Un trámite burocrático impedirá limitar los alquileres en Bizkaia hasta después del verano

Así y todo, las zonas tensionadas avanzarán en Bizkaia «cojas» y sin todas las herramientas para topar los arrendamientos. Euskadi aún no cuenta con el índice de precios de referencia, el principal mecanismo para limitar el precio de los alquileres gestionados por grandes tenedores –en Bizkaia hay 200 particulares y empresas que controlan cerca de 2.100 inmuebles– o por propietarios que llevan más de cinco años sin sacar su inmueble al mercado. La normativa nacional refuerza las exigencias sobre los nuevos contratos que se firman y es especialmente exigente precisamente con aquellos que tienen muchas propiedades.

Aun así, sí podrán aplicarse otros instrumentos de amparo al inquilino que recoge la legislación nacional. Por ejemplo, que los arrendatarios a los que se le finalice el contrato puedan solicitar una prórroga extraordinaria para mantener las mismas condiciones y términos que hasta la fecha, beneficios fiscales o que los propietarios de alquileres firmados a partir de mayo de 2023 y que tengan que renovar el contrato no puedan incrementar el precio lo que quieran.En este caso tendrán que atender al índice de referencia que actualiza el INE cada mes y que para las actualizaciónes de marzo se situó en un 2,19%.

Cuándo estará disponible el indicador que afecta a los nuevos contratos aún se desconoce. En Bizkaia la pelota está en el tejado de la Diputación. Es la Hacienda territorial la que tiene que remitir los datos tributarios para poder elaborar el índice. Lo que sí han confirmado a EL CORREO fuentes de la institución foral es que la información no estará lista «antes de junio». Una vez la tengan, la remitirán al Eustat, encargado de aplicar la fórmula que permitirá crear el cálculo. Aluden que el proceso es «complejo» y que la solicitud formal por parte del Gobierno de Pedro Sánchez se recibió «a finales de 2024». Aunque están «trabajando» y en «coordinación» con el Ejecutivo central, aún queda mucho por hacer.

El área liderada por la jeltzale Itxaso Berrojalbiz alude que el ministerio ha pedido una serie de datos para desarrollar el indicador que Bizkaia «no dispone». Por ejemplo, cuántos días tiene un propietario alquilado su inmueble. Una información que –según las mismas fuentes— mide el «nivel de presión» del mercado. Para contar con estas referencias, la próxima declaración de la renta incluirá dos nuevas casillas a rellenar. Por tanto, «hasta que no acabe la campaña», la Diputación no podrá enviar la documentación pertinente.

El principal problema de que el índice de precios de referencia no esté publicado es que las zonas tensionadas no pueden aplicarse en su totalidad. Y por tanto, la política impulsada por los socialistas se queda a medio gas en Euskadi. De ahí que el portavoz del PSE en el Parlamento, Adrián Fernández, pidiera la pasada semana en la Cámara vasca a las Haciendas forales, lideradas por el PNV, que manden la documentación «cuanto antes». En un tenso debate en el que EH Bildu acusó al PNV de estar «boicoteando» el proceso, el portavoz jeltzale, Jonatan Moreno, aseguró que si «tarda tanto» es porque «a la ley (nacional) se le olvidó que hay diferentes haciendas que no recogen la información igual».

Pese a que los socios de gobierno evitan el choque, el tira y afloja del PNV yPSEen materia de vivienda no es un secreto. En 2015 los jeltzales se negaron a sumarse a la aprobación de la normativa autonómica impulsada por los socialistas y en 2023 no solo rechazaron la Ley de Vivienda promovida por el Gobierno central, sino que la recurrieron parcialmente. Además, mientras que los socialistas volvieron a mostrar en el Parlamento su deseo de que «1,5 millones de personas puedan beneficiarse de vivir en una zona tensionada», Moreno señaló que esta herramienta «no es la solución al problema de la vivienda», añadiendo que hacen falta «medidas más efectivas», como las «ayudas al alquiler o Emantzipa».

¿Y qué pasará cuando estén publicados los índices? ¿De qué manera se vigilará que los arrendadores no suben los precios por encima de lo que marca el indicador? Pues de momento Euskadi no tiene un instrumento propio de control. La consejería está trabajando en un «mecanismo legal que permita inspeccionar el cumplimiento de las declaraciones», pero hasta que sea una realidad deberán ser los inquilinos quienes «denuncien» que están sufriendo un abuso en el pago de la renta. ¿Cómo? Haciendo una reclamación judicial por la vía civil para denunciar que se le está cobrando más de lo que marca la legislación. Lo que sí tiene el Gobierno central es una calculadora online en la que el inquilino puede conocer cuál es el precio máximo al que su propietario podrá establecer el alquiler.

Además de Barakaldo, Galdakao, Irún, Zumaia o San Sebastián, otros municipios también están elaborando la documentación necesaria –un diagnóstico sobre la sobre la situación de la vivienda y un plan de acción a tres años– para que el Gobierno vasco comience a tramitar su declaración como zona tensionada. Entre ellos, Bilbao. El Ayuntamiento presentará la documentación al Departamento de Vivienda durante el «primer semestre de este año».