Cómo cambiará Internet la nueva directiva Europea del Copyright

La Unión Europea pretende una regulación común de los derechos de autor/
La Unión Europea pretende una regulación común de los derechos de autor

El debate se centra en el control de los contenidos que se suben a la red

SARA BORONDO

La directiva europea del copyright ha protagonizado los últimos meses una de las mayores movilizaciones relacionadas con Internet que se ha visto en todos los países de la Unión Europea (UE). El origen de las protestas se encuentra en los artículos 11 (que establece los usos digitales de las publicaciones de prensa) y 13 (que fija los filtros de subida de contenidos) , que han terminado siendo los números 15 y 17 en la redacción que aprobó el Parlamento Europeo el 26 de marzo por 348 votos a favor y 274 en contra (con 36 abstenciones).

La directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital se presentó en 2016 para adecuar la regulación de los derechos de autor en toda la Unión Europea a los nuevos modelos de negocio que han aparecido con la expansión de Internet, de forma que «se ajusten a la era digital en Europa y aporten beneficios tangibles a todos los sectores creativos, la prensa, los investigadores, los educadores, las instituciones de patrimonio cultural y los ciudadanos», según la Comisión.

Todos los partidos entrevistados para este artículo sin excepción han defendido la necesidad de legislar el copyright en Europa de forma que los creadores y autores reciban una remuneración justa por su trabajo (ya que ahora sus ingresos no se corresponden con lo que sus creaciones producen en la red) y que se regule en el territorio europeo el copyright, pero las posturas divergen con fuerza cuando se trata de establecer la idoneidad de la directiva tal como se ha aprobado, sobre todo en los mencionados artículos 15 y 17. ¿En qué consisten y por qué hay posiciones tan encontradas sobre ellos? El ahora número 15 da a los editores de prensa el derecho de autorizar o prohibir la agregación o indexación de sus contenidos durante dos décadas, lo que supone la implantación de una tasa o canon que afectaría a los enlaces a noticias, y el número 17 establece que las plataformas que almacenan las obras subidas por los usuarios y permiten el acceso público a las mismas obteniendo por ello ingresos (como Facebook o Youtube) deben comprobar si el contenido que aportan los usuarios viola o no los derechos de autor.

En la práctica, esto supone que esas plataformas tendrán que comprobar los contenidos que un usuario quiere subir para decidir si le permiten hacerlo o no. Hasta ahora las empresas solo actuaban si el poseedor de los derechos presentaba una reclamación y revisaban si el contenido tenía derechos de autor, pero cuando la normativa esté en la legislación de los países miembros de la Unión deberán adoptar medias preventivas para evitar que se difundan contenidos con copyright. Esto supone emplear complejos algoritmos y sistemas de identificación de contenidos antes de que se suban.

Una reivindicación de los autores

Sindicato de guionistas 'Alma'
Sindicato de guionistas 'Alma'

Entre quienes más ha celebrado la aprobación de la directiva del Copyright está el sindicato de guionistas Alma, cuya directora general, Ana Pineda, cree que el artículo 17 «es una pieza esencial y originaria de la reivindicación de autores, artistas y ejecutantes para que nadie se lucre con el uso de su trabajo sin asumir el pago de los derechos derivados de dicho trabajo». Pineda defiende que muchas de las medidas propuestas «ya son de aplicación en el Estado español, y era deseable y coherente con nuestra postura como país garantizar que nuestros autores no vean sus derechos vulnerados ni amenazados por la aprobación de una normativa potencialmente lesiva, además de procurar que su aplicación sea exigible en el resto de la Unión Europea».

El artículo 17, sostiene Pineda, «establece el marco en el que los estados de la UE deberán regular las licencias y autorizaciones de uso de contenidos, atendiendo a estos, y no de manera generalizada y sin control. Para obtener ingresos haciendo accesibles determinados contenidos y vendiendo publicidad, cualquier operador deberá satisfacer antes los derechos que corresponden a sus creadores».

