El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
Obliga al exmarido a pagarle 1.400 euros al mes de por vida para «compensar» el desequilibrio económico de la pareja al separarse
Un despacho bilbaíno, Soka abogados, ha conseguido una sentencia histórica del Tribunal Supremo, que genera jurisprudencia, al confirmar la pensión vitalicia a una vizcaína divorciada que dejó su trabajo al casarse y se dedicó a su familia. La mujer, representada por los letrados Juan Carlos Soto y Laura Barranco, ayudó también a su esposo, un reconocido productor de cine, en su empresa sin ninguna remuneración.
Ahora, el alto tribunal impone al exmarido que le pase un sueldo mensual de 1.400 euros de por vida para «compensar el desequilibrio económico» en la pareja tras la separación y la «colaboración» de ella en la actividad profesional» del hombre, lo que «incidió favorablemente en su carrera cinematográfica».
En la actualidad, la mujer tiene 61 años. Durante el matrimonio, ella dejó de trabajar, por lo que sus perspectivas de encontrar un empleo tras años sin reciclaje resultan especialmente difíciles, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. El hecho de que ella se encargara del cuidado de los dos hijos de la pareja permitió al padre volcarse en su oficio y obtener además de mucho éxito profesional, cuantiosos beneficios. Según la sala, el desahogo económico del marido se demuestra en que al romper la convivencia, pasaba a su familia, primero 6.000 euros al mes, y luego, 4.000.
El hombre recurrió en casación al Supremo la novedosa sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia vizcaína que, con los mismos argumentos, corregía la de primera instancia y concedía a la mujer una pensión compensatoria, además de la de alimentos para la hija más pequeña, que aún seguía estudiando. El fallo, publicado por este periódico, reconocía los derechos de las mujeres que renuncian a su trayectoria profesional para volcarse en la crianza. El otro hijo ya había accedido al mercado laboral. La Audiencia le otorgó una pensión de 2.000 euros «sin límite temporal», que ahora el Supremo rebaja «prudentemente» a 1.400 euros. También le permitía el uso de la vivienda familiar en una localidad costera vizcaína durante dos años, mientras buscaba otro lugar para vivir. Al cabo de ese tiempo, podrían venderla y dividirse el dinero al haberse casado en gananciales.
«Él sólo creaba»
La afectada contrajo matrimonio en mayo de 1990 con el que llegaría a ser después uno de los representantes más exitosos de la producción audiovisual española. La pareja se rompió más de 20 años después y él presentó una demanda de divorcio. Después de la boda, ella, auxiliar administrativa, había dejado su trabajo de más de una década para ayudar en la empresa de su marido. «Hacía de todo, de secretaria, administrativa, almacenera y me encargaba del papeleo y los asuntos jurídicos. Y él sólo creaba», recuerda ella.
Cuando nacieron sus dos hijos, que ya son adultos, se esforzó por «mantener una familia sólida porque él pasaba mucho tiempo fuera de casa viajando». Fueron años «muy intensos», en los que el hombre alcanzó la cumbre de su carrera participando en algunas de las películas más laureadas del cine español. Sin embargo, al separarse, ella se quedó «en la más absoluta miseria», confiesa. Con 60 años, su formación se había quedado «obsoleta» y los currículum que mandaba se desestimaban por la edad.
La otra parte alegó que la exesposa había demostrado un «interés insuficiente» por encontrar una salida laboral e independencia económica. Los jueces reprochan a la representación letrada del exmarido que no haya presentado «pruebas» de la supuesta «pasividad» de la mujer a la hora de buscar trabajo. Ella asegura que llegó a ser «ayudante de peluquería» para sacar algo de dinero. «Económicamente lo he pasado muy mal. Tenía una casa buena, pero no con qué calentarla».
