El desahucio de las monjas de Belorado vuelve a aplazarse en espera de que se resuelvan los recursos

«Condeno a la parte demandada a que desaloje, deje libre y expedita y a disposición de la parte actora la referida finca, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hiciere voluntariamente», estableció la juez en su sentencia del 31 de julio, con la base de que el inmueble pertenece a «la legítima comunidad monástica», constituida por «las monjas mayores que no secundaron el cisma». Los abogados que representan a las exclarisas contaban con un plazo de veinte días hábiles para recurrir la decisión y ejercieron ese derecho, lo que llevó en primer lugar a un aplazamiento del desalojo hasta el 3 de octubre y, ahora, a dejar sin efecto ese segundo señalamiento en espera de que se resuelvan sus alegaciones.

El responsable de comunicación de las monjas, el periodista Francisco Canals, ya manifestó en la anterior ocasión que cada nuevo plazo supone «un respiro para las hermanas», que se consideran «perseguidas» a raíz de su decisión de romper con Roma. De hecho, han denunciado que se ven sometidas a una «campaña de presión» que incluiría los supuestos intentos de envenenar a los animales de su criadero de perros en Asturias. «Consideran la situación profundamente injusta. Denuncian que se intenta atacar sus actividades, boicotear sus proyectos y frenar su proyección emprendedora», ha dicho Canals.

Las exclarisas tienen pendientes otros tres procedimientos en el juzgado de Briviesca y dos más en Bilbao, referentes al desahucio del convento de Derio y el impago del monasterio de Orduña, así como una demanda contra los ministerios de Presidencia e Interior que se decide en Madrid. En mayo ampliaron su equipo de abogados: a los ya habituales Florentino Aláez y Enrique García de Viedma, hermano de la abadesa, se sumó un conocido despacho catalán.