En la diana de los inhumanos

Los cuatro han participado esta semana en el congreso ‘Proteger a quien defiende’, organizado por la Comisión de Ayuda al Refugiado, CEAR-Euskadi, en Bilbao. Tres de ellos permanecen acogidos durante seis meses en un programa del Gobierno vasco gestionado por esta ONG para dar protección a defensores de los Derechos Humanos. Iniciativas así se repiten en Asturias y Cataluña, además de las posibilidades que ofrece el Ejecutivo central. Decenas de activistas de todo el mundo se van rotando en nuestro país para relajar por un tiempo el nivel de tensión que viven en sus pueblos, visibilizar sus causas y tejer redes sociales que les sirvan para prevenir el peligro.

La activista hondureña Berta Cáceres también contaba historias de miedo hasta que hace un año la hicieron callar pegándole tres tiros en el abdomen por oponerse a una hidroeléctrica. En una de sus últimas entrevistas, concedida al diario italiano ‘Il manifesto’, ya avisaba: «Estamos en el punto de mira del sicariado judicial y del sicariado armado. Nuestra vida pende de un hilo». Su muerte volvió a poner sobre el tapete el drama que viven estas personas. Y, cuidado, porque Lolita, Alberto, Richar y Laila están diciendo lo mismo.

«Quiero seguir viva, a veces no creen las torturas que hemos pasado», clama Lolita, que tanto recuerda a Berta. «Llevo varios intentos de asesinato y violación. He sufrido persecución y difamación...». A una de sus compañeras la asesinaron en 2012. Ella está acusada en la actualidad de asociación ilícita, coacción y amenazas, entre otros delitos. «Por oponernos al modelo de desarrollo que imponen las empresas transnacionales y pelear por nuestro modelo de vida ligado a la madre Tierra», explicó la guatemalteca, que exige una solución a sus problemas «en el origen», aludiendo a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, constructor de varias hidroeléctricas en Guatemala frente a las quejas de las comunidades indígenas.

Entre el crimen del activista ambiental brasileño Chico Mendes, en 1988, y el de Berta Cáceres hay tres décadas y miles de caídos por defender los Derechos Humanos. En 2016, al menos 281 personas perdieron su vida en 25 países y cerca de un millar fueron torturadas, acosadas, detenidas, amenazadas... según Frontline Defenders, asociación que contabiliza este drama. En 2015, la cifra de crímenes fue de 156, y el año anterior, 130. El problema, lejos de desaparecer, aumenta sin parar.

«Estamos en duelo por haberlos perdido -declaran en Frontline Defenders- y celebramos su vida y sus logros. La escala de asesinatos en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas es una sentencia sangrienta para los gobiernos concernidos y demanda una respuesta urgente y sistemática». Según Itziar Caballero (CEAR), los activistas que por su tarea están en mayor peligro son «mujeres de organizaciones feministas, personas que defienden los derechos del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTBI), y aquellos que reivindican el derecho a la tierra, al territorio, y luchan por las poblaciones indígenas». Afrontan riesgos de todo tipo; hasta la muerte, y sin que sean menos importantes «difamación, deslegitimación y criminalización de su trabajo para ponerlos en la diana, juicios con testigos y pruebas falsas...», repasa Caballero.

A veces, los activistas se encuentran con que los sicarios que les amenazaban antes han sido contratados por el Gobierno de sus países para ‘defenderles’. «No nos fiamos de nadie», explica Richar Nelson Sierra, siempre tocado con su sombrero ‘vueltiau’ para visibilizar su comunidad, el pueblo zenú. Por eso, en el congreso interpeló así a Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de estos activistas: «¿Cómo puede incidir la ONU frente al Gobierno colombiano, que se niega a reconocer que nos persigue? ¿Cómo garantizar que no terminemos exterminados?». Forst le dio la razón sobre la compleja situación de su país, aunque la respuesta no acabara de satisfacer a Richar. Les queda hacer ‘ruido’ en la comunidad internacional y organizarse ellos mismos para su defensa; entre otros mecanismos, la Guardia Indígena a la que pertenece, y la movilización del pueblo.

«Están asesinando a los líderes sociales y a los defensores. En solo un año nos han matado a 40 compañeros del movimiento indígena y a otros 36 campesinos. El Gobierno nos ha catalogado como enemigos del desarrollo y eso nos ha puesto en el punto de mira de grupos paramilitares y criminales», acusa Sierra. Saben que se enfrentan a la impunidad; Xicoténcatl recuerda que desde 2009 h an puesto 40 denuncias sin respuesta. El caso más grave fue cuando hombres armados les amenazaron con matar a los migrantes acogidos por ellos. «Otra vez incluso dijeron que iban a quemar la iglesia del sacerdote que fundó la ONG con todos dentro».

Admiten tener miedo, pero han aprendido a manejarlo. «Incluso es bueno para nuestra protección, nos mantiene alerta, aprendes a ser más fuerte», aclara Xicoténcatl. Pese a ello, cinco de sus compañeros abandonaron la Casa del Migrante por no poder aguantar este clima. «Es comprensible», admite. «Cuando te han pegado, torturado, encarcelado..., sólo queda el miedo a la muerte», asevera Laila Leili. Las mujeres asumen un riesgo mayor solo por serlo: «En mi país, la mujer goza de respeto total. Sin embargo, nos enfrentamos a las fuerzas de ocupación, que nos vejan, nos humillan..., para ellos somos inferiores a los hombres». Aun así, cuando acabe el programa de acogida, en diciembre, volverá con gusto con su familia, su lucha y las amenazas.

Dice el activista mexicano que la Policía le ha puesto uno de esos botones rojos con los que aquí nuestros mayores avisan si tienen algún problema. «Aparecen los agentes y los que me vigilan se van. Pero siempre vuelven». A Richar Nelson Sierra también se lo quieren dar. «Pero allá arriba, en las montañas, no creo que me funcione», suelta el colombiano, sorprendentemente, entre risas.