Del consenso a la confusión: el centro Arana, prueba de fuego

El derecho de asilo no es una concesión graciable ni una cuestión de simpatía ideológica. Es una obligación internacional recogida en la Convención de Ginebra de 1951, a la que España se adhiere en 1978, y reconocida por la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en asilo y refugio. No hablamos de flujos migratorios ordinarios, ni de políticas de integración o convivencia, sino de personas que huyen de la guerra, la persecución o la violencia estructural, y a las que el Estado debe ofrecer protección y acogida digna.

El Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI) estructura esa acogida en tres fases: una de valoración y derivación, una de acogida y una de autonomía orientada a la integración social. Desde 2024, el Gobierno vasco gestiona esta última fase, pero siempre dentro del sistema estatal. No existe un 'modelo vasco alternativo' ni una estructura paralela. La gestión autonómica es una contribución responsable al conjunto estatal.

Y sin embargo, el PNV insiste en presentar la apertura del centro de Arana como una imposición contraria a un supuesto 'modelo vasco de acogida'. Es un eslogan político, útil para contraponer 'lo vasco' a 'lo estatal' y alimentar la confusión entre inmigración y asilo. Esa confusión no es inocente: busca despertar recelo social y convertir una obligación humanitaria en una polémica partidista. El sistema estatal funciona de manera ordenada y en red. Los solicitantes de asilo no permanecen indefinidamente en un único recurso: son derivadas conforme a su proceso y necesidades. Es falso que el centro de Arana vaya a «colapsar» los servicios de Vitoria. Formará parte de una red que reparte esfuerzos y responsabilidades.

Resulta paradójico que quienes apelan al 'modelo vasco' omitan la realidad: en Euskadi hay personas refugiadas, como jóvenes malienses, que duermen al raso por falta de plazas. Durante la crisis de Ucrania fue la solidaridad ciudadana -no la estructura autonómica- la que evitó que centenares de personas quedaran sin techo. Aquella ola de empatía demostró lo mejor de nuestra sociedad; también dejó claro que la acogida no puede depender de la buena voluntad individual. La protección internacional exige infraestructuras, recursos y cooperación institucional. Centros como el de Arana no son un problema, sino parte de la solución. Negarse a ello es ignorar la magnitud de una realidad que afecta a miles de personas en toda Europa y debilitar la capacidad de respuesta de Euskadi dentro del sistema estatal.

Por eso el PSE-EE ha defendido con coherencia la apertura del centro. La política debe estar al servicio de la verdad y de los derechos, no del oportunismo. No hay macrocentro, ni imposición, ni pérdida de autogobierno. Hay una necesidad humanitaria y un compromiso legal que debemos cumplir con rigor, coordinación y humanidad.

El discurso del PNV es técnicamente erróneo y políticamente irresponsable. Alimenta la idea de que Euskadi es víctima de decisiones ajenas, y se alinea con las tesis de la derecha y la ultraderecha, que buscan convertir el asilo en un problema de orden público. El pánico electoral nunca ha sido una buena brújula moral. Y entregar el discurso de la solidaridad a quienes lo contaminan con miedo o xenofobia es una renuncia peligrosa. Euskadi ha sido y debe seguir siendo una tierra de acogida, de dignidad y de derechos. Nuestra historia reciente está llena de ejemplos de movilidad, de emigración y de retorno. Por eso sabemos mejor que nadie que quien huye de su país no busca privilegios, sino seguridad y esperanza.

Lo que hoy está en juego no es un edificio en Vitoria, sino la credibilidad de nuestras instituciones y la altura ética de nuestra política. Gobernar es asumir responsabilidades, no esquivarlas. Y la responsabilidad, en este caso, es proteger a quienes más lo necesitan, garantizar el cumplimiento del derecho internacional y mantener el consenso vasco en torno a la solidaridad.

Defender el centro de Arana no es un gesto de partido; es una cuestión de coherencia, de humanidad y de respeto al derecho. Euskadi no puede permitirse dar la espalda a ese compromiso.

Porque el verdadero riesgo no es abrir un centro de acogida.

El verdadero riesgo es cerrar la puerta a nuestros valores.