Los afectados por el macropolígono industrial de Laredo recogen firmas para exigir al Gobierno cántabro que paralice el proyecto
La petición en 'Change.org' suma más de 800 firmas en menos de veinticuatro horas
Diana Martínez
Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:59
'Laredo no se vende, se defiende'. Este es el lema de la Asociación de Afectados por el PSIR –Proyecto Singular de Interés Regional–, una iniciativa avalada por el Gobierno de Cantabria que pretende impulsar un macropolígono industrial en una parcela de unas 52 hectáreas en el barrio El Callejo-La Pesquera, y que conllevaría expropiar más de 300 propiedades. Con el fin de paralizar la operación, los vecinos perjudicados han iniciado una recogida de firmas en la plataforma 'Change.org' dirigida al Ejecutivo cántabro. Bajo el nombre 'Paremos el PSIR del Parque Industrial de Laredo - Un barrio no se vende, se defiende', la petición ha logrado más de 800 firmas en apenas veinticuatro horas.
«Intentaremos conseguir las máximas firmas posibles, no tenemos ninguna meta marcada», señala a este diario el presidente de la asociación, Víctor Echevarría, quien se reunirá el próximo martes con el alcalde de Laredo, Miguel González, para tratar la cuestión. «Mantendremos las reuniones pertinentes, el diálogo, el consenso y la negociación en aras del bien común para revertir esta situación que consideramos de total injusticia», añade.
El escrito relata que el Gobierno ha puesto en marcha un macro parque industrial de más de 500.000 metros cuadrados. «Un proyecto impuesto desde los despachos que amenaza a nuestros pueblos y a nuestras familias», ya que significaría «el desalojo forzoso de aproximadamente medio centenar de casas; hogares de abuelos, niños y familias que han vivido y trabajado aquí toda su vida. La destrucción de huertas, prados, fincas y jardines que llevan generaciones en nuestras manos. Y un grave daño ambiental cerca de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña».
Tal y como expresa Echevarría, se trata de una operación que «intenta pasar por encima de la gente sin tener en cuenta su opinión, y afectando sobre todo a personas mayores. Una sociedad que no escucha a las personas está abocada al fracaso». El proyecto, resaltan los afectados –tanto cántabros como vascos–, «no es 'de interés regional', es un atropello y especulación urbanística disfrazada de progreso. No hay justificación ni necesidad. Solo familias que perderán lo que es suyo».
