El 80% de los ayuntamientos vascos exige más euskera que el fijado por el índice legal

Los datos, aportados por todas las instituciones vascas para responder a una solicitud de información de Sumar, cobran especial relevancia ahora que el Parlamento va a debatir dos reformas legales dirigidas a contrarrestar las sentencias que vienen cuestionando los requisitos. La de EH Bildu, sin visos de salir adelante, plantea dar la vuelta al actual sistema de perfiles y que la exigencia del euskera sea generalizada; y la del PNV, la única con opciones de aprobarse, propone eliminar precisamente ese índice de obligado cumplimiento y que sea cada administración la que establezca el número.

Fue el propio PNV el que creó en 1997 el indicador que ahora quiere suprimir. Lo hizo en el primer decreto de normalización del euskera en las administraciones. Su aplicación quedó ratificada en 2024, cuando los jeltzales pactaron actualizar otros contenidos de la norma con el PSE-EE. Según su definición, es «el porcentaje que, para cada administración y en cada periodo de planificación, debe suponer, respecto del total de dotaciones de puestos de trabajo, el número de aquellas que tengan asignado un perfil lingüístico preceptivo». Se trata de una fórmula matemática –número de euskaldunes + (cuasi euskaldunes/2)– cuyos datos provienen de encuestas sociolingüísticas que se hacen cada cinco años; la última, en 2021.

El resultado de la ecuación determina proporciones distintas para cada localidad: en un pueblo muy euskaldun como Ajangiz, se fija que el 94,34% de las plazas deben estar perfiladas, ya sea con fecha de preceptividad vencida o por vencer; y en uno más castellanoparlante como Zambrana, se establece en el 27,15%. Las diferencias también se notan por territorios: en Bizkaia es del 47,78%, en Álava del 41,35% y en Gipuzkoa del 66,22%. A nivel autonómico, la tasa por la que se deben guiar el Gobierno vasco y sus entidades dependientes es del 52,85%. Todo esto es la teoría, pero en la práctica 202 de los 252 ayuntamientos vascos superan o incluso duplican lo marcado por el índice.

Algunos de los casos más llamativos –omitiendo pueblos pequeños en los que el reducido número de plazas puede descontextualizar la comparación– son los siguientes: en Orduña, el índice establece que deben estar perfilados el 43,13% de los puestos, pero la realidad es que lo están el 100%; también se exige euskera en todas las plazas en Etxebarri, cuando el indicador de referencia se sitúa en el 49,85%; y en Llodio debería ser del 45,17% pero la cifra asciende al doble, el 91,9%. Al contrario, una cincuentena de consistorios no alcanza lo requerido por la norma. Es más, seis de ellos, todos ubicados en Bizkaia o Álava, han informado de que no tienen una sola plaza perfilada en su plantilla.

El mapa que ilustra esta información sirve para observar que el territorio más euskaldun, Gipuzkoa, es donde más localidades superan el índice y Álava, el más castellanoparlante, donde menos. A grandes rasgos, las excepciones se ubican en la Margen Izquierda vizcaína, algunos pueblos de Uribe y Busturialdea, los Valles Alaveses, la Rioja Alavesa y Vitoria. La capital, en todo caso, está en una situación de cumplimiento técnico: su índice es del 40,35% y tiene perfiladas el 40,1% de las plazas. Por su parte, Bilbao y especialmente San Sebastián lo superan con creces.

Si se relacionan los datos con el partido gobernante en cada municipio, se concluye que EH Bildu y las agrupaciones independientes son las que superan la tasa en más pueblos: en el 89% y 83%, respectivamente. El PNV se sitúa por debajo, con el 70%, y muestra una proporción menor que el PSE-EE, su socio de gobierno, que mantiene un discurso contrario a los excesos en las exigencias lingüísticas y es reacio a cualquier reforma. Nueve de las doce localidades en manos socialistas, el 75%, se sitúan por encima del indicador; algunas como Lasarte-Oria, con importantes desviaciones. Las únicas dos plazas controladas por el PP (Labastida y Baños de Ebro) se quedan muy por debajo del grado de cumplimiento.

A nivel foral, la Diputación de Bizkaia es la más desviada (su índice es del 47,78% y tiene perfiladas el 81% de las plazas) y también supera el indicador la de Gipuzkoa, que la pasada semana anunció que pospone la exigencia en algunos puestos para cumplir con las sentencias. La de Álava, por su parte, se queda ligeramente por debajo. En el Gobierno vasco, todos los departamentos superan la referencia del 52,85%. Entre las entidades dependientes, sólo la Administración de Justicia (32,9%) y la Autoridad Vasca de Protección de Datos (50%) están por debajo. Tanto Osakidetza (58,8%) como la Ertzaintza (53,6%) se quedan algo por encima.