El anterior gestor del centro animal de Miranda no ha devuelto una furgoneta municipal

Hace más de un año el Partido Popular ya alertó de que había irregularidades en la prestación del servicio. En palabras de Charo Fernández se aludía entonces a que no se estaban entregando los informes mensuales sobre los movimientos de los animales, no se había puesto en funcionamiento la página web ni se habían realizado las campañas de esterilización de las colonias felinas.

La concejala de la oposición lamentaba que desde el departamento de Medio Ambiente no se realizara un control más estricto sobre el cumplimiento del contrato y llegó incluso a pedir una reunión con María Cueva y la alcaldesa. Desde ese encuentro, los populares aseguran que la administración local decidió mover ficha.

En un informe de marzo de este año, los técnicos municipales ya corroboraban ciertos incumplimientos y se proponía una penalidad de 24.897 euros para la empresa, a la que se le daba un plazo para presentar alegaciones. Las explicaciones han apuntado sobre todo a que se «ha prioridad el cumplimiento del servicio y el compromiso con el bienestar animal», motivo por el que no se han ejecutado otros de los puntos recogidos en el contrato, de los que la empresa asegura además «no haber recibido nunca ningún apercibimiento ni notificación. Tampoco se ha procedido a la apertura de expedientes para subsanar cualquier malentendido». Para la adjudicataria resulta extraño «que las deficiencias se notifiquen a escasos días de finalizar el contrato cuando han pasado cuatro años sin que hubiera quejas».

Sin embargo, los argumentos no han convencido al Ayuntamiento, que ayer mismo acordó en Junta de Gobierno reclamar el cobro de las multas.

Pero más grave resulta el hecho de que la anterior gestora usaba un vehículo que no estaba rotulado, lo que supone otro incumplimiento, pero sobre todo no empleaba para su trabajo en Miranda de forma regular la furgoneta por la que el Ayuntamiento pagaba una cantidad anual elevada. Ese vehículo comprado con el contrato por la gestión del Cemba en la ciudad la usa para otras funciones de la empresa y no la ha devuelto ahora que se ha acabado su contrato en Miranda, algo que también le reclama el Ayuntamiento. «El que utilizaba aquí no era el nuevo, sino uno que tenía más de diez años y que era evidente por el número de la matrícula. Además no estaba rotulado por lo que no se sabía que era del servicio municipal de recogida de animales», denuncia el Grupo Municipal Popular, molesto con que la administración local tardara tanto tiempo en atender sus quejas y que el tiempo ha demostrado que eran ciertas».

Ahora la ciudad ha iniciado un procedimiento para reclamar a la anterior gestora de la instalación que regularice la situación de ese vehículo, que debe volver a manos del Ayuntamiento, y para cobrar las penalizaciones que han sido impuestas durante el tiempo que la firma prestó sus servicios al entender que hay incumplimientos del pliego de condiciones técnicas.