Conflicto abierto

La última oferta del Gobierno de Vitoria a la Policía Local: no privatizará la seguridad del Ayuntamiento

Cayó en saco roto por la «ambigüedad» de los puntos del posible acuerdo y por el «enfado» generado entre las bases al entender ese anuncio como una «indiscreción». Hace semanas que ambas partes negocian. «Nos dejó como unos peseteros cuando se busca que el cuerpo siga siendo competente», coinciden varios participantes en esa reunión de la plantilla.

De hecho, el acto convocado en un centro cívico concluyó sin ni siquiera votarse la proposición. Y en la asamblea de la tarde ocurrió lo mismo, a la espera de que los negociadores del equipo de gobierno «concreten» mejor su postura. A la espera de ese movimiento, la plantilla será convocada de nuevo la próxima semana como pronto.

Cabe recordar que durante más de un año, sindicatos y un movimiento asindical alertaron de la situación límite del cuerpo sin respuesta ni del Departamento de Seguridad ni del Ayuntamiento. «Hartos», en octubre la mayoría de los agentes dejó de reforzar.

Sin ese parche –habitual en los últimos años para cubrir el déficit de personal–, desde entonces han cerrado de manera puntual, o funcionado a medio gas, muchas unidades claves como Violencia Intrafamiliar, Menores, Investigación o Inspección de guardia (recogida de denuncias). También se ha notado la bajada de uniformados en las calles. En diciembre arrancó una huelga de celo de errático seguimiento.

A las 11.15 horas de ayer, en la sala de prensa de la Casa Consistorial, Etxebarria levantó la liebre. «La plantilla de la Policía Local va a votar hoy en asamblea la propuesta que le hemos hecho llegar para intentar terminar con una situación que no beneficia a nadie, ni a la plantilla, ni a la ciudadanía, ni al Ayuntamiento». Recalcó que «el gobierno y sindicatos compartimos la necesidad de mejorar el servicio policial». Su anuncio no gustó nada en las bases policiales, reunidas desde las diez de la mañana.

Ajena a ese enfado, la primera edil prometió que habrá 80 nuevos policías locales «al final de estos cuatro años» de legislatura y que su incorporación significará el final de los interinos, llegados en febrero en respuesta a la falta de efectivos pero también como medida de presión para acelerar la paz social en Aguirrelanda. Con algo más de 400 funcionarios en nómina, la regidora desveló «un plan de ampliación que contempla alcanzar hasta 110 dotaciones en próximas legislaturas». Eso sí, sin determinar el tiempo.

Ligó además el grueso de la mejora salarial –un 7%– «a los agentes que ofrezcan su disponibilidad y respuesta inmediata a hacer refuerzos voluntarios necesarios para garantizar los servicios básicos». Y se abrió Etxebarria a examinar la estructura interna, muy tensionada por una delincuencia en aumento. «Se va a hacer también un estudio de las unidades especializadas. Regularemos también la segunda actividad, puestos que deberán quedar identificados en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) y asignaremos una productividad del 3% por la mayor carga y complejidad del trabajo de la plantilla», enumeró. «La subida consolidada real son 70 euros brutos al mes para los agentes de base», precisó un veterano de la comisaría de Aguirrelanda.

«No es una cuestión sólo de dinero, lo importante es cuidar la organización interna y no perder las unidades especializadas que ahora tenemos y que son punteras», explicó otro policía sobre la primera propuesta remitida por el equipo de gobierno, integrado por PSE y PNV.

Ayer mismo, y como prueba de buena voluntad, el Ayuntamiento accedió a dar marcha atrás a su plan de privatizar la vigilancia de la Casa Consistorial, que eliminará doce plazas de agentes locales ahora ocupadas sobre todo por funcionarios de segunda actividad (en la recta final de sus carreras). Con este último guante, y más precisión sobre su oferta, la próxima semana o la siguiente volverá a plantearse una votación.

Mientras tanto, en la plantilla se impone el pensamiento de que el PSE sí está por la labor de un acuerdo rápido. Mientras que el PNV, cuyo concejal César Fernández de Landa lidera Seguridad desde diciembre, pretende unir cualquier pacto a una profunda reestructuración interna del cuerpo, que provoca rechazo.

Por ejemplo, se da por hecho que en las próximas semanas eliminará el GPA, la unidad que acabó con los narcobares y que ahora anda coja de efectivos. Tampoco gusta que los miembros de Investigación, líderes en aprehensión de drogas, tengan que parar sus seguimientos para ayudar a coger denuncias.