Nuevas denuncias por el caso del campamento de Bernedo, varias por agresiones sexuales

Bingen Zupiria también desveló ayer que, además de los ya habituales presuntos delitos por exhibicionismo y coacciones que vienen recogiendo todas las denuncias presentadas contra los monitores de Sarrea, algunos de los nuevos testimonios alertan también sobre posibles agresiones sexuales. La primera demanda interpuesta en agosto ya recoge un caso de este tipo en el que estarían supuestamente implicados dos chavales que coincidieron en el udaleku.

El escándalo en torno al campamento veraniego sigue de este modo agigantándose, tanto en la faceta judicial como en la institucional, después de que EL CORREO desvelara hace dos semanas la existencia de cartas en las que varias adolescentes de entre 13 y 15 años relataban a sus familias experiencias sorprendentes. Que eran obligadas a asearse en duchas mixtas que también usaban a la vez los monitores, y que algunos adultos se paseaban desnudos por las instalaciones. Tras la publicación empezaron a llegar las denuncias. Cinco el primer día y otras once en las jornadas posteriores.

En todas las demandas se relatan situaciones similares que han generado «alteración emocional» a varios críos. Por ejemplo, que a una niña se le impidió ducharse con bikini, que otro vio a dos adultos manteniendo relaciones sexuales «en una garita al lado del frontón» de Bernedo, que durante una representación teatral dos monitoras «se envolvieron los genitales con film transparente permaneciendo unidas una contra la otra», que otras dos educadoras «se quitaron la ropa y realizaron bailes de carácter sexual delante de los críos», que otras «se desnudaban en público por el pueblo siendo vistas por los vecinos»... La asociación Sarrea ha pasado en este tiempo de mantener un absoluto mutismo y defender su campamento como forma de «normalizar todos los cuerpos» a publicar un vídeo el pasado sábado en el que sus integrantes aseguran sentirse «linchados». Defienden que solo han recibido quejas por el modelo de duchas mixtas, ninguna sobre otras cuestiones. EL CORREO lleva días intentando mantener una conversación con sus responsables o portavoces, sin éxito.

Zupiria reclamó ayer en una entrevista radiofónica que se trate «con cuidado» la cuestión por implicar a menores. Puso el foco en los organizadores del campamento al constatar que «más allá de la seguridad los padres tienen derecho a saber cómo van a ser las relaciones» en un udaleku y que «por lo menos en el caso de aquellos que han presentado denuncias no conocían, o eso dicen, cómo iba a ser la convivencia».

En paralelo a las denuncias va todo el proceso policial, judicial y administrativo, que también está quedando en entredicho. Todos los resortes han fallado. Este periódico desveló hace un par de semanas que la Ertzaintza tenía abierta una investigación desde enero tras la denuncia de dos educadoras sociales de Gipuzkoa que habían enviado a Bernedo a menores tutelados el año pasado. El expediente acabó aparcado en un juzgado de Vitoria, sin informar siquiera a la Fiscalía, hasta que el caso ha estallado.

Las denuncias sobre Bernedo también han evidenciado el nulo control que el Gobierno vasco y las diputaciones tenían sobre los campamentos de titularidad privada. Basta con una autorización municipal para desarrollar un udaleku sin mayor supervisión. Tras quejarse de que la normativa no es clara las administraciones intentan ahora revertir la situación con la convocatoria de un foro que «analizará posibles fallos».

Fallos ha habido para dar y tomar. Pese a los indicios que tenía desde enero a la Ertzaintza no le dio por prohibir el udaleku este verano, y la Diputación de Álava ha reconocido que Sarrea ha estado funcionando en Bernedo sin autorización alguna durante décadas. La responsable de Cultura y Deporte comparece hoy en las Juntas. En lo que respecta a Bizkaia, el Gobierno foral ha asegurado que remitió al vasco en 2019 una queja que recibió a través de sus canales telemáticos. En Lakua niegan haber recibido ese escrito y han tardado varios días en explicar por qué tienen sin desarrollar la Ley de Juventud aprobada en 2022 que, entre otras cosas, permitía elevar los controles. La consejera del ramo, Nerea Melgosa, dijo el lunes que tres años son poco tiempo para eso ante una norma con «muchos capítulos».