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El colegio concertado Jesús María, ubicado en Artxanda, ha cerrado sus puertas después de 67 años al perder todo su alumnado. Manu Cecilio

ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María

Acusa a los centros, a Educación y a la fundación titular de Jesús María de vulnerar el derecho a la huelga de los docentes

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:58

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El sindicato ELA ha demandado al Departamento de Educación, a la Fundación Bidaide –titular del centro concertado Jesús María– y a otros 23 centros educativos privados o concertados por daños morales y por vulnerar el derecho a la huelga de sus afiliados y el derecho a la libertad sindical. Reclama 240.000 euros: 120.000 para el propio sindicato y otros 120.000 para los docentes de Jesús María que el pasado curso realizaron una huelga indefinida que duró tres meses.

Los hechos se remontan al último trimestre del curso 2024/25. El 18 de marzo, la plantilla de Jesús María –cuyo comité de huelga está compuesto por miembros de ELA exclusivamente– inició un paro indefinido. Lo hicieron para protestar contra la decisión de la Fundación Bidaide de fusionar el colegio con Jesuitinas, operación que finalmente fracasó. La fusión iba a conllevar el despido de un tercio de cada una de las plantillas.

Ante esta situación, los trabajadores comenzaron una huelga que tuvo mayor seguimiento en Jesús María que en Jesuitinas (donde también ELA tiene el control del comité). Desde marzo hasta final de curso se paralizaron las clases y el Gobierno vasco tuvo que reforzar los servicios mínimos para cubrir las asignaturas troncales del alumnado de 2º de Bachillerato.

En este contexto, Educación reubicó en otros colegios a las familias que habían pedido el traslado, descontentas con la forma en que se había gestionado la fusión y enfadadas con la huelga porque creían que vulneraba el derecho a la educación de sus hijos. En total fueron reubicados 194 estudiantes en diferentes colegios públicos, concertados y privados. Jesús María perdió posteriormente al resto de su alumnado y este mes de agosto se ha visto obligado a cerrar sus puertas de forma definitiva tras 67 años de trayectoria.

Ahora, ELA ha demandado a Educación, Bidaide, la fundación Jesuitinas y la veintena de centros educativos que recibieron estudiantes de Jesús María por vulnerar el derecho a huelga de sus afiliados. En la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, el sindicato afirma que «resultan intolerables, desde el punto de vista jurídico, todas aquellas conductas dirigidas a abortar, con mayor o menor intensidad, la capacidad de presión que resulta inherente a esta particular medida de conflicto colectivo». En consecuencia, considera que el traslado de alumnos supone «de facto una vulneración del derecho a la huelga» y del derecho a la libertad sindical.

«Complicidad» de los centros

«Es inadmisible», continúa el escrito, «que habiéndose convocado una huelga indefinida, las empresas aquí demandadas, junto con el Departamento de Educación del Gobierno vasco, decidan y actúen de forma que, con la sustitución externa de las personas trabajadoras huelguistas, priven o al menos disminuyan de forma efectiva el ejercicio del derecho fundamental a la huelga, vulnerando al mismo tiempo el derecho a la libertad sindical de esta parte».

Si bien ELA considera al Gobierno vasco el principal responsable, denuncia la «complicidad» de los centros que recibieron alumnado, a quienes acusa de practicar «esquirolaje externo». Por todo ello, el sindicato denuncia un «muy grave daño moral». Y reclama 120.000 euros para la propia central y otros 120.000 euros para los trabajadores en huelga. Algunos centros consultados por este periódico han recibido con «sorpresa» la demanda. «Si los padres piden un traslado y Educación los matricula, ¿qué culpa tenemos nosotros?», se cuestiona un director.

Respecto a la posible colisión entre el derecho a la huelga y el derecho a la educación –ambos declarados fundamentales en la Constitución–, ELA cita en su demanda jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que dice que ambos «gozan del mismo nivel de protección» y que corresponde a la autoridad gubernativa «acordar las medidas necesarias para asignar el funcionamiento de los servicios».

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