Los vascos y cántabros afectados por el macropolígono industrial de Laredo agotarán «todas las vías judiciales»

Cabe recordar que el proyecto, cuyo presupuesto previsto asciende a 47 millones de euros, se incluía en el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Laredo, que fue tumbado en los juzgados (por el Tribunal Superior de Justicia en 2016 y, tras presentar un recurso el Ejecutivo regional, por el Tribunal Supremo en febrero de 2019) por incumplir la Ley General de Telecomunicaciones. Por ello, con el fin de «avanzar en el desbloqueo de la creación de suelo industrial», la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) dio luz verde al PSIR el pasado mes de julio.

Desde entonces los afectados no han cejado en el empeño de mostrar su rechazo al plan, transmitiendo su sentir a las instituciones mediante reuniones, protestas y alegaciones. En ese sentido, el colectivo ha presentado en la CROTU, que a su vez ha remitido a la empresa pública-privada Suelo Industrial de Cantabria (Sican), una alegación básica y 600 individuales que engloban cinco puntos, según han explicado en una asamblea.

Su defensa se ampara, en primer lugar, en la falta de acreditación del interés regional en este proyecto. «Sican plantea un PSIR sustentándose en que hay una necesidad de suelo industrial porque hubo un Plan General que se anuló. Nada más, no hay ninguna consideración ni informes al respecto», apunta Gundín. Sobre todo, cuando hay «un millón de metros cuadrados sin desarrollar» en el polígono La Pasiega. De hecho, esta empresa pública-privada acaba de licitar por 130.000 euros un «plan estratégico para determinar cuáles son las necesidades de suelo industrial en Cantabria, por lo que entendemos que no lo tienen claro», añade el letrado.

Las alegaciones también se centran en los problemas de inundabilidad que provocará el PSIR. «Hemos aportado un informe técnico-ambiental que acredita que la implantación de un polígono industrial de tanta magnitud puede significar la impermeabilización de un 75% de las 53 hectáreas. ¿Eso qué significa? Cuando en una zona inundable sumerges tanto asfalto y hormigón, el agua tiene que desembocar en algún sitio y puede provocar inundaciones, tanto en Colindres como en varias zonas de Laredo, porque es una dimensión estratosférica», explica Gundín.

Este es un aspecto por el que también mostró preocupación el Consistorio de Colindres, que también presentó alegaciones por «posible inconstitucionalidad ante la falta de compatibilidad urbanística, insuficiente justificación en la demanda sobredimensionada de suelo y su falta de equilibrio con el daño causado a los afectados, y la distancia mínima exigible a la zona residencial de Colindres». La Corporación al completo, por unanimidad, solicitó la revisión del documento.

Los afectados subrayan, asimismo, que el expediente «ha caducado». Y es que el PSIR es un instrumento técnico-jurídico en el que, una vez aprobado, no puede pasar un intervalo superior a los tres años sin que se realice una intervención administrativa. En este caso, «han pasado cuatro y no se ha publicado ninguna ampliación del plazo», indica el letrado, quien también menciona que el documento no constata la valoración económica de los inmuebles afectados. «Se ofrece 15 euros el metro cuadrado cuando el valor del mercado de la zona es infinitamente superior, puede llegar a los 60».

Otro «error grave», agrega Gundín, se encuentra en los realojos de las viviendas afectadas y los residentes del camping Apolo. «En vez de alojarlos en casas de similares características, se plantea en pisos adosados en hilera de 74 metros cuadrados. Una actuación absolutamente injusta y desmedida. Lo que hay que hacer es un realojo o indemnización correspondiente que se ajuste a la realidad», subraya el letrado. Cabe destacar que algunas propiedades alcanzan hasta los 135 metros cuadrados.

Durante las últimas semanas, la asociación ha mantenido reuniones con los consejeros de Fomento (Roberto Media) e Industria (Eduardo Arasti), el alcalde de Laredo (Miguel González) y la presidenta cántabra (María José Sáenz de Buruaga), en las que se han tratado propuestas en las que «pueden existir modificaciones sustanciales en la reducción de viviendas afectadas», pero, recalca el letrado, «no están acreditadas en documentos oficiales, por lo que seguiremos peleando» por frenar el PSIR.