La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia

Han pasado dos cursos y el grupo de escolares con el que se inauguró el instrumento, los nacidos en 2021, tiene ahora 4 años. Educación, a través del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI), ha actualizado los datos. Y, según se desprende de las cifras oficiales, la proporción de alumnado vulnerable se ha disparado en toda Bizkaia en este grupo de edad.

Los mayores incrementos se dan en Cruces (duplica su porcentaje), Arizgoiti (Basauri), Santurtzi y Portugalete. Entre las primera posiciones de este ranking se cuela también Loiu-Sondika, que partía de un dato muy bajo. En el otro extremo, las zonas más estables son Andra Mari (Getxo), Durango, Leioa y Algorta. Aquí la variación no supera los tres puntos porcentuales.

Educación considera «vulnerable» a los alumnos que cumplen alguna de estas características: tienen necesidades educativas especiales, retraso madurativo, trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastornos de atención o de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeducativa, se han incorporado tarde al sistema educativo o cuentan con condiciones personales o de historia escolar delicadas.

A edades tan tempranas –hablamos de niños de 2 a 4 años– es complicado detectar necesidades educativas especiales o trastornos de desarrollo. La vulnerabilidad, por tanto, se limita casi en todos los casos a las condiciones socioeconómicas de la familia o al desconocimiento grave de la lengua de enseñanza.

Y esto entronca con uno de los grandes desafíos de la educación vasca: la acogida de alumnado foráneo. Porque más del 95% de los escolares autóctonos se matriculan en el sistema educativo con 2 años. Eso significa que la mayoría de los nuevos estudiantes durante los siguientes cursos son gente venida de fuera de Euskadi. Y, según los datos del departamento, tres de cada cuatro son extranjeros. La mayoría, vulnerables, por el tipo de inmigración que atrae Euskadi –de baja cualificación– y, desde luego, desconocedores de la principal lengua de aprendizaje, el euskera. Las familias que llegan de otro país por trabajos de alta cualificación, las menos, apuestan por la educación privada internacional, ya sea en inglés, francés o alemán.

Esto supone un problema porque Educación calcula que, en el aula de dos años, un 15% del alumnado es vulnerable. Sin embargo, en dos cursos, esa proporción ha aumentado de forma significativa. En zonas como Amézola-Irala-Rekalde ahora es casi del 40% y todo apunta a que seguirá aumentando en el futuro. Lo que, por un lado, obliga a los colegios a reservar aún más plazas para este colectivo durante la prematrícula –aunque el Gobierno suavizó la normativa y, en el caso de que no las llenen antes de que empiece el curso, es suficiente con que bloqueen sólo dos plazas–; y, por otro, hace que los docentes enfrenten situaciones cada vez más complejas.

La forma que tiene Educación de saber si un alumno es o no vulnerable es con un cuestionario que luego no se coteja. Cuando las familias matriculan a su hijo por primera vez o cuando quieren cambiarlo de colegio rellenan un cuestionario en el que, entre otros asuntos, se les pregunta por el número de libros en casa, el acceso a plataformas de 'streaming', los ordenadores y dispositivos electrónicos en el hogar, cuántos baños tienen... Es una herramienta que se utiliza en pruebas como PISA.

Esta forma de determinar la vulnerabilidad ha generado varias polémicas desde que comenzó a aplicarse. Distintos agentes educativos –sindicatos, patronales, ampas...– han denunciado que es «opaca» y fácil de manipular. Piden emplear otros datos más objetivos, como la renta familiar, igual que se hace al conceder las becas.

En lugares como Cataluña, pionera en la lucha contra la segregación, se utilizan otros indicadores. Según explica María Segurola, de la Fundació Bofill, la Generalitat toma como referencia las familias atendidas por los servicios sociales; las becas; los alumnos diagnosticados con necesidades especiales y los recién llegados en el último año.

Es un trabajo que se realiza en estrecha colaboración no sólo con servicios sociales, sino con los ayuntamientos y las oficinas municipales de escolarización. Segurola señala que no se cotejan los datos de renta porque «es complicado», sobre todo en el caso de familias extranjeras. En cualquier caso, Segurola afirma que las medidas contra la segregación «están funcionando», aunque aún hay mucho por avanzar.

Una de las grandes diferencias con Cataluña es que allí la Administración financia la acogida de vulnerables. Mediante un programa llamado 'mochilas escolares', paga 988 euros a los centros concertados y 364 a los públicos por cada estudiante desfavorecido, con el objetivo de que la escolarización sea completamente gratuita para las familias.

Otra gran diferencia es que en Cataluña primero se alcanzó un pacto social que implicó a partidos, asociaciones, agentes educativos, sindicatos... Y luego se desarrolló la normativa. En Euskadi se ha hecho a la inversa. De hecho, fuentes oficiales de Educación emplazan a abordar el fenómeno en una eventual mesa que dé a luz un pacto social. Se trata de una iniciativa que lleva años en la agenda del Gobierno pero que aún no ha cristalizado.