Los campistas desalojados de Ajo preparan una querella contra el camping y anuncian movilizaciones

El recinto, situado a unos 450 metros de la playa de Cuberris, abrió en 1993 y está formado por pequeñas viviendas móviles. El Ayuntamiento de Bareyo, al que pertenece el complejo, procedió el 13 de enero a cortar el suministro de luz y de agua de nueve parcelas en cumplimiento a la sentencia dictada en octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria al entender que fueron construidas en ampliaciones posteriores a la apertura del establecimiento de manera «clandestina» y «sin ningún tipo de licencia». Las ampliaciones se realizaron, esgrimen, sin permiso ni licencia de actividad por la dirección del citado camping desde 2008. Además, la urbanización afecta a una zona incluida dentro del área de protección del Plan de Ordenación del Litoral (POL). «Si era ilegal, por qué nos dejaron comprar?», se preguntan.

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La resolución, que ya es firme, ordena la clausura de parte de la instalación y la retirada de las casitas de unas 110 de las 200 familias que disfrutaban allí de fines de semana y vacaciones. La mayoría, vascas. Los afectados aseguran que las propiedades ubicadas en la zona declarada ilegal tienen un valor medio de mercado de 35.000 euros por unidad, por lo que su valor supera los dos millones de euros y que la retirada de las mobile -homes «resulta inviable debido al riesgo de pérdida parcial o total, así como al elevado coste económico que conlleva, un gasto que muchos afectados no pueden asumir. Por tanto, la situación de indefensión y vulneración de nuestros derechos fundamentales es evidente». Motivo por el que han presentado también un incidente de nulidad de actuaciones. Pretenden también ser reconocidos como parte interesada en el proceso.

La asociación de campistas fijos se formó en 2019 tras tener conocimiento de que el Camping Arenas se enfrentaba a resoluciones adversas del Gobierno de Cantabria, «sin llegar a conocer hasta el día de hoy la magnitud ni la gravedad de los problemas urbanísticos que han provocado la orden de cese», recalcan. La entidad acusa a la propiedad de ocultarlos en el momento de la venta de las 'mobile homes' destinadas a ocupar suelo ilegal y en el alquiler anual de las parcelas ilegales, que además, sufrió subidas «abusivas».

«Es más, desde la dirección del camping se ha asegurado la continuidad de la parte ilegal de la instalación en todo momento y se ha propiciado la venta de módulos y el alquiler de parcelas en la zona ilegal por un mero afán de lucro, exigiendo efectivo y sin factura. Los cobros más recientes ascendían a 6.000 euros», critican. Hay campistas como Marinieves Teomiro, vecina de Bilbao, que compraron su módulo recientemente. En concreto, el pasado mes de mayo. «El propietario del camping siempre nos decía que estuviéramos tranquilos. Ha estado callado sabiendo lo de la sentencia. Finalmente, enviaron un mensaje diciendo que teníamos que desalojar», asegura la mujer.

Los afectados también aseguran que el cese de la actividad de la parte ilegal del camping Arenas de Ajo y su posterior derribo o demolición, así como el corte de los suministros eléctricos y agua, no ha sido comunicado por la dirección a los campistas implicados a pesar de seguir vigentes «todos los contratos». Por otro lado, esgrimen que «se ha obligado al pago de la electricidad, no recogido en el contrato inicial, a un precio tres veces superior al mercado y emitiendo factura propia, sin control por una distribuidora regulada».