«De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»

Los perjudicados por el macroproyecto se han movilizado rápidamente y creado la Asociación de Afectados por el PSIR, que ya ha contratado un abogado para preparar las alegaciones. Su presidente, Víctor Echevarría, es uno de los vizcaínos que comenzó pasando los fines de semana en Laredo durante 40 años, «como la mayoría». Allí conoció a su mujer, y allí lleva los últimos 15 años residiendo de manera permanente. Posee varias propiedades en Laredo: un edificio de cuatro pisos, dos casas individuales y cinco fincas que ocupan una superficie de dos hectáreas. «Todo ello logrado con mucho ahorro y mucho sacrificio, nadie me ha regalado nada», afirma. El proyecto «implicaría derribar todo un barrio. Estamos todos muy preocupados, ya ha habido varios ingresos por la angustia de personas de más de 80 años. 'Qué va a ser de nuestras vidas', se preguntan llorando. Y esto no puede ser».

Marta Grobas es una de las vizcaínas que tiene una parcela en el camping Apolo, de cerca de 90 metros cuadrados. Aunque su residencia principal se encuentre en Bilbao, ha convertido Laredo en su segundo hogar. «Llevo desde pequeña yendo al camping, desde 1993, porque mis padres, Francisca y Antonio, tenían un módulo. Ya en 2014 me compré otro para mí y siempre voy los fines de semana y en periodo estival», cuenta. Fue este verano cuando la tranquilidad desapareció de sus vidas y «nos enteramos de que venía el lobo». Un vecino escuchó sobre el proyecto y la noticia se propagó como la pólvora. «Es una barbaridad. No solo afectaría a las viviendas, también a la naturaleza, a la fauna... Esta es una zona de caminos rurales que van de Laredo a Colindres, y hay marismas protegidas. No tiene sentido lo que quieren hacer, hasta tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Colindres».

Es habitual que los campings cántabros se llenen de vizcaínos que van a pasar sus días libres, sobre todo en el periodo estival. Es el caso de Tania Casado, que reside en Santurtzi. Al igual que muchos otros, ella también frecuentó los alojamientos privados del Apolo desde su niñez, en los 90. Su familia tiene una participación, lo que consiste en el disfrute de una parcela (en su caso, de en torno a los 80 metros cuadrados) y de las instalaciones generales del recinto, como la piscina, salón social, gimnasio, biblioteca, baños, lavaderos, duchas... «Para nosotros el camping es vida, lo hemos disfrutado siempre toda la familia, prácticamente vamos durante todo el año», afirma. Es un «sitio estratégico, al lado de Colindres y la playa, y queremos seguir conservándolo».

José Mari Barandiarán es un jubilado de Llodio que lleva 35 años residiendo en Laredo, en un terreno de unos 135 metros cuadrados, incluyendo un jardín y una «chabolita donde guardo las bicicletas», explica a este diario. Solo vuelve a su hogar natal una vez por semana. «Pretenden quitarme mi casa. Lo que quieren hacer es una salvajada y no es legítimo. Llevamos años aquí y de repente, de la noche a la mañana, nos dicen que nos tenemos que ir», denuncia Barandiarán. Al igual que otros ciudadanos perjudicados por la operación, ha criticado la falta de información que hay acerca del macropolígono industrial promovido por la empresa pública Suelo Industrial de Cantabria.

Y es que, tal y como apuntó el abogado de la asociación de afectados, Ricardo Gundín, «el proyecto dice que es urgente tener industria, pero no aporta datos reales sobre la demanda», y «se pretende urbanizar en Laredo mientras hay un millón de metros cuadrados sin desarrollar en La Pasiega». La sensación que hay entre los damnificados, asegura Barandiarán, es que se trata de una «especulación. Hay interés monetario porque nadie habla de qué empresas vendrían. Lo único que quieren hacer es contaminar, o hacerlo urbanizable para sacar más dinero. Nos negamos a que hagan una sangría con nosotros».