La crisis de Muface deja sin seguro médico a más de 13.200 funcionarios vascos

En el caso de Euskadi son solo 1.300, pero se suman a los casi 12.000 que estaban bajo el paraguas de Adeslas (propietaria del IMQ), sobre un total de 24.200 mutualistas. Hay que recordar, además, que cerca de 8.100 ya están en la Seguridad Social con lo que solo quedarían los 2.774 de Asisa.

Ahora toda la presión recae sobre esta última compañía, la tercera aseguradora de Muface con más de 363.000 funcionarios a su cargo en el conjunto de España. La firma debe decidir antes del 15 de enero si acude o no a la licitación, con la duda de si será capaz de asumir a todos los mutualistas que se quedarán sin el servicio de las otras aseguradoras. Fuentes de Asisa indican a este diario que siguen analizando los pliegos del concierto y que esa posibilidad de presentarse en solitario también se está estudiando.

Deben medir al milímetro sus pasos, pues la decisión implicaría una nueva estructura que obligaría a la firma a más que doblar su presencia en regiones como Cataluña o Galicia, donde Adeslas y DKV tienen un número de asegurados mucho mayor, con lo que eso implica no solo en términos de costes, sino también de capacidad de atención a los pacientes. El ministro del ramo, Óscar López, se limitó ayer a confiar en la renovación del concierto, asegurando que mantiene el contacto con las aseguradoras.

Pero en el mercado ya se rumorea con la posibilidad de que el Ejecutivo se vea encerrado entre dos únicas opciones: lanzar una nueva licitación -la tercera, con mejores condiciones- o darse por vencido y suspender un modelo que el propio López calificó esta semana de «mejorable». «La situación es insostenible y no vemos ni voluntad política ni certezas que garanticen la viabilidad de Muface», denuncian desde CSIF, el principal sindicato de los funcionarios que ayer dio un paso al frente al advertir de acciones judiciales contra las aseguradoras y contra Muface si no garantizan el servicio. Acusan al Gobierno de «dejación de funciones». Y aseguran que siguen detectando la anulación de citas y consultas, así como de intervenciones quirúrgicas, pese a que el Ejecutivo ha obligado a las tres firmas a mantener sus servicios hasta abril.

La decisión de Adeslas y de DKV ha puesto sobre la mesa un modelo que desde el sector coinciden en calificar de infrafinanciado. DKV, de hecho, ya calculó unas pérdidas antes de impuestos de 70 millones de euros con el anterior convenio, que podrían engordar hasta los 100 millones en los próximos tres años bajo la nueva oferta del Gobierno. Todo pese a que la misma implica una mejora de las primas del 33,5% que se traduce en un esfuerzo presupuestario histórico de 1.000 millones de euros.

Fuentes de DKV ya confirmaron a este periódico que, pese a ello, los pliegos de la nueva licitación incluían varios puntos que no terminaban de encajar en sus planes. Entre ellos, el hecho de que el concierto se ampliase de dos a tres años, algo que perjudica a la firma de origen alemán en términos de contabilidad. Justifican que «en los últimos diez años el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6%, mientras que la prima ponderada de Muface ha crecido tan sólo un 31,6%, apenas la mitad».

El consejero delegado de la firma, Fernando Campos, indicó ayer que «una empresa responsable y con una buena reputación no puede permitirse continuar con estas condiciones, ya que repercutirían en un empeoramiento de la atención a los mutualistas y en que persista la retribución insuficiente de los profesionales sanitarios».

Desde la compañía recuerdan, en todo caso, que sus mutualistas pueden solicitar hasta el 31 de enero el cambio al sistema público, contando con un segundo plazo cuando entre en vigor el nuevo concierto para el cambio desde ese servicio de salud autonómico a una entidad concertada o adjudicataria.