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La costumbre del Gobierno de Pedro Sánchez de apiñar los compromisos con sus socios en decretos ómnibus -cajones de sastre en los que caben iniciativas dispares pendientes de aprobación- amenaza con dar un serio disgusto al PNV. Eso, y la decisión de Carles Puigdemont de ... dejar en suspenso las negociaciones con el Ejecutivo hasta nuevo aviso. El enésimo órdago de Junts no solo amenaza la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sino también la del decreto que, junto al que pretende implantar un nuevo gravamen temporal para las energéticas y el que dará luz verde a la reforma de las pensiones, que cuenta con el apoyo del PP, se votará este próximo miércoles en el Congreso. Entre las medidas incluidas en ese tercer paquete, y ahí llegan las noticias inquietantes para los jeltzales, está la que concede a Sabin Etxea la propiedad del edificio situado en el número 11 de la Avenida Marceau de París que alberga en la actualidad la sede del Instituto Cervantes.
La entrega del palacete, polémica tras criticar el PP que Sánchez conceda a sus socios peneuvistas un inmueble ubicado en pleno centro de la capital francesa, a unos quince minutos a pie de la torre Eiffel, y valorado en 15 millones de euros, peligra si Junts opta por votar en contra de una norma que incluye además la extensión durante seis meses más, hasta junio de 2025, de las bonificaciones al transporte público, la subida de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital. Por el momento, el aviso de Puigdemont augura otro pleno de infarto, con negociaciones agónicas hasta el último minuto y posibles derrotas dolorosas para el Ejecutivo.
El rechazo del Congreso al decreto ómnibus sería un jarro de agua fría en toda regla para el PNV por varias razones. La más evidente, el aplazamiento, como mínimo, de una reivindicación «histórica» del partido, que se ha felicitado con auténtico alborozo por una decisión que consideran no sólo «legítima» sino «de justicia» y que los jeltzales atribuyen al cumplimiento de la ley de Memoria Democrática. «¿Pelotazo urbanístico? ¡Simple y llanamente justicia!», han defendido esta semana desde el grupo parlamentario del PNV en Madrid. Los jeltzales, comandados por Aitor Esteban, han recordado además que la «restitución» del inmueble fue un «compromiso» de Mariano Rajoy cuando el PNV negociaba su apoyo al Gobierno del PP, «asumido» después por Pedro Sánchez y «cumplido» ahora «con plenas garantías legales».
El propio portavoz del PNV en Madrid ha insistido en que el inmueble, «comprado con fondos del PNV» antes de que existiera el Gobierno vasco, fue incautado por la Gestapo, que a su vez se lo entregó al régimen de Franco, una operación avalada por los tribunales galos en la Francia ocupada por los nazis. Esteban ha recalcado que la entrega del placete a su partido «no sale de la nada», sino que está avalada por un expediente «enorme» y una investigación encargada por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre su titularidad. El informe establece que los fondos para la compra del inmueble, sede del Gobierno vasco en el exilio de París, fueron «provistos desde México en septiembre de 1936, cuando el Gobierno vasco no existía».
En virtud de esa investigación, el decreto prevé no sólo conceder la titularidad del edificio al PNV, sino también abonar «una renta de mercado» a Sabin Etxea desde el 1 de enero de 2025 para que el Institituto Cervantes pueda seguir ocupando el inmueble «al menos hasta el 31 de diciembre de 2030». Una operación que quedaría también en el aire si Junts decide tumbar el decreto como aviso a Sánchez. El PP ha criticado muy duramente el decreto porque, a su juicio, no solo permite al PNV «adueñarse» de un palacete «en una zona VIP de París» sino convertirse en «rentista» y «casero» del Gobierno de Sánchez. «Dinero calentito y limpio, directo de los españoles» al PNV, han lamentado. Hoy mismo, la portavoz del PP en el Parlamento vasco, Laura Garrido, ha insistido en denunciar el «regalito» y se ha remitido a una sentencia del Supremo de 2003 que denegó a Sabin Etxea la titularidad del edificio.
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