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El escándalo de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) estalló en abril de 2022. Fue entonces cuando EL CORREO desveló la existencia de una investigación judicial por el supuesto desfalco millonario cometido por su anterior presidente, Fernando Izaguirre. La denuncia fue presentada por ... la nueva junta directiva de la histórica entidad vizcaína, tras realizar una auditoría, y provocó que Izaguirre tuviese que renunciar a su cargo de director de Emergencias del Gobierno vasco y a la portavocía del PNV en el Ayuntamiento de Galdakao. Izaguirre se marchó asegurando que la denuncia de los nuevos gestores sólo perseguía «ocultar su incapacidad» para reflotar el organismo y eludir las posibles responsabilidades de una eventual quiebra.
Casi tres años después, la investigación judicial ha concluido y el caso se encamina hacia un próximo juicio. El juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao considera que existen indicios sólidos para sentar en el banquillo de los acusados a Izaguirre y a su socio, el empresario catalán Juan Diego Gallardo, y ha pedido a las partes que presenten sus escritos de acusación y de defensa.
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David S. Olabarri
Según ha podido saber este diario, la Fiscalía pide para el expresidente de la DYA siete años de prisión por delitos continuados de administración desleal (4 años y medio de prisión) y falsedad en los documentos que debían reflejar la situación económica de la entidad (dos años y medio). Para Gallardo reclama 4 años de privación de libertad. Además, el Ministerio Público reclama que ambos imputados indemnicen a la DYA con más de 4,75 millones de euros. Y ha ordenado a la Policía que investigue los «medios de vida» y la «fortuna» de los acusados de cara a posibles futuros embargos en el caso de que lleguen a ser condenados.
La acusación particular, que encabeza la propia DYA, pide más años de prisión para los imputados y también reclama que se juzgue a la anterior gerente, Estíbaliz Guevara, pero esta última solicitud no ha sido estimada y está pendiente de un recurso judicial.
Izaguirre dirigió la DYA en su cargo de «coordinador general» al menos desde 2006. En 2016 asumió la presidencia de la entidad, un puesto en el que estuvo hasta que fue nombrado director vasco de Emergencias en 2021. El fiscal considera acreditado que se puso «de acuerdo» con su socio Gallardo para obtener entre 2011 y 2016 un «beneficio económico ilícito» de más de 4,75 millones de euros desviando fondos de la entidad benéfica –que se financia básicamente de las donaciones de los vizcaínos– a diversas empresas de su propiedad.
En el escrito de acusación no se tienen en cuenta otra serie de irregularidades que fueron denunciadas en una ampliación de la querella inicial que no fue admitida. Entre otras cosas, no se han investigado los gastos no justificados que supuestamente realizó con la tarjeta de crédito de la entidad, el «ruinoso» alquiler de la sede de Garellano o el millonario contrato de compra de Can Padró, un gran centro de adiestramiento de bomberos y personal de emergencias ubicado en Cataluña. Estas operaciones –sobre todo la última, en la que se invirtió unos 12 millones de euros– dejaron en una situación límite a la organización fundada en 1966 por el doctor Usparicha. La DYA, de hecho, se vio obligada a entrar en un concurso de acreedores del que consiguió salir en octubre de 2023. La entidad garantizó su supervivencia tras desprenderse de las empresas que tenía en Cataluña y, sobre todo, gracias al acuerdo alcanzado con Eulen para traspasarle una serie de locales a cambio de zanjar la deuda de 4,3 millones de euros que arrastraba por la compra de Can Padró.
Tras ser rechazada la ampliación de la querella, la investigación se ha centrado en el flujo de dinero que salió de la DYA con destino a una de sus filiales en Cataluña, Emergencias Plus SL (Emerplus). Estos movimientos fueron detectados cuando la nueva junta directiva se hizo cargo de la DYA, tras el nombramiento de Izaguirre, y encargó una auditoría que ya detectó graves irregularidades relacionadas con el trasvase de fondos hacia Emerplus.
Según el fiscal, entre el 4 de abril de 2011 y el 30 de noviembre de 2016, Izaguirre y Gallardo supuestamente transfirieron 4,75 millones de euros desde las cuentas de la DYA a Emerplus. Desde esta filial de la ONG vizcaína fueron enviando el dinero hacia Ambulancias Barcelona, una compañía que no tenía nada que ver con la DYA pero que era manejada por los investigados. Se trata, además, de una empresa que desde 2010 presentaba una «situación patrimonial negativa» y que en 2012 dejó de tener actividad. Y desde Ambulancias Barcelona –insiste el escrito de acusación– los fondos fueron a parar a otras dos empresas de Izaguirre y Gallardo. Una de ellas era Intelligence Dossier Partners, una empresa catalana de espionaje que fue denunciada en 2018 por impagos y que en 2012 ya tenía un patrimonio neto «negativo». La otra se llama Filia Advisors Group, una supuesta consultoría de gestión empresarial.
Además, en las cuentas de 2019 y 2020, el principal investigado registró los 4,75 millones transferidos a Ambulancias Barcelona como «activo no corriente por inversiones financieras a largo plazo» cuando –insiste el Ministerio Público– debió ser considerado como «incobrable» porque la empresa estaba en quiebra desde 2010. Este último punto es una de las bases sobre las que se sustenta el delito societario relacionado con la falsedad documental. Por último, también se le acusa de haber utilizado algo más de 14.000 euros para el abono de «servicios jurídicos» de índole «personal».
Todavía no hay fecha prevista para el juicio por el desfalco de fondos de la DYA. Lo que sí está programado es la vista oral por los supuestos sueldos indebidos que Fernando Izaguirre cobró en algunas empresas catalanas de la DYA, según las fuentes consultadas por este diario. La administradora concursal del caso le reclama que devuelva unos 210.000 euros que percibió en Global Formación Plus entre los ejercicios 2019 y 2021 ya que la empresa –hoy liquidada– tenía ya un gerente y no estaba prevista remuneración alguna para el cargo de administrador.
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