Archivan la causa por la supuesta filtración en la OPE de Osakidetza
La jueza exonera a las 19 personas que permanecían imputadas por un presunto fraude en las oposiciones de la primavera de 2018
El juzgado de instrucción Número 2 de Vitoria ha archivado la causa que investigaba las presuntas filtraciones en la OPE de Osakidetza celebrada durante la ... primavera de 2018. Con un auto que se conoció este jueves, la magistrada Blanca Esther Díaz Pulido puso fin a cerca de seis años de indagaciones para tratar de esclarecer si en aquella oposición se trató de beneficiar a unos opositores concretos, facilitándoles los exámenes o parte de las preguntas que iban a incluir los ejercicios. Durante este proceso fueron imputadas 19 personas, entre miembros de tribunales médicos y opositores. Finalmente ninguno de ellos tendrá que sentarse de nuevo ante el juez al cerrarse el caso sin que se vaya a celebrar juicio alguno.
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La magistrada sostiene que no «ha quedado ni lo más mínimo e indiciariamente justificado que quienes resultaron investigados llevaran a cabo una filtración de las preguntas o una infidelidad en la custodia de los exámenes».
El auto, de 164 páginas, repasa de manera pormenorizada toda las indagaciones realizadas durante estos años.Recoge las denuncias iniciales registradas por sindicatos ELA, ESK, LAB y CC OO y algunos particulares, así como el escrito presentado por la Fiscalía en 2019 en el que apreciaba que los hechos trasladados por los denunciantes «podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos previsto en el artículo del 417 del Código Penal».
Aquellas demandas señalaban a integrantes de tribunales médicos de aquella OPE y a opositores concretos. Acusaba a unos de haber filtrado los exámenes y a otros de haberse beneficiado de aquel gesto. Se da el caso de que en varios casos los aspirantes que sacaron notas más altas formaban parte de los equipos hospitalarios de los autores de los exámenes. Incluso tres anestesistas registraron ante notario, días antes del examen de su categoría, los nombres de las personas que iban a lograr las plazas en su especialidad. La investigación afectó a un total de especialidades médicas: anestesia, angiología y cirugía vascular, cardiología, plástica, digestivo, medicina intensiva, urología, traumatología, urgencias, microbiología y cirugía vascular.
Sin embargo, tras analizar los hechos, la jueza no aprecia en ninguna de las OPE investigadas, «indicios sólidos para sustentar la atribución de la comisión de un ilícito penal». Es más, detalla que el que algunos examinados lograran unas notas muy altas, que sus nombres aparecieran en un acta notarial previa a los exámenes diciendo que iban a lograr plaza o que trabajasen en los mismos centros en los que los autores de los exámenes no prueba que estas personas hayan cometido un delito. No son, según recoge el auto, datos objetivos de la existencia de un hecho ilícito. La magistrada explica en su fallo que «el objeto de este procedimiento es hallar indicios racionales de criminalidad», algo que no ha sucedido, «no satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos, o meramente para despejar sospechas sin base objetiva de quienes sostienen la acusación popular».
Díaz Pulido es muy dura con «el grupo minoritario de facultativos que trasladaba a los sindicatos sus temores sobre la 'limpieza de la oposición'». Sostiene que «probablemente fueran los que, sabedores de que por las fases de concurso y oposición, y su, posiblemente, escasa o nula dedicación al estudio, no estarían en condiciones de llegar a obtener plaza en la convocatoria objeto de investigación, lo que les llevó así a esparcir rumores, quizá por temas de competencia o celos profesionales».
Varios ya jubilados
El caso de presunto fraude en las OPE de Osakidetza provocó un terremoto político durante la segunda mitad de 2018 y la primera parte de 2019 que se llevó por delante a gran parte de la cúpula de los entonces dirigentes del Departamento de Salud. Dimitieron, entre otros, el entonces consejero Jon Darpón como la que era su directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica. Posteriormente ambos fueron exonerados de los delitos de los que les acusaba LAB.
De los tres anestesistas que acudieron al notario, dos ya no trabajan en Osakidetza. Aseguraron que sufrieron diferentes presiones tras realizar de aquella denuncia, con turnos y destinos de trabajo penosos, que les llevaron a buscar acomodo en la sanidad privada y en otra comunidad. Tampoco lo hacen parte de los miembros de tribunales médicos que fueron imputados y que durante los cerca de seis años que se ha prolongado la investigación se han jubilado.
El auto, conocido ayer, no es firme. Las partes implicadas pueden recurrirlo. En el caso de la especialidad de plástica el sobreseimiento es provisional, en lugar de libre. Si apareciesen nuevas pruebas podría abrirse de nuevo el proceso. Las dos personas que fueron investigadas en esta categoría guardan una relación de parentesco familiar.
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