Desmantelan el campamento de los 'chicos del bosque' de Getxo por peligro de incendio

Es la segunda vez en dos meses que la guardia urbana interviene en la zona rural de Larrañazubi, donde viven en tiendas de campaña la mayoría de jóvenes sin recursos que llegan al municipio. Más de 200 personas residen en los montes getxotarras, según estimaciones del propio Consistorio. La presión migratoria es importante. De hecho, el desmantelamiento de ayer, fue aprovechado por la alcaldesa, Amaia Agirre, para denunciar la «saturación» de los recursos municipales y pedir a la vecina Mancomunidad de Uribe Kosta que arrime el hombro. Ha solicitado «colaboración urgente para ofrecer una respuesta habitacional», explicaron portavoces del Consistorio. Getxo destina casi 500.000 euros al año a itinerarios formativos y otros servicios como alimentos, clases de castellano, etc, en colaboración con ONG.

«Somos plenamente conscientes de que detrás de estas situaciones hay personas con trayectorias muy duras. Además de garantizar la seguridad y la protección del entorno, nuestra prioridad ha sido siempre ofrecer una respuesta humana, desde el respeto, el acompañamiento y la solidaridad», comunicó Agirre.

La Mancomunidad que preside EH Bildu y la alcaldesa de Sopela, Guruzne Carrasson, aunque mostraron en un primer momento su sorpresa por el requerimiento, recibió el guante y por la tarde anunció que duplicará sus «recursos económicos y de otros medios en 2026. «La colaboración se viene dando desde hace meses con implicación directa de su presidenta», insistieron desde la entidad formada por 7 ayuntamientos.

Ampliar

El desmantelamiento fue anunciado como «coordinado entre diversas áreas municipales y comunicado a los colectivos que trabajan en la zona», pero lo cierto es que el PSE- socio de los jeltzales en el gobierno getxotarra y responsable de la política social- no tardó en volver a marcar perfil propio y aunque no entró a «cuestionar si había que desalojar o no» el campamento, preguntó a su compañero de legislatura «¿cuál es la alternativa para personas que llevan 12 meses empadronadas en Getxo ante la situación global de emergencia habitacional». «Es verdad que solos no podemos, se necesita un abordaje multinivel y la implicación de más ayuntamientos, la aspiración no debe de ser que las personas permanezcan en la calle porque es una emergencia humanitaria, pero nos cuestionamos que la solución sean los desalojos», afirmó la concejala de Cohesión Social, Carmen Díez.

Los colectivos sociales también censuraron que estas operaciones «no sirven para nada». «Si fuera por seguridad se llevarían las bombonas de butano con las que cocinan y lo que hacen es desalojar todo». En su opinión, esta forma de actuar les «desestabiliza y lo único que consigue el Ayuntamiento es mover el problema veinte metros porque se vuelven a situar al lado».