Educación multa a una ikastola con 140.000 euros por incumplir la normativa de admisión del alumnado

En aquel proceso de matriculación se introdujeron importantes ajustes con el objetivo de poner coto, de manera progresiva, a la segregación escolar. Uno de ellos fue el cupo para alumnado vulnerable. Otro fue limitar la sobreoferta educativa, ya que se entiende que el exceso de plazas, en un momento de caída de la natalidad, favorece que se creen 'colegios-gueto'.

En este contexto, Educación sólo permitió a la ikastola de Zarautz contar con dos clases en el aula de dos años (las mismas que habían tenido el curso anterior para esa misma etapa), lo que provocó que ocho de las 55 familias que realizaron la inscripción se quedasen fuera. El centro educativo y la federación de ikastolas, Ikastolen Elkartea, se rebelaron, hicieron oídos sordos y matricularon a los estudiantes. Según explicaron sus responsables en rueda de prensa, lo hicieron «sin recibir dinero público».

Los estudiantes quedaron en un principio en un limbo administrativo -fueron acogidos por la ikastola pero no estaban oficialmente inscritos- y este año sus matriculaciones sí han sido acordadas con el departamento, «pero no cuentan a efectos prácticos para los ratios del concierto educativo». Es decir, que a la hora de pedir la concertación de aulas estos niños no computan en la suma total de alumnos.

Por lo tanto, el curso de tres años de esta ikastola tiene, en estos momentos, ocho alumnos más de los que permite la normativa de admisión, superando los ratios establecidos en un primer momento.

La ikastola Salbatore Mitxelena denunció este martes que el departamento de Educación «ha tenido una actitud inaceptable hacia nosotros. Las reglas se tienen que aplicar del mismo modo para todo el mundo». A la hora de aclarar el motivo de la sanción, fuentes del Ejecutivo autonómico indicaron este martes a este medio que «en cualquier caso en el que se detecta un incumplimiento de la normativa, la administración actúa y toma las medidas correspondientes».

En este caso, son 140.000 euros, una cantidad «muy alta e injusta», admitieron este martes Olatz Zubimendi, directora de la ikastola zarauztarra, y Nekane Artola, presidenta de Ikastolen Elkartea. De cara a hacer frente a este fuerte desembolso, han activado una cuenta corriente bancaria «para aportaciones económicas voluntarias de la comunidad educativa», así como otro tipo de iniciativas. Esta decisión del Gobierno vasco, criticaron, «debilita mucho el futuro de la ikastola, porque es un problema que se puede volver a dar».

Dos de los padres de los niños envueltos en esta polémica entre las ikastolas y el departamento de Educación hablaron con los medios. Confesaron que «íbamos a ser las primeras familias de la historia del centro que se iban a quedar sin sitio para sus hijos». Además, destacaron «el agradecimiento tanto a la directiva del centro como al resto de las familias, que nos apoyaron en todo momento».

El nuevo proceso de admisión a los centros educativos de Euskadi entró en vigor en el curso 23/24 «con el fin de evitar la segregación escolar». Este nuevo mecanismo de matriculación estudiantil generó una fuerte polémica y, precisamente, una de las localidades que más protestas vivió fue Zarautz, donde muchas familias se echaron a la calle para protestar «porque hay alumnos que se han quedado sin plaza en Salbatore Mitxelena».