Una auditoría interna eleva el coste total del BEI en Vitoria a 61 millones, 17 más de lo previsto

Se trata de una cuantía muy superior a la que había llegado a reconocer el equipo de Gorka Urtaran, principal impulsor del proyecto que le pasó una enorme factura política por su impacto en el tráfico de la zona Sur. En concreto, el anterior gobierno municipal cifró el proyecto inicial en 44 millones y llegó a reconocer 55 tras un informe técnico que el interventor da por «bueno» como base de su análisis. Y a pesar de que la factura final se encuentra también lejos de los 76 millones que llegó a cuantificar el PP, los populares ven respaldada de alguna manera su tesis del «sobrecoste» de la infraestructura, que mantuvieron como una denuncia permanente durante todo el mandato.

La recién desvelada auditoría, de hecho, no deja de ser una reivindicación que ha realizado desde 2021 la formación que encabeza Ainhoa Domaica. A pesar de que el gobierno municipal se la negó de forma sistemática, accedió tras la investidura de Maider Etxebarria para lograr la presidencia de Tuvisa, que recayó en manos de Iñaki Gurtubai (PNV). En principio, el examen del interventor debería zanjar la dilatada discusión, sólo por su propio ascendiente al tratarse de un alto funcionario que está adscrito al Gobierno central y que es responsable del control de gasto. Es decir, se le supone al margen de las diputas políticas municipales, por lo que los cálculos que se manejaban, que reflejaban diferencias abismales, acaban de quedar obsoletos.

Con independencia del éxito de la infraestructura, que ha superado con creces el número de usuarios de la antigua línea Periférica, el coste total del BEI supone cerca de 17 millones más que su presupuesto inicial. El acuerdo que habían suscrito el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava para poner en marcha el bus eléctrico no llegaba a 44 millones de euros.

En el convenio ya se contemplaba «la contratación del proyecto, infraestructura, suministro, puesta en marcha y mantenimiento del BEI», además de la dirección de obra. En teoría, era todo lo relacionado con el arranque del autobús. Es más, durante años el Gabinete Urtaran se remitió a este acuerdo para justificar el coste de la inversión. Así lo hizo hasta octubre de 2021, cuando elevó la factura a unos 55 millones. Pero incluso así, el coste total ha sido superior desde entonces.

Lo cierto es que desde aquella firma que se produjo allá por junio de 2016, se han sucedido 38 encargos más relacionados con el Bus Eléctrico Inteligente o su repercusión en la ciudad. Pese a que el documento apenas contiene cuatro páginas, su contenido refleja una gran exhaustividad, ya que detalla una por una todas las partidas y proyectos que tienen como origen la implantación del nuevo autobús, incluso aunque en el nombre del contrato no haya referencia alguna al medio de transporte.

En este listado figuran, por ejemplo, la creación de un aparcamiento para compensar la pérdida de plazas que generaba el trazado, la mejora del alumbrado, el estudio del tráfico, las modificaciones en el entorno de Iturritxu o las nuevas cocheras, entre otras medidas. En este sentido, cabe recordar que todavía existen algunos estudios en marcha relacionados con el BEI, como la posible eliminación de un carril en el paseo de la Zumaquera y Salvatierrabide (además de Leandro de Viana) y la posible incorporación de los taxis a su trazado.

Pero más allá del volumen de los contratos y del coste total que acumulan, el informe del interventor hace hincapié en el reparto de la financiación, que estaba fijado en un 65% por parte del Gobierno vasco y un 35% a partes iguales entre la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria (17,5% cada institución). El informe calcula que el Ejecutivo autonómico ha asumido algo menos de 33,2 millones, por los 9,2 millones de la Diputación en el total de contratos vinculados al BEI. La aportación del Ayuntamiento, mientras tanto, es de algo más de 18,7 millones. Con estas cifras, el Consistorio habría asumido una mayor cuota en la puesta en marcha del servicio urbano.

Además, 18 de los 20 contratos 'nuevos' que han aflorado durante la auditoría han sido asumidos por el Ayuntamiento. Los otros dos corresponden a los fondos Next (casi 382.000 euros) y a Amvisa (2,26 millones), que también es una sociedad pública municipal. En cualquier caso, la revisión de esas cifras para fijar un nuevo reparto daría para otro análisis, ya que hay cuestiones que están puramente relacionadas con la ciudad o la explotación del servicio.

El informe del interventor, sin embargo, también incluye el coste de mantenimiento que acumula el BEI entre marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 2023. Es decir, algo menos de dos años. Este apartado asciende a 452.416 euros. Los gastos principales corresponden a maquinaria (142.670 euros), limpieza (105.000) y contratos con una empresa de seguridad (90.000 euros).