Euskadi no abrirá más basureros y pondrá nuevos impuestos por vertidos e incineración
Aprobado el plan vasco de gestión de residuos que se propone que sólo lleguen a los vertederos el 15% de los desechos antes de 2030
«No puede ser más barato verter que reciclar». Varias veces ha repetido hoy esta frase Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico Sostenibilidad y Medio ... Ambiente, durante la exposición en el Parlamento vasco del plan de gestión de residuos 2022-2030. El documento es la hoja de ruta que deben seguir tanto las administraciones públicas como la empresa privada para que en tan solo ocho años llegue a los basureros solo el 15% de todos los residuos que se generan en Euskadi. Ahora acaban allí un 37% de los desechos urbanos y la respuesta en ningún caso va a ser la apertura de nuevos vertederos. La clave es reutilizar, es decir, convertir en energía o en materiales secundarios el 85% de las basuras, para lo que hacen falta numerosas inversiones que van más allá de los 97 millones que va a consignar el Gobierno vasco en objetivos prioritarios como los de levantar diez nuevas plantas de valorización de plásticos, residuos de fundición y acerías, de papel y de las tierras procedentes de suelos contaminados.
Este plan, que sigue los dictados de European Green Deal ( Pacto Verde Europeo), persigue una autosuficiencia de vertido que hoy no existe, reconoce Tapia. De aquí a 2030, Euskadi necesita «6,5 millones de metros cúbicos de vertido» y no hay sitio. No se van a autorizar nuevos vertederos y sólo se contempla la ampliación de dos «cercanos a Gipuzkoa», anuncia la consejera sin dar más pistas. El plan es reducir sobre todos los residuos industriales que son uno de los mayores problemas de la comunidad autónoma. El establecimiento de nuevos impuestos de vertido e incineración pretende ser una medida persuasiva que obligue a los productores a tomar medidas para generar menos y reutilizar más.
El desastre del vertedero de Zaldibar que se cobró la vida de dos trabajadores hace dos años al colapsar por una mala gestión también ha dejado huella en algunos puntos de este documento contra el que se han presentado 432 alegaciones, muchas de ellas procedentes del mundo empresarial. Así, se habla de nuevos mecanismos de control, de poner cupos o limitar la entrada máxima de residuos y «de seguimientos periódicos» de manera que haya «alertas tempranas» ante «una posible falta de capacidad» en los vertederos.
Los ayuntamientos, por su parte, tienen que enfrentarse al reto de aumentar el reciclaje de los biorresiduos o materia orgánica y envases. Gipuzkoa gracias al éxito de la recogida puerta a puerta instalada en algunos municipios va en cabeza y logra cota del 46% y el 58% respectivamente. Álava recicla sólo el 14% de la orgánica y el 31% de los plásticos y Bizkaia, el 8% y el 27%. Además se reconoce la necesidad de convertir en compost la materia orgánica, algo que ahora es solo residual.
La conversión de residuos en materiales secundarios que puedan reutilizarse en la obra pública contratada por la administración, un plan para mejorar la retirada y destrucción del amianto, el control del lindano en los basureros o la explotación del biogás son también cuestiones incluidas en un plan que cuenta con el visto bueno de todos los grupos de la oposición aunque con matices. EH Bildu y Elkarrekin Podemos son los más críticos. Mikel Otero, de EH Bildu, pidió a Tapia mecanismos para que el plan se cumpla ya que más de la mitad de los objetivos del anterior se quedaron sobre le papel. De ahí, que insistiera en intentar que sus retos sean ahora «vinculantes».
EH Bildu hasta ahora muy crítico con el PNV y su política de gestión de residuos sorprendió al tenderle la mano y pactar con el equipo de gobierno hasta 15 enmiendas. Así ha arrancado al PNV el compromiso de que Euskadi gestione directamente los nuevos impuestos de vertido y reciclaje (es competencia estatal) a fin de luego reinvertir ese dinero en proyectos de economía circular. David Soto, de Elkarrekin, pidió más mediciones de emisiones y control sobre los efectos mediambientales de la pirólisis. Ambas formaciones reclaman un plan territorial sectorial de plantas de transformación de residuos y han acordado que se impulsen instalaciones para tratamiento de residuos «críticos» como las baterías de litio y otros relacionados con las nuevas tecnologías.
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