La Fiscalía acusa al Juzgado de «dejar en el limbo» durante meses el caso de Bernedo
El juez activa la instrucción tras las informaciones de EL CORREO y al recibir tres denuncias más por ataques a la «libertad sexual»
La publicación en este periódico del escándalo en el campamento de Bernedo ha sacado el caso del letargo en el que se encontraba. Hasta ahora, ... la inacción institucional había sido la tónica general. La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, rompió ese silencio este lunes y, a petición propia, se dirigió a los periodistas que cubren la actividad del Parlamento vasco para señalar los motivos por los que no se actuó antes contra estas colonias. Mostró, en este sentido, su indignación al admitir que la institución que ella dirige desconocía la existencia del caso pese a que la Ertzaintza investigaba desde enero las supuestas «agresiones sexuales» a tres chavales y pese a que el atestado estaba en poder del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria desde el pasado 30 de abril. Los hechos denunciados se repitieron meses después.
Aquel primer informe policial recogía las declaraciones de las educadoras de tres menores tutelados por la Diputación de Gipuzkoa, quienes relataron prácticas gravísimas: monitores semidesnudos, insinuaciones sexuales, duchas compartidas con adultos y hasta la obligación a una de las niñas de chupar el dedo del pie de un monitor. Una menor que, además, había sido víctima de abusos previamente. También constaban actividades de carácter ideológico, como quemar la bandera de España a modo de «premio».
Adán criticó duramente el «limbo» en el que había quedado el expediente durante meses y exigió que «se inicie la investigación». «Como ha pasado en otras ocasiones -recriminó-, el atestado remitido se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas, que es obligada». Solo después de las declaraciones públicas de Carmen Adán, y pasados cinco meses desde la entrada del atestado, el Juzgado de Instrucción 3 -una de las salas más saturadas del Palacio de Justicia de la capital alavesa- anunció ayer la apertura de diligencias previas.
Mutismo institucional
La reacción judicial llegó pasadas las tres de la tarde. Una portavoz del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco matizó que «el atestado entró por reparto (en Instrucción 3) en mayo. El 25 de septiembre, el juez ordenó abrir diligencias previas y hoy (por ayer) se están incoando esas diligencias previas». Es decir, que este procedimiento ha permanecido varado cinco meses, tiempo en el cual se han celebrado nuevos campamentos veraniegos con idénticas denuncias de los afectados. A esta causa por fin activada deberán agregarse las cuatro denuncias de familiares de adolescentes participantes tramitadas por la Policía autonómica, que datan del 25 de agosto (una) y del pasado viernes (tres) -una vez el escándalo había sido publicado por este periódico-, según informó ayer el Departamento vasco de Seguridad.
Mientras la justicia se mueve a rebufo de lo destapado por EL CORREO, el resto de instituciones mantiene un mutismo que contrasta con la gravedad del caso. La Diputación de Álava ha admitido conocer desde hace «muchísimos años» la existencia de las colonias, pero que no las controló. «No vamos a ir por todos los pueblos», fue la respuesta de la diputada foral de Juventud, Ana Del Val, pese a que el decreto que regula esta clase de actividades establece claramente que es la institución foral la que debe tener constancia de los udalekus que se celebran en su territorio. Al parecer, la asociación que organiza el campamento, Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, no inscribió la actividad ni en la administración alavesa ni en el Gobierno vasco.
La Diputación de Bizkaia, por su parte, hace seis años se limitó a derivar al Ejecutivo autonómico la queja que le había llegado. En concreto, en 2019 unos padres le comunicaron, como también lo hicieron al Ararteko, que a su hija de 10 años le habían obligado a ducharse con otros niños y con un monitor de 20 años. Las toallas estaban prohibidas y tenían que salir desnudos de la ducha ante todo el campamento.
El Ararteko se desentendió al considerar que era una actividad «privada», incluso a pesar de que había menores implicados, algunos tutelados. La situación más comprometida recae en la Diputación de Gipuzkoa, de la que dependían las educadoras que alertaron a la Ertzaintza en enero. Pese a recibir en marzo una comunicación oficial de la Policía autonómica advirtiendo de un posible delito sexual bajo su tutela por unos hechos que tuvieron lugar entre 2021 y 2024, no consta que diera la voz de alarma a otras instituciones.
En agosto, eso sí, la entidad foral guipuzcoana decidió no enviar más menores vulnerables, pero, al parecer, no levantó ninguna alerta pública. De esta manera, el campamento se celebró de nuevo el pasado verano con adolescentes cuyos familiares han denunciado prácticas como el uso de duchas mixtas y conductas sexuales inapropiadas por parte de monitores.
Una normativa «clara»
De momento, solo el Partido Popular de Álava ha exigido explicaciones por un caso incómodo para el nacionalismo, al centrarse en un udaleku que tenía «el euskera, el feminismo y el trabajo comunitario (auzolana)» como seña de identidad. Se las pidió al diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), y a la socialista Ana Del Val (PSE), cuya respuesta al escándalo es «muy grave» para Ana Salazar, secretaria general de los populares en Álava. «Si no lo sabía es grave, y si lo sabía y ha mentido, más». El PP recordó ayer que la normativa establece que «cuando hay más de seis menores y van a dormir más de tres noches tienen la obligación de dar una comunicación de actividad a Diputación y Gobierno vasco. Tenía responsabilidad la Diputación. No puede decir que eso de que no pueden recorrer pueblo a pueblo», abundó Salazar.
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