UGT y CC OO rechazan los planes de PNV y Bildu para blindar el euskera en las OPE

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Representantes de ambas organizaciones han inaugurado este viernes en el Legislativo de Vitoria la ronda de comparecencias de expertos en torno a las dos proposiciones de ley que se encuentran en tramitación. La del PNV propone suprimir el citado índice, de manera que sea cada entidad y no una referencia estadística la que establezca el nivel de exigencia de euskera en su plantilla. La de EH Bildu va más allá y plantea dar la vuelta por completo al sistema: el requisito de conocer la lengua vasca sería general, para todas las plazas, y a partir de ahí se podrían establecer excepciones de manera justificada.

En UGT-Euskadi se oponen a un «proceso de normalización exprés a costa de los derechos de miles de trabajadores». Según Tximi López, vicepresidente de la gestora que pilota provisionalmente la central hasta que haya un nuevo congreso, «ampliar derechos (lingüísticos) no puede acarrear la pérdida de otros» en materia laboral y «defenderlos no supone atacar al euskera». En la mísma línea se ha pronunciado su compañero Raúl Arza, ex secretario general y ahora responsable de la federación de servicios públicos: «No es cuestión de jerarquizar derechos, ninguno de los dos tiene que anular al otro».

Arza ha criticado las reformas presentadas por PNV y EH Bildu porque, en su opinión, buscan «cambiar normas claras por una clara indefinición arbitraria», lo que podría causar «más incertidumbre e inseguridad jurídica». Suprimir el índice legal, como plantean los jeltzales, iría «en contra de miles y miles de trabajadores» y dejaría las decisiones «al albur» de lo que considere cada administración. El dirigente sindical ha censurado, además, que la intención de los proponentes sea «limitar la actuación de los jueces» para tratar de impedir que haya nuevas resoluciones contrarias a sus intereses.

En CC OO tampoco ven «una ofensiva judicial en buena parte de las sentencias», sino casos de trabajadores «que están defendiendo sus puestos». Iñigo Garduño, secretario de Acción Sociopolítica, ha incidido en que la Administración «ha de posibilitar la atención en idéntica eficacia y prontitud en ambos idiomas cooficiales», pero ha cuestionado niveles de exigencia muy superiores a la demanda real de la ciudadanía, por ejemplo en Osakidetza. Su compañero Alfonso Ríos, responsable de Política Lingüística, ha añadido que ese derecho a ser atendido en las dos lenguas «debe ser compaginado con el del acceder a un empleo público».

Ríos ha abundado en la necesidad de que la normalización lingüística se base en la «proporcionalidad», algo que «necesita reglas claras y armonizadas». «Si queremos evitar la judicialización y focos de litigiosidad, esa proporcionalidad debe ser consensuada», ha dicho. El dirigente sindical se ha opuesto a ambas propuestas porque «resquebrajan un consenso histórico» en torno al euskera y ha asegurado que «respetar el índice de obligado cumplimiento ya da seguridad jurídica en este momento», por lo que no haría falta cambiarlo.