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La DYA tocó fondo el pasado febrero. Entró en concurso de acreedores, incapaz de afrontar la abultada deuda que arrastraba con la empresa Eulen. La ... entidad benéfica se veía ahogada por una fallida operación firmada con esta compañía en Cataluña y que ha sido denunciada ante la Justicia, en el marco de la querella que la nueva junta directiva interpuso contra el anterior presidente, Fernando Izaguirre. Tras pedir amparo al juzgado, en los últimos cinco meses un administrador concursal designado para gestionar el día a día de la ONG ha trabajado, con el apoyo de los actuales gerentes, para tratar de poner orden y buscar una salida que permita reflotar a una institución tan querida en Bizkaia como es la DYA.
Su informe provisional, al que ha tenido acceso EL CORREO, es optimista y se puede decir que aproxima a la entidad a su salvación, mostrando un camino para que abandone su estado de insolvencia. El profesional independiente encargado de analizar la situación identifica varios puntos fuertes en lo económico y cifra la masa activa (los bienes en poder de la asociación) en más de 7 millones de euros, una cantidad que sería superior a la masa pasiva o deuda reclamada. Entre los activos se encuentran 23 propiedades (14 locales, una lonja y 8 plazas de garaje) y una flota de 42 vehículos (15 ambulancias, 4 quads, 2 motos de agua, dos e-bikes, un camión tráiler, un remolque de quad, un carro oruga y una grúa eléctrica).
Con todo, el estudio también identifica amenazas. Como ya hiciera el auditor de cuentas hace unos meses, el principal problema que le hizo caer en concurso fueron los pagarés que se debían a Eulen por la compra de la base de operaciones y emergencias de Can Padró en otoño de 2009. El administrador concursal, un profesional de la consultora Price Waterhouse Coopers, estima que la cantidad pendiente de abono alcanzaba en febrero los 4,27 millones de euros. Ambas partes han llegado ya a un acuerdo para zanjar amistosamente esta disputa. El propio administrador confirma en su informe que ha participado de las conversaciones con Eulen.
4,27 millones debía la DYA al grupo Eulen. Se desconocen los términos del acuerdo alcanzado.
43.706 socios mantiene la DYA. Desde que estallara el escándalo ha perdido 2.596.
El pacto, cuyo contenido no ha trascendido, permitiría a la DYA liberarse del gran lastre que amenaza su supervivencia, mientras que a la empresa de servicios le garantizaría el cobro de una parte de la deuda contraída, neutralizando la amenaza de quita (siempre presente en un concurso de acreedores) y viéndose al margen del resultado que pudieran deparar los procesos judiciales en marcha u otros que se pudieran abrir en relación a este caso y que podrían comprometer esos derechos de cobro. Hay que recordar que la actual junta directiva de la DYA quiere anular esta y otras decisiones que adoptó su anterior presidente, porque, aseguran, lo hizo todo de forma «unilateral», causando supuestamente un daño irreparable a la entidad.
El propio administrador concursal deja constancia de ello en varios puntos de su informe. La compra de Can Padró a Eulen es «objeto de abierta discusión y controversia, respecto a su validez y eficacia (...) en la medida que se reprocha a Fernando Izaguirre su perfeccionamiento, a pesar de su relevancia, sin autorización de la Junta Directiva ni acuerdo de la Asamblea».
En el escrito provisional hay gran cantidad de datos interesantes. Uno de ellos habla del impacto que ha tenido todo este escándalo en el apoyo social a la DYA en el último año. La noticia de que se habían denunciado ante la Justicia supuestas irregularidades en el seno de la entidad benéfica y que su expresidente había dimitido del cargo de director de Emergencias del Gobierno vasco por este motivo fue adelantada por EL CORREO el 27 de abril de 2022. Entre diciembre de 2021 y el cierre de 2022, la ONG perdió 2.596 de sus 46.302 socios benefactores. Es decir, su masa social se redujo un 5%.
Pese a ello hay algo que resulta también muy llamativo: la entidad benéfica logró mejorar sus ingresos en este apartado, gracias, en gran medida, a una herencia que recibió el pasado ejercicio procedente de un ciudadano particular y que rondó los 250.000 euros. De esta forma, si en 2021 obtuvo 2,79 millones de euros en aportaciones de socios y legados, el año pasado, la cantidad en este apartado creció un 3%, alcanzando los 2,89 millones.
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Estas buenas cifras en cuanto a apoyo social también se han visto acompañadas de un mayor gasto en el capítulo destinado a la captación y mantenimiento de socios. Según el informe del administrador concursal, la DYA invirtió el año pasado 658.478 euros en esta tarea, un 6% más que en 2021.
La llegada de la nueva junta directiva y del administrador concursal ha supuesto también una serie de ahorros y de mejora en la gestión, según el citado escrito. Entre otros aspectos, el profesional destaca que, en el último año, se ha producido «una notable disminución del gasto en sueldos debido a un ajuste de salarios tanto en la dirección como en el resto de empleados, acompañada de una reestructuración de la plantilla, reduciendo puestos que no eran necesarios». El personal en nómina de la DYA pasó de 22 personas en 2021 a 19 en 2022. Además, se ha dado salido a algunos stocks, lo que ha minimizado algunas compras, suponiendo también cierto ahorro. Con todo, el espaldarazo definitivo a la salvación va a ser el pacto alcanzado con Eulen.
Al expresidente de la DYA, Fernando Izaguirre, se le abre ahora un nuevo frente judicial. A la querella interpuesta por la actual directiva por su supuesta «desleal» gestión en la entidad benéfica se le une una demanda que la administradora concursal de Global Formación Plus (filial de la DYA) ha interpuesto contra su persona en un juzgado de Cataluña, exigiendo la devolución de 210.000 euros que supuestamente habría desviado sin justificación.
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