Ninguna administración vasca controlaba la actividad de la polémica colonia de Bernedo

La noticia adelantada por este periódico causó un gran impacto en la sociedad vasca y las instituciones censuraron lo ocurrido en Bernedo. En síntesis, las familias denuncian que los monitores obligaban a los niños y niñas (de entre 13 y 15 años) a ducharse desnudos juntos con el argumento de que, si alguien no se identificaba con el género masculino o femenino, podía sentirse «categorizade» (sic). También afirman que los monitores y monitoras se duchaban con ellos y que, a menudo, muchos cuidadores se paseaban con sus miembros sexuales al descubierto. El campamento se anunciaba con ejes en el euskera, la naturaleza y el feminismo, pero nadie sabía a dónde mandaban a sus hijos. Las familias insisten en que en los estatutos de la asociación, que son públicos, no aparece ninguna referencia a este tipo de prácticas ni a los baños mixtos.

Las reacciones públicas se empezaron a suceder ayer. Pero lo cierto es que, según ha podido constatar este periódico, el año pasado un educador de un centro de menores de Gipuzkoa ya alertó de lo que estaba sucediendo en las colonias. Lo hizo después de escuchar a varias de las adolescentes que estaban a su cargo. Supuestamente se lo comunicó a responsables de la institución foral guipuzcoana y también informó a la Ertzaintza de Zarautz.

Las colonias se desarrollaron entre el 8 y el 23 de agosto. Las familias supieron lo que había pasado cuando los niños volvieron a casa, ya que apenas podían comunicarse con sus padres mientras estaban allí. Fue entonces cuando empezaron a hacer preguntas a las instituciones y al propio campamento. Cansadas de recibir portazos acudieron a EL CORREO para hacer público lo que había pasado con el objetivo de que «no vuelva a ocurrir».

Tras la publicación de la noticia se conoció un dato importante que no se sabía hasta ahora a pesar de la insistencia de las familias afectadas. Los días previos a la publicación del artículo, las instituciones aludían al carácter privado de la entidad y se señalaban unas a otras cuando las familias de las niñas -primero- y este periódico -después- les preguntaron quién tenía la responsabilidad de controlar lo que ocurría en el campamento de Euskal Udalekuak, que además organiza otros dos -algunos con denuncias similares- en localidades de Navarra -Goñi y Abaigar-.

En este sentido, la principal novedad la aportaron la Diputación de Álava y el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria. Ambas administraciones afimaron que la asociación no había pedido permiso para realizar la actividad con los menores. Es decir, en la práctica operaban como una especie de 'campamento fantasma', a pesar de que llevan décadas organizando udalekus en la pequeña localidad de Bernedo. La Diputación de Álava insistió en que «no es un albergue reconocido, por lo que no tenemos que realizar ninguna inspección sobre la instalación». También afirmó que la asociación «no nos ha comunicado la actividad ni ha pedido subvención, por lo que no tenemos conocimiento de su existencia» desde el punto de vista institucional. Una afirmación que realizó a pesar de que los propios responsables de la asociación declararon en una entrevista que «somos parte del pueblo. La gente del campamento es muy conocida allí».

El consejero de Seguridad también insistió en que la actividad de esta agrupación -que sí consta en la página de asociaciones juveniles del Gobierno vasco- «no figuraba en ningún registro público» y reconoció que la Ertzaintza ha abierto una investigación. Es decir, Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea estaba operando sin pedir permiso a las instituciones, como exigen los decretos que regulan la actividad de los campamentos infantiles.

Fuentes del Departamento de Seguridad apuntaron, en todo caso, en que la «competencia de los udalekus es de las diputaciones y de los ayuntamientos». El área de Juventud del Gobierno vasco también puntualizó el miércoles que ellos sólo son responsables de la supervisión de estas actividades cuando se desarrollan en más de un territorio. En caso contrario, la competencia atañe a las diputaciones. De hecho, según la legislación, son las instituciones forales las encargadas de velar por la protección de los menores en sus respectivos territorios.

Lo cierto es que hay distintos niveles de control en las actividades juveniles. Por ejemplo, al Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco le corresponde emitir los certificados de monitor de tiempo libre en Euskadi. Los candidatos deben realizar un curso y presentar la documentación, entre la que se incluye un certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.

Se trata de un caso que salpica a los tres territorios, en la medida en que había menores alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos. En el departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación de Bizkaia, que puntualiza que el incidente se ha producido «en Álava», sí que explicaron que, cuando se realiza un campamento, la organización debe «informar» a la entidad foral «de en qué sitios y fechas van a estar» por si se produce «una emergencia». Añadieron, además, que «los ayuntamientos son los encargados de conceder o denegar los permisos», en caso de que se los soliciten.

Sus homólogos guipuzcoanos no respondieron a preguntas de este periódico, pero sí lo hicieron desde el departamento de Cuidados y Políticas Sociales de esa Diputación, que tenía conocimiento de la existencia de quejas al menos desde el año pasado. Fue una educadora de menores tutelados por esta institución quien trasladó a la Ertzaintza y a sus superiores que habían enviado a varios adolescentes bajo su protección al campamento. A la vuelta aseguraron que en las instalaciones «cocinaban desnudos» y que un adulto «tiró una cazuela de guisantes por la cabeza» a un menor por quejarse. Portavoces autorizados de ese área evitaron realizar cualquier comentario sobre la denuncia escudándose en la protección de menores, pero sí confirmaron que este verano no han «enviado ningún menor tutelado» a esas «colonias privadas».

La asociación Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea siguió ayer sin dar ningún tipo de explicación pública sobre las denuncias de las familias afectadas.

Información elaborada con la colaboración de: Alba Cárcamo, Sara López de Pariza y Ander Carazo.