«Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»

A la altura del punto kilométrico 322 de la autovía A-3, sentido Valencia, en el término de Chiva, cuando este trabajador de 45 años regresaba con la furgoneta de empresa hacia su domicilio en la Canyada, la riada le arrebató la vida. «Estoy en un atasco monumental», fue lo último que le dijo a su madre por teléfono a las 19.30 horas, preocupada por que no estuviera ya en casa. Cuando su padre le llamó una hora después ya no obtuvieron respuesta. «Pensábamos que seguía en el atasco y que no le había pasado nada porque se conocía muy bien todas las carreteras», explica María Cristina.

A la mañana siguiente, una compañera de trabajo le llama pidiéndole explicaciones de dónde estaba Luis, e incluso le recriminan que ha dejado la furgoneta abandonada y con el cristal roto, relata indignada la madre de esta víctima de la dana.

Su cadáver no fue encontrado hasta tres días después por unos amigos, a las 16.15 horas del 1 de noviembre, a unos 200 metros del lugar en el que fue hallado el vehículo. La denunciante sostiene que hay «cosas extrañas» en cómo se lo encontraron los amigos del grupo de whatsapp de fútbol 'El Chinringuito', completamente desnudo y con un chaleco reflectante colgado en el árbol. En la querella se hace referencia a esta situación y se señala que «se eliminó cualquier indicativo que le vinculara con la empresa».

Luis es la víctima mortal 157 de la dana, según consta en el informe de la Guardia Civil remitido al juzgado de Catarroja que instruye la macrocausa con 230 fallecidos. Pero paralelamente a la investigación que lleva a cabo la jueza de Instrucción tres de Catarroja por las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de la catástrofe, el Juzgado de Instrucción número dos de Requena ha abierto diligencias previas por un presunto delito de homicidio por imprudencia tras admitir a trámite la denuncia de los padres de este operario de conservación de carreteras contra la UTE y los responsables de la misma por «la decisión empresarial de mantener la actividad pese a la existencia de alertas extremas».

La querella se dirige tanto contra las empresas que conforman la UTE como contra cuatro personas físicas: el gerente, un responsable del comité de empresa, el jefe directo del operario fallecido en accidente in itinere y el encargado de obra, según ha podido confirmar este periódico. «Esa tarde mi hijo no tenía que estar en la calle, no son trabajadores esenciales», insiste María Cristina.

Además critican el trato recibido por los responsables de la empresa, que no les han facilitado ningún tipo de información e incluso han tratado de responsabilizar al trabajador diciendo que ese día «tomó malas decisiones», al no haberse quedado allí a dormir o entretenerse hablando con unas compañeras. «Señora, estoy de vacaciones, no me moleste», fue la respuesta que obtuvo de su jefe cuando María Cristina llamó pidiendo explicaciones.

Aunque en su contrato se recoge la disponibilidad del trabajador para desplazamientos y atención de emergencias, los denunciantes entienden que no estaba entre sus funciones haber salido esa tarde, más aún cuando ya había finalizado su jornada laboral. La denuncia considera que se trata de un siniestro «íntimamente conectado con su actividad laboral» y que el fallecimiento del trabajador fue «consecuencia directa de una conducta empresarial gravemente negligente». Según se argumenta, el gerente tuvo conocimiento de la situación meteorológica y de «la necesidad de adoptar decisiones que previnieran la exposición al riesgo de sus trabajadores».

Por ello pide que se cite como investigados a los responsables de la UTE por un delito de omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo que pongan en peligro la vida, salud o integridad física de los trabajadores, así como por un delito de homicidio imprudente.

De las 15.00 horas a la que finalizaba su jornada, a las 18.40, hora a la que fichó su salida ese 29-O. «Si mi hijo hubiera salido a su hora habría llegado a casa bien y ahora estaría vivo». Es la idea que no se le va de la cabeza. Ahora piden justicia y celeridad en las investigaciones en el juzgado de Requena para depurar responsabilidades penales de la empresa y sus encargados mientras la causa civil sigue su curso. «Desde el día que enterramos a mi hijo estamos muertos en vida».