El PP exige a Lakua y Diputación pongan cinco millones más tras la auditoría del BEI
El grupo popular pide el reparto del «sobrecoste», mientras el gobierno local alega que algunos contratos analizados sólo están «relativamente vinculados» al proyecto
El PP ha pedido este martes a la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, que reclame «5 millones de euros» al Gobierno vasco y la Diputación de Álava a cuenta del «sobrecoste» que acumula el Bus Eléctrico Inteligente (BEI). La formación popular sitúa en esa cifra el desfase de la financiación que ha asumido el Ayuntamiento en la puesta en marcha de la infraestructura, en comparación al resto de las instituciones (un 65% corría a cargo del Gobierno vasco y un 17,5% de la Diputación). En este hipotético escenario, la nueva 'factura' de Lakua rondaría los 4 millones extra.
Los cálculos del grupo municipal que encabeza Ainhoa Domaica parten de la auditoría del interventor municipal, desvelado en exclusiva por EL CORREO. El minucioso estudio del alto funcionario arroja un coste total de 61,3 millones de euros (60,9 sin contar el mantenimiento de Tuvisa), lo que supone cerca de 17 millones más de lo que sumaban los dos contratos iniciales. En concreto, esos dos encargos debían garantizar «la infraestructura, suministro, puesta en marcha y mantenimiento» del bus eléctrico, además de la dirección de obra (casi 44 millones en total). Eso sí, sin llegar a los 76 millones que llegaron a denunciar los populares.
Domaica puso especial énfasis en el montante total, (61,3 millones a fecha 31 de diciembre de 2023) al tratarse del «mayor desembolso que ha realizado este Ayuntamiento para un solo proyecto». En este sentido, la formación popular comparó el despliegue del BEI con la estación de autobuses (16 millones) y la reforma del Teatro Principal (12 millones), lejos de las cifras que ha arrojado la auditoría. El PP llevará la petición de solicitar los 5 millones al Gobierno vasco y la Diputación a las reuniones periódicas que mantiene con el Gabinete Etxebarria para hacer seguimiento a los acuerdos. Cabe recordar que la elaboración de la auditoría por parte del interventor, Alfredo Barrio, fue una reivindicación del grupo popular desde primavera de 2021, aunque el equipo de gobierno accedió finalmente tras las elecciones de 2023 a cambio de asumir la presidencia de Tuvisa.
Pero ni siquiera la firma del alto funcionario, adscrito al Gobierno central, apaciguó los ánimos ni cerró el debate económico entre el equipo de gobierno (PSE-PNV) y el PP, envueltos en un tira y afloja constante desde hace más de cuatro años. El concejal de Tráfico y presidente de Tuvisa, Iñaki Gurtubai (PNV), relativizó los últimos datos y, sin llegar a cuestionar de forma directa la labor del interventor, señaló que algunos contratos están «vinculados relativamente» al bus eléctrico. En una tertulia celebrada en Radio Vitoria mencionó, por ejemplo, la actuación en las tuberías de Amvisa en el recorrido. En cualquier caso, el interventor advierte en su informe que los «gastos incorporados por esta auditoría tienen causa de origen directa o indirectamente en la implantación del servicio del BEI».
Gurtubai aseguró que el anterior equipo de gobierno ya cifró el precio del bus eléctrico en «55 millones de euros en 2021». «El interventor suma una serie de contratos que suman 57-58 millones», dijo en relación a la veintena de encargos detectados en la auditoría, que elevan el total a 40. Esa cuantía se acerca a los «gastos de inversión» que recoge el informe, que ascienden a 57,4 millones. Sin embargo, el estudio incluye otros 3,9 millones vinculados al «gasto corriente», de los que 1,2 millones corresponderían a la factura anual que promediará el BEI.
Al margen del debate económico, el concejal de Tráfico destacó el «éxito» que ha cosechado el servicio, que recibió desde el inicio el respaldo de PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. La antigua línea Periférica suma 3 millones de viajeros anuales, frente a los 2 que alcanzaron los vehículos convencionales antes de la pandemia en el mismo trazado.
