Piden convocar una comisión de expertos para analizar los malos resultados escolares

La parlamentaria del PP Muriel Larrea ha presentado la iniciativa este lunes en rueda de prensa. La portavoz popular en materia educativa ha denunciado la «falta de transparencia» de Educación y ha criticado el último informe emitido por la consejería de Begoña Pedrosa sobre resultados académicos, mucho más corto que las anteriores ediciones, es «un insulto a la inteligencia». «Necesitamos que se hagan públicos todos los datos para poder analizarlos», ha explicado Larrea.

La iniciativa llegará ahora a la comisión de Educación, donde PNV y PSE tienen mayoría absoluta. Lo que el PP plantea es convocar una «comisión permanente», un foro que se mantenga a lo largo de toda la legislatura donde puedan comparecer expertos «independientes» en materia de evaluación educativa. «Queremos que nos digan qué falla en el sistema educativo, para que no se conozca sólo la opinión de los expertos del Gobierno», ha señalado Larrea. «Debemos conseguir que disminuya la proporción de estudiantes que se sitúan en los niveles iniciales de rendimiento en las distintas materias», ha indicado.

Por otro lado, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha denunciado en una comparecencia las «graves y escandalosas irregularidades» cometidas por una ikastola concertada de Zarautz durante el proceso de matriculación del curso 2023/24 y la «permisividad» del Departamento de Educación ante estas prácticas. «Más que irregularidades cometidas, son irregularidades permitidas», ha afirmado Hernández, subrayando la «complicidad» del Gobierno con la escuela privada concertada «en detrimento» de la educación pública.

Las inspecciones realizadas en 2023 y 2024 revelaron que la ikastola escolarizó «ilegalmente» a varios niños previamente matriculados en otros centros, ha señalado Hernández. Según la documentación aportada por el Departamento de Educación a su grupo parlamentario, «la dirección del centro negó reiteradamente que estos traslados se hubieran producido hasta que Inspección educativa descubrió pruebas irrefutables», ha explicado.

Sin embargo, «a pesar de la gravedad de las irregularidades», el Gobierno vasco «ha optado por no rescindir el concierto educativo del centro». «Este año, con todo, ha optado por permitir que se continúe con la irregularidad a cambio de una multa irrisoria (de 140.000 euros) que apenas duplica el importe de la partida de 'otros gastos' que el centro recibió en los cursos 2023-24 y 2024-25», ha incidido Hernández. «El Gobierno vasco permite que incumplir la ley, ocultar información y escolarizar alumnado de forma irregular no solo salga gratis, sino que incluso pueda ser premiado con otro concierto educativo», ha lamentado.