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La huelga de celo en la Policía Local de Vitoria cumple su primer mes con un seguimiento irregular de la plantilla y sin un ... horizonte claro de resolución del conflicto laboral. El 25% de los agentes la apoyan, según fuentes sindicales, pero su incidencia en las calles está siendo desigual, en función de los turnos.
La «falta de efectivos» y la «ausencia de refuerzos» se dejan notar en el día a día de la organización interna de Aguirrelanda. Aparte de la falta de agentes en la Media Maratón, no se ha podido hacer una inspección ocular en el robo simultáneo a cuatro locales en un centro comercial, sólo hubo una patrulla para abortar la «pelea» en El Belén que coincidió con la Cabalgata de Reyes o se ha suspendido 'sine die' algún operativo contra la delincuencia organizada.
19 de diciembre de 2023. El movimiento asindical de la Policía Local comunica vía email al Departamento de Seguridad sus 50 propuestas para mejorar el cuerpo y pide una reunión. Ese día, el entonces concejal Iñaki Gurtubai, accede.
16 de enero de 2024. Email a la alcaldesa con las propuestas.
30 de enero de 2024. Reunión con el edil de Seguridad. El asunto pasa a los sindicatos.
Septiembre de 2024. El sindicato Sipla descubre que la plantilla lleva 16 años cobrando de menos. Sólo se les devolverán los últimos 4 años.
Octubre de 2024. Los agentes dejan de reforzar. Cierran puntualmente varias unidades.
12 de diciembre de 2024 Empieza la huelga de celo. El Ayuntamiento tramita de urgencia la llegada de 20 interinos. Aún no ha llegado ninguno.
El conflicto, en cualquier caso, va más allá de las últimas semanas. Hay que remontarse hasta la primavera de verano de 2023. Como ya sucediera antes en la Ertzaintza, un movimiento asindical logró armonizar las diferentes sensibilidades entre una plantilla molesta por la falta de medios, el déficit de efectivos y unos emolumentos «inferiores» a otros cuerpos de seguridad similares.
A partir de ahí crearon un documento con 50 medidas de mejora. Lo aprobó el 76% de los policías locales (319 de 417 efectivos). Entre otros puntos destacaban la adquisición de táser (que ya se ha acometido) y drones, aumentar la plantilla (el Ayuntamiento ha prometido 52 nuevos agentes que no llegarán antes de año y medio) y reconocer «la carrera profesional» como expresa la ley vasca de Policía (que implicaría un aumento salarial).
Hubo buenas palabras en la primera toma de contacto con el Departamento de Seguridad en enero del año pasado. A partir de ahí, los sindicatos recogieron el guante como interlocutores entre la plantilla y el equipo de gobierno. Con el paso de los meses, la sintonía inicial se enfrió. Por el camino hubo dos ceses de comisarios (Roberto Tobalina y Marian Vidaurre, quien probablemente acudirá a la Justicia ordinaria) y un cambio del concejal del ramo (César Fernández de Landa por Iñaki Gurtubai).
La paciencia de muchos de los agentes se acabó en septiembre, cuando descubrieron que llevaban 16 años cobrando de menos por un error del departamento de Función Pública. En octubre, la práctica totalidad dejó de reforzar, como se conoce a trabajar en sus días libres. A partir de ahí, varias unidades comenzaron a cerrar de manera puntual: violencia intrafamiliar, denuncias, investigación...
En diciembre se produjo una asamblea vital auspiciada por los sindicatos Sipla y Comisiones Obreras, de la que se desmarcaron las otras centrales con representación en el Ayuntamiento como ELA o LAB, partidarias de la «carrera profesional» para todos los funcionarios municipales. Un centenar de policías aprobó «aplicar la normativa» de una forma rigurosa. En la práctica se limitan a infracciones de tráfico. Empezaron el 12 de diciembre.
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