«Estamos abatidos, es devastador tener que marcharse del camping»

El Ayuntamiento de Bareyo, al que pertenece el complejo, en cumplimiento a la sentencia dictada en octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, procedió el 13 de enero a cortar el suministro de luz y de agua de nueve parcelas al haber sido construidas en ampliaciones posteriores a la apertura del establecimiento de manera «clandestina» y «sin ningún tipo de licencia». Además, afectaba a una zona incluida dentro del área de protección del Plan de Ordenación del Litoral (POL). Ya no podrán usarse más. La resolución, que ya es firme, ordena la clausura de buena parte de la instalación, un extremo que está pendiente de proyecto porque se deben demoler algunas edificaciones.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre los perjudicados que veranean allí, que nada más salir el sol este sábado, se han puesto a trabajar para retirar todas sus pertenencias con una mezcla de tristeza e incertidumbre. Víctor, Roberto y unos amigos suyos sacaban artículos de sus módulos sin parar: frigoríficos, cajas de ropa, maderas... Han ido preparados para la ocasión con furgonetas, todo tipo de herramientas y botas de monte. A pesar de no ser un momento fácil, han paliado la rabia al ritmo de un hilo musical en el que se ha podido escuchar 'Flaca', de Andrés Calamaro. «¿Lo metemos directamente en la furgo?». «¿Saco ya la madera?». «Esto es un zafarrancho». Son algunas de las frases que se escuchaban mientras entraban y salían de su vivienda rodante.

Su amistad se forjó cuando tenían siete años. Han crecido juntos y han disfrutado de temporadas de verano en diferentes campings. Ambos son de Ollargan y decidieron emprender y montar una empresa de instalaciones y reformas allí. Con el tiempo, también han acabado compartiendo destino de vacaciones con sus respectivas familias. Roberto compró un módulo al lado del de Víctor para disfrutar del verano, pero apenas ha podido sacarle partido; lo adquirió en propiedad el pasado mes de junio y solo lo ha usado durante 15 días. «Estamos abatidos. Es devastador tener que marcharse, moralmente nos hunde. Hemos empezado a retirar nuestras pertenencias para buscar soluciones. Te levantas con ansiedad y pensando todo el día en lo mismo», lamentan los afectados.

El trabajo de este sábado ha consistido en vaciar los módulos para poder transportarlos más adelante. Con todo el dineral que ello supone. Víctor y su familia, por ejemplo, optaron por adquirir el suyo en el propio camping. «Pagamos 32.000 euros por él, pero ya puesto. En la calle puede costar 12.000 euros, más o menos. El problema es que si no están en la parcela, pierden valor. Tengo un contrato hasta octubre del 2025 y he pagado la primera cuota del camping. Hemos venido aquí a quitar las cosas pero de momento nadie nos ha dicho nada, no tenemos noticias», suspira. «El problema es que tienes algo montado desde hace un montón de años y de repente, de la noche a la mañana, tienes que irte con tu casa a cuestas. Además, hemos realizado una importante inversión en mejoras», añade.

En su caso, ya tienen una opción sobre la mesa: el camping 'Ciudad de Frías', ubicado en Burgos. Ya han depositado la fianza y, con un poco de suerte, podrán disfrutarlo este verano. Aunque no es lo mismo. «Aquí nos falta la playa, pero tampoco tenemos muchas más opciones ahora», dijeron algunas familias del camping hace unos días. Raúl Urruchi, propietario del espacio de Burgos, explica que las obras ya están en marcha para poder ampliar el espacio.

«Vamos a ver si es posible tener todo listo para entonces», reza. Lo que les consuela a los afectados es que van a poder disfrutar de la estancia con muchos de sus amigos que están en la misma situación, y sus hijos también podrán juntarse con la cuadrilla con la que han crecido. «Mi hija mantiene los mismos amigos desde que era pequeña. Han jugado desde críos en la calle con las bicicletas», comenta Ainhoa Belda, otra de las vecinas afectadas.

Urruchi defiende que a pesar de no tener playa, Frías es un «lugar encantador». «Tiene montaña, está rodeado de naturaleza, se pueden hacer rutas de senderismo y también tiene una piscina natural. Es importante acogerles porque no tienen a dónde ir», asegura. Uno de los problemas principales a los que se enfrentan los perjudicados es el traslado, ya que mover los módulos supone un gasto de unos 4.000 euros y un auténtico «quebradero de cabeza», según indican. «Tienen que efectuarse con grúa, y a veces necesitan hacer varios movimientos para poder sacarlos. La zona en la que se ubica el camping de Ajo tiene muchos árboles y la logística no es sencilla, por lo que se encarece muchísimo», aclara Urruchi.

Las familias critican que los propietarios del camping «se han desentendido» de todas las gestiones. La única comunicación que han recibido ha sido un mensaje por un grupo de WhatsApp. «Después de agotar todas las vías posibles, lamentamos tener que informar que la sentencia es firme y nos vemos en la obligación de ejecutarla», decía una parte del mensaje al que ha tenido acceso EL CORREO. Después de esa noticia, silencio total. «Yo he disfrutado nueve años del camping, pero podrían haber tenido la dignidad de poder llevármelo a algún sitio y que me hubiesen devuelto el primer trimestre que he pagado este año, porque la negligencia la han cometido ellos. Yo he realizado todos mis pagos al día», critica Víctor.

Víctor y Roberto explican que «de unas 200 familias que hay en el camping, solo se quedan en el recinto unas 90», porque el resto estaban ubicadas en la zona ilegal. «Va a haber una caravana de muchos módulos que se van a ir, porque hay un montón de gente que no dispone de dinero para pagar el traslado y se van a quedar sin nada». Por el momento, los perjudicados se mantienen a la espera de nuevas noticias antes de trasladar sus módulos a otro destino.