Vitoria se da dos años de plazo para disponer de un plan preliminar de retirada del amianto

Durante este año y medio el Consistorio se ha volcado en realizar «inspecciones oculares» para tratar de cerrar esa lista definitiva y avanzar para cumplir con la normativa estatal. Aunque aún queda una fase importante, la elaboración de un censo detallado y la concreción de un calendario estimado para actuar en esas instalaciones que supongan un riesgo potencial mayor. «Hay tiempo y trabajamos de manera intensa para llegar a 2028», ha afirmado este martes el concejal de Limpieza, Pascual Borja (PSE), ante la obligación de gestionar el fibrocemento, como tarde para ese ejercicio, y tras preguntas de Elkarrekin Podemos.

Para establecer esas medidas y prioridades, el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación un contrato para la elaboración de ese censo, al que destinará 67.699,50 euros. El plazo para que se presenten ofertas estará abierto hasta el próximo miércoles 3 de diciembre (a las 14.00 horas), así que teniendo en cuenta las fases que deben pasar hasta que se ajudique a una firma, Borja estima que «dentro de un año esa etapa estará concluida». Esto es, en 2027.

Al adjudicatario que se encargue de este servicio se le concede 12 meses de plazo para cumplir con los objetivos, aunque los servicios técnicos le marcan distintas etapas. En la primera, para la que dispondrá de tres meses, deberán «realizar una visita de campo a todos los edificios e instalaciones censadas en la etapa preliminar con el objeto de detectar de forma directa, posibles elementos exteriores que pueden contener amianto (cubiertas, bajantes, paramentos, fachadas...)», se detalla en los pliegos del contrato, para tratar de llegar a otros elementos que «no sean posibles detectar en el procedimiento empleado» por el Consistorio hasta ahora.

De forma posterior, y de los elementos de amianto que se identifiquen, «se hará una primera valoración de sus características teniendo en cuenta además la tipología del edificio/instalación que lo contiene y la vulnerabilidad de las personas usuarias. Con ello podrá estimarse una primera aproximación del riesgo que pueda suponer la presencia de amianto y definirse un calendario-preliminar de retirada en el que se prioricen para la siguiente etapa del censo (etapa detallada) aquellas instalaciones que supongan un riesgo potencial mayor», se agrega en ese mismo documento.

Por último, dicho censo detallado se circunscribe a los edificios de titularidad municipal, ya que está previsto que la retirada se inicie por los inmuebles públicos y los más concurridos. Éste será «el documento de referencia a la hora de realizar otras actividades, como puede ser un proyecto, ejecución de una obra de reforma, una rehabilitación, derribo...», apuntan desde la Unidad de Gestión de Residuos.

Así, Borja ha querido remarcar que el censo supone «algo importante, tendremos un mapa detallado de dónde están las dificultades, aunque el plan de desamiantado se detallará una fase posterior porque hay que resolver cuestiones referidas a la financiación, dónde va a ir el amianto, así como planificar que hay instalaciones que durante la retirada del amianto van a tener que estar cerradas». «Se trata de que aquellos materiales que no han supuesto ningún problema durante su vida útil no lo sean tampoco durante su desmantelamiento y después de tener el censo se tendrá que trabajar sobre eso», ha remarcado el edil responsable de Limpieza.

Con todo, sí ha dejado claro que el vertedero municipal de Gardélegi no es una opción para almacenar el asbesto. «No tiene ninguna celda destinada ni capacidad para esto y esto se gestionará con gestores autorizados pero en otros lugares del territorio».