Los organizadores, que sitúan el euskera, el 'auzolana' (trabajo en grupo, vecinal) y el feminismo como 'leitmotiv' de su actividad, pero que no advierten de ninguna de estas prácticas, justifican los hechos asegurando que sirven para «normalizar todos los cuerpos» y se jactan de que «centenares» de menores han pasado por sus campamentos.

Tras la publicación de las primeras cartas aparecieron más, se registraron tres denuncias de manera casi inmediata y la Ertzaintza reconoció que tiene una primera queja sobre la mesa desde el 25 de agosto. Y así se desencadenó una monumental tormenta política y judicial llena de imprecisiones. La obsoleta normativa actual, que es de carácter autonómico y está redactada en 1985, no es precisa respecto al control de los udalekus de titularidad privada, que ahora se organizan por decenas para dar salidas a unos padres con crecientes problemas de conciliación. Esto ha permitido hasta ahora a las administraciones forales concluir que la potestad es de los ayuntamientos y a estos últimos argumentar que lo que ellos hacen es supervisar las instalaciones. ¿Pero qué pasa con los monitores y con lo que ocurre de puertas para adentro?

La Diputación de Álava ha reconocido que sabía del campamento de Bernedo pero que no lo controlaba, y la de Bizkaia que informó al Ararteko y al Gobierno vasco de una queja recibida en 2019 pero que no se hizo nada. Solo en Gipuzkoa dos educadoras sociales acudieron a la Ertzaintza hace casi un año al escuchar el relato de dos menores tuteladas tras pasar por las colonias. El testimonio derivó en la apertura en enero de una investigación policial sin conclusiones claras que ha acabado llegando a un juzgado de Vitoria donde la causa ha permanecido atascada cinco meses hasta que anteayer el juez activó la instrucción, cuando el escándalo había alcanzado dimensiones estratosféricas. La Fiscalía ha llegado a denunciar que en todo este tiempo no había sido informada de las denuncias.

En este punto estaban las cosas cuando Ubarretxena compareció tras el Consejo de Gobierno para limitarse a pedir premura a los jueces y «discreción» en un caso que implica a menores pero que mezcla una serie de cuestiones socioculturales que incomodan al nacionalismo. Pese a las diez preguntas que recibió sobre Bernedo, la portavoz evitó explicar, por ejemplo, si cree que ha existido descoordinación institucional y dejación en la vigilancia; si considera que deben reforzarse los controles o por qué la Ertzaintza no sugirió antes del verano que no hubiera colonias en Bernedo vistos los antecedentes. E incluso pidió que se tuviera en cuenta la «presunción de inocencia» de los cuidadores.

Menos aún quiso exponerse la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Nerea Melgosa aseguró que este caso no es de su competencia y que, por tanto, no tenía nada que decir. Algo parecido defendió la Ararteko en funciones.

Sí que empiezan a reaccionar las diputaciones. Tras varios días como pollos sin cabeza ayer hubo una primera reclamación. Fue la responsable foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de Bizkaia, la socialista Teresa Laespada, quien reconoció que las colonias privadas son «incontrolables» para las administraciones territoriales porque se basan en un contrato que firman los padres con entidades privadas. «El marco normativo actual apenas nos permite investigar quejas y poco más», lamentó. Laespada pidió al Parlamento que actualice la ley de 1985, una reivindicación a la que poco después se adhirió la Diputación guipuzcoana a través de un portavoz de su dirección de Juventud, que también gestiona el PSE. Aunque por Bernedo pasan cada año niños y niñas de los tres territorios, la principal implicada en todas estas cuestiones es la administración alavesa. La responsable del departamento de Cultura y Deporte del que dependen los udalekus, la también socialista Ana del Val, ha solicitado comparecer en las Juntas Generales para dar explicaciones.