Álava admite que no existió ningún tipo de control sobre los udalekus de Bernedo

La esperada comparecencia de Ana del Val, diputada foral de Cultura y Deportes de Álava, de la que depende el control directo de los udalekus, no aportó este jueves grandes novedades del caso, si bien la socialista admitió que la coordinación de la administración y el control de este tipo de colonias han brillado por su ausencia.

En las Juntas Generales llegó a reconocer que «no sabemos dónde hemos cometido el fallo», en referencia a las tres diputaciones y al Departamento de Juventud del Gobierno vasco.Del Val –que ha sido la primera representante institucional vasca en comparecer en un legislativo– detalló que la primera «queja» de una madre se recibió vía correo electrónico en la Diputación alavesa a mediados de septiembre, un mensaje que simultáneamente se envió al Ararteko y Emakunde («que aún no ha respondido», dejó caer).

Los técnicos del Instituto Foral de la Juventud «le recomendaron que elevara la queja al udaleku» puesto que se trataba de una actividad privada. La misma madre contactó por teléfono al día siguiente y entonces ya se le expuso que la única vía era «poner una denuncia en la Ertzaintza» si se trataba de acciones delictivas.

El mismo día que este periódico desvelaba el escándalo, la administración alavesa recibió otros «dos escritos de asociaciones feministas donde nos trasladaron hechos muy, muy graves». Esa tarde, según el relato de la responsable foral, se pusieron en contacto con las familias con las que mantuvo un encuentro el día 27 (sábado). Eran padres y madres de las tres provincias.

En una tensa comparecencia en la que PP y Vox incluso pidieron su dimisión, Del Val insistió en que «lo que ha fallado es que este campamento no ha estado inscrito nunca», pese a que lleva celebrándose décadas. «Nosotros hemos sabido de esta actividad en el momento en que una madre nos mandó un correo electrónico. Es difícil saber dónde se origina el problema; nos hemos retrotraído muchos años, a cuando gobernaba el PP. No ha habido ninguna inscripción», añadió, en respuesta a las críticas que le lanzaban los populares.

La diputada, que cuando saltó el escándalo declaró a este periódico que conocía el campamento desde hace «muchísimos años», aunque no la naturaleza de su actividad, sí ha precisado que Sarrea no ha solicitado ningún tipo de subvención en Álava en todo este tiempo. En ese contexto, «salvo que exista una denuncia previa o una comunicación formal no tenemos posibilidad de intervención directa en el desarrollo de una actividad privada», se excusó sin mucho éxito.

Respecto a la nula coordinación institucional, incidió en que hasta este caso «no hemos tenido ningún problema de comunicación con el resto de administraciones. No sabemos lo que ha podido fallar». Y en relación con los organizadores del evento, el pasado 25 de septiembre se solicitó formalmente a Sarrea toda la información sobre su udaleku. No ha recibido respuesta –ni siquiera un acuse de recibo de estos requerimientos– y ahora los servicios jurídicos forales «estudian la apertura de un expediente sancionador» de carácter administrativo.

La escasa información que la administración alavesa ha recabado del resto de instituciones se ha trasladado a la Fiscalía. La política socialista ha planteado que fue Álava la que contacto con Gipuzkoa para que le explicara los hechos que en enero en conocimiento de la Ertzaintza y que hacen referencia a supuestas «agresiones sexuales» cometidas a menores tutelados de Gipuzkoa en el campamento nada menos que entre 2021 y 2024.

También reclamó a la Diputación de Bizkaia explicaciones sobre las quejas de una familia en 2019. «Nosotros no hemos sabido nada hasta este mes de septiembre», evidenció.Ahora, tanto el Gobierno vasco como los tres ejecutivos forales se han comprometido a mejorar la coordinación interinstitucional sobre este tipo de actividades privadas de tiempo libre y a desarrollar la Ley de Juventud, que data de 2022, para reforzar el control sobre ellas. Y es que, de momento, la supervisión de las colonias se rige en base a un decreto que tiene 40 años, de 1985. «Es un proceso que estamos liderando desde Álava».

«Entendemos que, más allá de las competencias administrativas están las personas, sus familias y sus hijos, quienes han sido desde el principio nuestra prioridad», afirmó Ana del Val, que ha mostrado la disposición de la institución a proporcionarles «apoyo y ayuda».