El Ministerio reconoce las dificultades de las comunidades para facturar la atención a los desplazados
El consejero vasco de Salud ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de revisar este sistema de compensación entre autonomías
El Ministerio de Sanidad reconoce que las comunidades tienen dificultades a la hora de poder facturar correctamente la atención sanitaria prestada a pacientes desplazados residentes en otras autonomías. Así lo ha indicado esta misma semana Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, durante la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Allí manifestó que el desarrollo normativo que dote de regulación al Fondo de Cohesión Sanitaria y al Fondo de Garantía Asistencial es una «necesidad» que le han trasladado «todas las comunidades» al Ministerio.
Padilla indicó que la falta de este desarrollo provoca que «las comunidades ven que no tienen capacidad» para que «sean contabilizadas dentro de este modelo de reembolso autonómico» las asistencias a personas desplazadas. Esto implica que hay regiones que atienden a pacientes de otras autonomías pero que no pueden facturar esa prestación a las comunidades de origen de esos ciudadanos.
La falta de criterios claros a seguir por las regiones a la hora de establecer qué prestaciones sanitarias se deben incorporar a la facturación de estos fondos y las enormes diferencias territoriales en los saldos a liquidar son cuestiones que han sido denunciadas por el consejero vasco de Salud. Alberto Martínez considera «desproporcionado» que Euskadi tuviese que abonar 169 de los 317 millones a los que ascendió la liquidación de estos fondos para el periodo 2012-2022, más que el resto de comunidades juntas para un territorio en el que vive menos del 5% de la población española.
Por este motivo el consejero insiste de forma pública al Ministerio desde hace semanas para que revise los criterios que emplean las comunidades a la hora de facturar la asistencia a los desplazados. Padilla avanzó en la Congreso que el Ministerio trasladará a los grupos parlamentarios esta cuestión para «avanzar» en el desarrollo normativo de los fondos.
