La investigación por un supuesto desfalco en la DYA se extiende a una decena de personas

El proceso ha sido instado por los actuales responsables de la DYA, que ahora preside Santiago Gonzalo, que presentaron una denuncia en un juzgado de instrucción y entregaron documentación sobre las presuntas anomalías económicas. El hasta ayer director de Emergencias, que apenas ha estado un año en el cargo al que accedió tras la jubilación de Pedro Anitua, fue nombrado presidente de la asociación de ayuda en carretera tras los mandatos de Juan Antonio Usparitza y José Antonio Guevara. Izagirre empezó como voluntario en 1986 y también fue coordinador general varios años. Según fuentes judiciales, sus antiguos compañeros le acusan de gastos injustificados con una tarjeta de crédito y de importantes irregularidades en la gestión económica de la entidad.

En una conversación con este periódico, Liz ha explicado que el año pasado, tras la marcha de Izagirre, realizaron una auditoría para conocer el estado de la entidad. Fue entonces -dice- cuando descubrieron una serie de «operaciones anómalas» cometidas supuestamente también a través de otra empresa. Los servicios jurídicos les aconsejaron llevar el caso a los tribunales para «delimitar responsabilidades».Por esta razón decidieron denunciar la gestión de Izagirre y otros directivos. «Lo hemos hecho muy a nuestro pesar. Lo que queremos es salvar la DYA».

La dimisión de este cargo nacionalista se trató ayer en el Consejo de Gobierno, aunque no se hizo pública. Todo apunta a que podría notificarse en el Boletín del País Vasco del lunes. Una portavoz autorizada del Departamento de Seguridad -del que depende la dirección de Emergencias- se limitó a explicar que su marcha se ha materializado «a petición de él y por motivos ajenos a su relación con el cargo de director». Su continuidad en el puesto se antojaba imposible tras la apertura de la investigación judicial, ya que choca con el Código Ético que el Gobierno vasco impone a sus altos cargos. Su adiós a la política se extiende a su cargo como portavoz del PNV en su localidad natal -fue candidato a la Alcaldía en las últimas elecciones municipales en las que Bildu se hizo con el poder por vez primera en ese Consistorio-. También ha entregado el carné de su partido.

También desde el grupo municipal del PNV en Galdakao apuntaron a «cuestiones personales» para explicar su salida, según informa Marina León. Licenciado en Derecho, Izagirre comenzó su carrera política en Galdakao en 2007 y ha asumido responsabilidades en diferentes áreas. En su primera legislatura gestionó Seguridad Ciudadana. Compatibilizó esta tarea con la dirección de Desarrollo Económico y Comercio. Durante 2011 y 2015 dirigió la cartera de Promoción Económica y tras la partida de Amaia Betolaza al Parlamento vasco, asumió la de Urbanismo y se convirtió en portavoz del equipo de gobierno en los plenos.

En las últimas elecciones municipales fue, además, el candidato de su partido a la Alcaldía. Los jeltzales consiguieron ser la lista más votada, pero se dejaron 900 apoyos respecto a los anteriores comicios por la polémica en torno a la llegada del metro a la localidad vizcaína. Izagirre acabó perdiendo el bastón de mando en el Consistorio, que pasó a manos de EH Bildu tras un pacto con otras formaciones políticas.

La denuncia de los actuales gestores de la DYA fue presentada el pasado día 4, pero no fue hasta hace unos días cuando se dio traslado de las actuaciones al Ministerio Público. Varios de los directivos que han impulsado la querella tenían cargos significativos en la dirección que presidía Izagirre. Consultados por este diario, ayer rehusaron hacer comentarios sobre la denuncia.

Lo cierto es que la investigación no ha hecho más que empezar. Y no se sabe qué consecuencias puede llegar a tener. Fuentes del entorno de Izagirre aseguraron que en el fondo de la polémica se encuentra la mala situación financiera de la organización sin ánimo de lucro fundada en 1966 en Bilbao por el doctor Juan Antonio Usparitza. Insistieron en que los actuales gestores eran conocedores de las deudas que arrastra la DYA y de la existencia de un plan para reflotar financieramente a la entidad. A su juicio, con esta maniobra lo único que persiguen es «ocultar su incapacidad» para reflotar el organismo y eludir las posibles responsabilidades de una eventual quiebra.