La comisión que controla a la Policía vasca denuncia trabas y «falta de medios»

Son algunas de las quejas que la comisión ha señalado en su segunda memoria bianual, referida a los años 2023 y 2024, que ha sido presentada este lunes ante el Parlamento vasco por su presidente, Juan Luis Ibarra, y una de las vocales, Miren Ortubay. El grupo lo completan otros cuatro miembros que no perciben retribución económica por su labor. Sólo se les paga el coste de sus desplazamientos y ni siquiera suelen llegar a gastar toda la partida que año a año les consigna el Presupuesto público. De hecho, eso ha motivado que el proyecto para el año que viene sólo contemple 20.000 euros, un 33% menos que cuando se constituyó.

Los integrantes del grupo de trabajo reclaman un aumento de recursos económicos para contratar personal administrativo a su cargo. En la actualidad, según detalla la memoria, sólo cuentan con el «desinteresado apoyo» de un administrativo del Departamento de Seguridad, por lo que piden de manera «urgente» que se pueda contar con una persona «de su directa designación». Ese paso, según Ortubay, «aumentaría mucho la eficacia» de cara al desarrollo de las investigaciones y la elaboración de informes. Sin embargo, ha asumido que la naturaleza jurídica de la comisión «dificulta» el proceso porque no puede disponer de una RPT.

A la falta de personal se suman los obstáculos técnicos. Aunque la ley confiere a este órgano el «libre e ilimitado acceso» a la documentación policial, en la práctica se han encontrado con que responsables de la Ertzaintza y la Policía Municipal se han «autootorgado la facultad de establecer la condición» de obtener una autorización judicial expresa para poder acceder al atestado. Según ha denunciado Ibarra, esa práctica ha causado importantes demoras en dos casos: de cinco meses en una actuación bajo Barakaldo y de nueve en el operativo del Real Sociedad-PSG que acabó con una mujer herida por un proyectil de foam.

Ibarra también ha lamentado la ausencia de cauces oficiales que permitan conocer si los cuerpos policiales han implemantado las recomendaciones emitidas por la comisión. Sí se tiene constancia del cumplimiento en la dotación de cámaras que graban los dispositivos y en la regulación del uso de armamento, munición y material antidisturbios. En cambio, los miembros del órgano no han tenido noticias sobre la propuesta para que los agentes intervinientes declaren por separado en casos de intervenciones en las que se haya recurrido a la violencia, algo que «reforzaría la garantía de objetividad».

En cualquier caso, el balance de los integrantes del órgano es positivo. «Ha abierto un camino sobre el que se nos pregunta en otros lugares de España», ha subrayado Ibarra, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que ha estado al frente de la comisión desde su arranque. A comienzos del año que viene el Consejo de Gobierno deberá renovar a cuatro de los seis miembros; entre ellos, el propio Ibarra, que pese a poder repetir en el cargo, ha dejado caer que no lo hará: «Espero que los que continúen con esta labor puedan hacerlo mejor que nosotros, que tuvimos que aprender las primeras letras».