La filtración del ajuste fiscal agudiza la fragilidad del Gobierno de Starmer

Al iniciar su discurso, Reeves afirmó que lo ocurrido era «profundamente decepcionante» y «un error grave» cuya divulgación prematura ponía en cuestión la solemnidad del proceso presupuestario. La ministra trató de reconducir la atención hacia el contenido del documento, concebido como una estrategia para estabilizar las cuentas públicas y reforzar la credibilidad fiscal del Reino Unido en un contexto en el que los indicadores de confianza del Ejecutivo muestran un desgaste progresivo.

El presupuesto presentado por Reeves incorpora varias medidas, una de las más relevantes es la extensión del congelamiento de los umbrales del impuesto sobre la renta y de las cotizaciones sociales hasta abril de 2031, tres años más de lo previsto inicialmente. La ministra reconoció que esta decisión «afecta a la población trabajadora», aunque insistió en que es necesaria para evitar recortes en el gasto social y reducir la deuda. Este mecanismo aumentará la recaudación a medida que los salarios suban, sin modificar los tipos impositivos, un efecto conocido como arrastre fiscal. Según el análisis del propio OBR, el conjunto de medidas anunciadas implica que el Gobierno aumentará la recaudación en 26.100 millones de libras hasta el cierre del año fiscal 2029-2030.

El OBR estima que la presión fiscal alcanzará un nivel récord del 38% del PIB en 2030-31, mientras que el crecimiento económico previsto para los años posteriores a 2025 se sitúa entre el 1,4 y el 1,5% anual, una revisión a la baja respecto a las proyecciones anteriores. Para ese mismo ejercicio, el organismo calcula que el Reino Unido espera recaudar 29.800 millones de libras adicionales en impuestos. Reeves, además, amplía su margen fiscal hasta 22.000 millones de libras, frente a los 9.900 millones anteriores.

La reforma incluye nuevos recargos para viviendas de alto valor. Las propiedades que superen los dos millones de libras afrontarán un pago anual de 2.500 libras, mientras que aquellas cuyo precio exceda los cinco millones tributarán 7.500 libras al año. El presupuesto también introduce un cambio significativo en las aportaciones de pensiones. A partir de 2029 solo estarán exentas de impuestos las primeras 2.000 libras de aportación anual; el exceso se tratará como una contribución ordinaria. El OBR estima que esto podría aportar 4.700 millones de libras adicionales, aunque diversos analistas advierten de que podría alterar los patrones de ahorro entre quienes utilizan este mecanismo para optimizar su fiscalidad.

Otro ajuste relevante se produce en las cuentas de ahorro individual (ISA), que siempre y cuando no superen el límite de 20.000 libras no están sujetas a impuestos sobre los intereses, dividendos o ganancias de capital generados. A partir de 2027 el tope anual para dichas cuentas de efectivo se fijará en 12.000 libras, aunque se mantendrá el umbral total de 20.000 para inversiones. El paquete presupuestario contempla asimismo una actualización del salario mínimo. La remuneración para trabajadores de entre 18 y 20 años aumentará de 10 a 10,85 libras la hora, mientras que el sueldo mínimo legal para el resto de los empleados adultos ascenderá a 12,71 libras.

El impuesto sobre bebidas azucaradas se ampliará a productos lácteos como batidos y cafés preparados, reduciéndose el umbral de aplicación a 4,5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. En cuanto al transporte, el ajuste fiscal incluye el mantenimiento de la congelación del impuesto sobre los combustibles hasta septiembre de 2026, pero incorpora un nuevo cobro para vehículos eléctricos que se aplicará desde abril de 2028.

Uno de los anuncios de mayor impacto social es la eliminación, a partir de abril de 2026, del límite de dos hijos en las prestaciones por hijo. Según las proyecciones, la medida podría beneficiar a 450.000 menores y aliviar la situación económica de numerosas familias con bajos ingresos. Su coste se estima en 3.000 millones de libras para 2029-30.

Las reacciones políticas fueron especialmente duras. Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, describió el presupuesto como «una humillación total» y aseguró que Reeves «está subiendo los impuestos para pagar el gasto social». Añadió que la filtración convierte al Reino Unido en «un hazmerreír caótico» y afirmó que «Reeves pasará a la historia como la peor ministra de Economía». Badenoch sostuvo también que «el presupuesto está plagado de promesas incumplidas» y acusó al Ejecutivo de haber perdido el control del gasto en bienestar social y de castigar fiscalmente a la población trabajadora.

En los mercados financieros, la reacción fue más contenida. Neil Wilson, estratega de inversiones en Saxo UK, afirmó que «no ha habido ninguna sorpresa dolorosa que haya alterado a los mercados», aunque añadió que tiene dudas sobre «la credibilidad de las previsiones». Su colega Mike Owen señaló que «todos temían lo peor, de modo que la reacción fue un 'menos mal'», reflejando así cierto alivio tras días de incertidumbre sobre posibles incrementos fiscales más intensos.

En términos de deuda, las previsiones del OBR señalan una trayectoria descendente del endeudamiento anual del sector público, desde 138.300 millones de libras en 2025-26 hasta 67.200 millones en 2030-31. El Gobierno anticipa incluso un superávit a finales de la década, aunque varios economistas advierten de la sensibilidad de estas proyecciones ante variaciones en los salarios y la inflación.

En un clima político tenso, marcado por la filtración previa y por la erosión en los niveles de confianza en el Ejecutivo, la reflexión del economista jefe de EY en Reino Unido, Peter Arnold, resume el desafío: «La ministra enfrenta un delicado acto de equilibrio al transmitir estabilidad fiscal mientras avanza en la agenda de crecimiento».