El fallo judicial que obliga al cierre de la zona ilegal de un camping en Ajo afecta a decenas de vizcaínos

La resolución, que ya es firme, ordena la clausura de buena parte de la instalación, un extremo que está pendiente de proyecto porque se deben demoler algunas edificaciones. Pero lo que está claro es que numerosas familias tendrán que abandonar su lugar habitual de vacaciones, lo que ha provocado una oleada de críticas. Algunos campistas de Arenas de Ajo han mostrado su «preocupación» e «incertidumbre», ya que no saben qué pasos van a tener que seguir a partir de ahora, si van a poder llevar sus casas rodantes a otro lugar y en tal caso, a dónde y con qué trastorno económico. «Es una situación muy delicada que afecta a muchas familias, la mayoría vizcaínas», sostienen. Uno de los afectados es Víctor, un bilbaíno que veraneaba en el complejo desde hace nueve años junto a su familia. En su caso, dispone de un módulo con ruedas (como dicta la normativa) y elevado sobre placas de hormigón en la zona afectada. «Nos tendría que haber llegado una notificación legal de que nos tenemos que marchar, pero no ha sido así. Tengo firmado un contrato hasta octubre de 2025 y pagada la primera cuota del camping», explica. Por el momento no se va a mover hasta que tenga una comunicación oficial que le obligue a abandonar el espacio. «Tenemos una sensación de indefensión total, de que se han reído de nosotros... Nos sentimos estafados», lamenta.

Otros vizcaínos arrastran el problema desde hace tiempo. Es el caso de la basauritarra Ainhoa Belda, que compró un módulo en la zona afectada que van a derribar. «Llevaba en ese camping muchísimo tiempo, empecé a ir con mis padres. En 2019 nos mandaron un correo a todos los campistas que estábamos allí alojados hablando de un tema legal que nos concernía, pero no nos explicaron nada y la información era muy difusa. No se entendía cuál era el fondo de la cuestión», critica.

En los mensajes, a los que ha tenido acceso EL CORREO, el camping explicaba que «la licencia de apertura, que data de 1993, no ofrece a juicio de algunas autoridades un soporte suficiente a nuestras instalaciones, lo que podría implicar la necesidad de cerrar una parte de las mismas», decía. La basauritarra se ha puesto en manos de un abogado para reclamar la cantidad de dinero de la compra del módulo, porque el camping se lo vendió sabiendo que la ampliación en la que se ubicaba era «ilegal», según sostiene.

Otra de las perjudicadas es Marinieves Teomiro, bilbaína, que compró su módulo el pasado mes de mayo para disfrutar de las vacaciones junto a su marido y sus tres hijos. Apenas tuvieron tiempo de aprovecharlo. La noticia les ha caído como un jarro de agua fría. «Lo compramos con toda la ilusión del mundo. El propietario del camping siempre nos decía que estuviéramos tranquilos. Ha estado callado sabiendo lo de la sentencia. Finalmente, enviaron un mensaje diciendo que teníamos que desalojar. Te llevas un gran disgusto. Sabemos que vamos a tener que irnos, pero desconocemos cuándo y a dónde», se queja.