Las protestas propalestinas jaleadas por Sánchez revientan La Vuelta y ahondan en la fractura política

La tensión estaba garantizada toda vez que decenas de organizaciones propalestinas, con el apoyo del Gobierno y todos los partidos políticos de la izquierda, habían llamado a tomar las calles de la capital española para tratar de reventar la etapa final. Siguiendo la estela de lo ocurrido en anteriores jornadas, en las que la organización se vio obligada a acortar la ruta por motivos de seguridad, los manifestantes tenían la intención de impedir como fuera el paso de los ciclistas para boicotear la participación del equipo Israel-Premier Tech, al que vinculan directamente con la masacre del Estado judío en Gaza.

La campaña para torpedear la competición se vio magnificada por el jefe del Ejecutivo, que hasta ayer no se había pronunciado a este respecto y que eligió hacerlo apenas unas horas antes, cuando Madrid ya se blindaba ante una tarde de impredecible desenlace. Obviando en todo momento las escenas violentas que se produjeron en convocatorias anteriores, como la del 3 de septiembre en Bilbao, Pedro Sánchez expresó su «admiración» por las protestas: «España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional que ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos».

A la vez que el presidente alentaba las concentraciones, el Gobierno que él mismo dirige desplegaba un dispositivo con 1.500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para «garantizar la seguridad». Un plan «extraordinario» que, según el propio Ejecutivo, no se había visto desde la cumbre de la OTAN en 2022, pero que, a la vista de lo ocurrido, se demostró insuficiente. Porque lo que se acabó viendo en una retransmisión televisiva seguida en directo por millones de personas en todo el mundo fueron escenas de violencia que desbordaron el operativo.

Las protestas comenzaron a afectar al desarrollo de la competición cuando se adentraba en el centro de Madrid y restaban algo menos de 60 kilómetros. Con continuas invasiones de gente en el trazado, en un primer momento la organización neutralizó el pelotón, pero vista la imposibilidad de seguir avanzando se optó por cancelar la etapa. Ni ganador del día ni entrega de premios en el podio de Cibeles porque a esa hora, pasadas las 18.30, prácticamente todo el recorrido urbano estaba ocupado por protestantes. Las cifras oficiales hablan de 100.000 personas.

«Normalidad» para el Gobierno

Pese a haber cumplido ya su objetivo declarado, el de impedir la carrera, los manifestantes no se dieron por satisfechos. Cientos de ellos se negaron a despejar la vía pública, derribaron las vallas del trazado e incluso las arrojaron contra los policías en lo que fue el origen de un violento enfrentamiento en el que se sucedieron las cargas policiales para tratar de contener los disturbios. 22 agentes resultaron heridos y dos manifestantes fueron detenidos. Los principales sindicatos policiales denunciaron los «graves incidentes» y censuraron que fueran «alentados» por instituciones del Estado y partidos políticos.

Para el Gobierno, en cambio, lo ocurrido no se salió de la «normalidad». Fue el término que empleó el delegado en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, máximo responsable del operativo de seguridad y que justificó los incidentes con las siguientes palabras: «En Madrid no se está asediando a 65.000 niños en los últimos meses, ni se mata a la gente de hambre. Se ha interrumpido una carrera». Numerosos ministros, como Yolanda Díaz, Óscar López o Pilar Alegría, se sumaron a esa corriente y defendieron los altercados como «una llamada a la conciencia internacional».

Los disturbios callejeros, añadidos a la falta de condena por parte del Ejecutivo, alimentaron la fractura política hasta alcanzar un clima de máxima polarización. Mientras la izquierda exhibía su euforia, el PP se lanzó en tromba a responsabilizar a Sánchez de los incidentes violentos. Una vez más, fue Isabel Díaz Ayuso la que llevó la voz cantante al acusar con nombre y apellidos al presidente del Gobierno de azuzar el boicot e identificar a los manifestantes con la kale borroka, mientras que Alberto Núñez Feijóo se mostraba más comedido y lamentaba el «ridículo internacional».

Por si fuera poco, el Gobierno de Israel no quiso desaprovechar la ocasión para ahondar en su enfrentamiento con Sánchez. Tres días después de que Benjamín Netanyahu acusara al mandatario socialista de lanzar «amenazas genocidas» a su país, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, censuró que el presidente «animara» a los manifestantes y clamó contra la «vergüenza para España».