La Justicia rechaza que las monjas de Belorado puedan ser asociación civil y conservar los conventos

El cisma de Belorado tiene una vertiente relativa a la fe y las almas, en la que (si nos atenemos a la doctrina cristiana) la última palabra la tendrá Dios. Pero, a la vez, plantea problemas mucho más terrenales y urgentes que se han ramificado en una pequeña multitud de causas legales, repartidas entre los juzgados de Briviesca (con cuatro procedimientos, incluido el que decidirá sobre el desahucio del propio convento burgalés), Bilbao (otros dos, referentes a los monasterios hermanos de Derio y Orduña) y Madrid. Allí, en la capital, las exclarisas están enfrentadas con dos ministerios, los de Presidencia e Interior, y acaban de sufrir lo que sus abogados han descrito como «una derrota importante» pero también como un «primer asalto».

La demanda contra Interior se refiere al corazón mismo de todo este asunto. Las monjas constituyeron dos asociaciones civiles, denominadas Monasterio de Santa Clara de Belorado y Monasterio de Santa Clara de Derio, que ellas planteaban en términos de continuidad, como una simple transformación de lo que antes era una entidad religiosa. Esto, evidentemente, tiene una relevancia crucial de cara a las propiedades de la comunidad, que pasarían de pertenecer a la Iglesia a tener titularidad privada. Sin embargo, el ministerio rechazó esa posibilidad de 'metamorfosear' sin más lo religioso en civil, ya que el convento dependía jerárquicamente de la Iglesia Católica y se regía, por tanto, por el Derecho canónico, que no contempla esa vía. En cuanto al encontronazo con el Ministerio de Presidencia, tiene en su origen el nombramiento del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio que administra los bienes de los monasterios y se ocupa de su representación legal. Tres de las monjas interpusieron, en los albores del cisma, una denuncia que pretendía revocar la designación de Iceta, que Presidencia declaró totalmente válida.

Pues bien, el pasado 11 de junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la demanda interpuesta por las exclarisas contra las dos ramas del Ejecutivo. En los argumentos para la inadmisión, el tribunal considera que las resoluciones de los dos ministerios no vulneraron los derechos de libertad religiosa, asociación, intimidad e igualdad, que eran los que las monjas consideraban lesionados, y afirma que de hecho se mostraron «extraordinariamente respetuosas». La sentencia puntualiza que las exclarisas tienen todo el derecho a separarse de la Iglesia Católica y fundar asociaciones o confesiones religiosas, pero se trataría de un nuevo comienzo. «El Derecho canónico no permite su transformación en entidades civiles ni que estas puedan ser titulares del patrimonio de los monasterios sin autorización de la Santa Sede», comentan en la oficina del comisario pontificio. El TSJM, que ha impuesto las costas procesales a las monjas, establece además que, al romper con Roma, perdieron la capacidad de constituirse en capítulo conventual -el órgano de gobierno de la comunidad- y, por tanto, a partir de ahí ya no podían representar legalmente a los monasterios ni tenían capacidad de tomar decisiones en su nombre.

Uno de los abogados que representan a la comunidad, Florentino Aláez, se ha referido a esta decisión judicial como «una derrota importante», aunque ha puntualizado que se trata solo del «primer asalto». El portavoz de las exclarisas, el periodista Francisco Canals, ha hablado de «contratiempo jurídico» y ha avanzado los próximos pasos: «Lejos de ceder, las monjas estudian nuevas vías legales, entre ellas un posible recurso de casación. La decisión del TSJM no es el punto final de una disputa, sino tan solo el punto de partida de una larga batalla legal». Según Canals, las monjas cismáticas «se sienten tranquilas, protegidas por Dios y la Justicia Divina» y siguen mostrándose «cohesionadas y convencidas del camino que han emprendido».

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