La eurodiputada de Podemos Lola Sánchez no lo ve así. «es como matar moscas a cañonazos. La directiva confronta los derechos a una justa remuneración por parte de los creadores con los de libertad de expresión y de acceso a la información de la red por parte de los usuarios de internet. Lo que se hace es, para defender unos derechos, atacar a otros» dice, pero lo más relevante es que, sostiene, no va a resolver la situación «porque se exige a las grandes plataformas que remuneren de manera justa a las empresas propietarias de los derechos de autoría, pero en ningún sitio dice que tengan que remunerar de manera justa a los auténticos creadores», de forma que los intermediarios como las discográficas sí «van a cobrar bastante más dinero, pero nadie les obliga a pagar más a los creadores y autores», afirma.

Una de las preocupaciones de los usuarios es saber si podrán seguir utilizando memes, esas imágenes o textos que se difunden rápidamente por Internet a los que se saca de contexto y se dota de un significado específico, normalmente humorístico. En concreto, el artículo 17 establece como excepciones para compartir contenidos en línea a las citas, críticas, reseñas y usos a efectos de caricatura, parodia o pastiche, de forma que los memes quedan al margen de lo establecido en el artículo 17 por su condición de cita o de parodias, alegan los defensores de la nueva normativa. Pero Sánchez cree que no sucederá así porque, ante el temor de multas muy altas, las grandes plataformas «desarrollarán un algoritmo que no dejará pasar ni una» y porque la tecnología no está tan avanzada como para que la inteligencia artificial distinga «una parodia o un meme o algo con fines educativos o científico de una auténtica violación del copyright, que es contra lo que es correcto luchar».

Movimiento #saveyourinternet

Entre quienes se han opuesto a la directiva con más fuerza está el movimiento #saveyourInternet, que considera que la norma supone una amenaza para la libertad de expresión y que solo apoya en realidad a las grandes empresas ya que ni las pequeñas ni aquellas que estén empezando podrán establecer los filtros necesarios para asegurar que se suben obras sin copyright, considera que los usuarios tendrán acceso a menos contenidos y no podrán compartir contenidos incluso aunque sea legal y cree que incluso los creadores de contenido tendrán también dificultades para subirlo, expuestos al arbitrio de lo que decidan las plataformas.

La movilización ciudadana no ha tomado las calles y ha sido principalmente virtual; además, no se ha limitado a #saveyourInternet. En Change.orgcinco millones de firmas mostraban su rechazo al artículo 13 (ahora número 15).

La española Asociación de Internautas está entre las casi 40 asociaciones que forman parte de #saveyourInternet. Para su presidente, Víctor Domingo, aunque el objetivo de la legislación es proteger los derechos de los creadores y editores, las medidas propuestas «son inadecuadas para obtener estos beneficios y tampoco logran un equilibrio justo entre los creadores y las demás partes de la sociedad». La directiva pone en riesgo el desarrollo de Internet en Europa y «atenta contra la naturaleza de la red imponiendo conceptos tan absolutamente extraños para ella como los filtros de subida de contenidos o el pago por enlaces».

Domingo considera que en el artículo 15 «la experiencia con leyes similares en Alemania y España plantea serias dudas sobre los beneficios esperados, mientras que el impacto negativo sería muy real»; supondría que Europa perdería relevancia en el escenario mundial: «Las empresas nuevas que crean servicios basados en información agregada en línea quedarán fuera del negocio, y toda compañía que publique resúmenes de prensa de su aparición en los medios de comunicación violará esta ley», añade el presidente de la AI.

Para la Asociación de Internautas, uno de los problemas del artículo 17 es que pretende limitar el poder de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses como Google o Facebook pero tendría el efecto contrario. La mayoría de las empresas «no están equipadas ni son capaces de implementar los mecanismos automáticos de filtrado de contenido que esto requiere, que son costosos y propensos a errores», dice Domingo, y solo los gigantes de Internet tienen los recursos suficientes, con lo que «las empresas europeas se verán obligadas a entregarles sus datos, poniendo en peligro la independencia de la industria tecnológica europea y la privacidad de los usuarios» y el resultado sería que las empresas europeas no podrían competir y deberían abandonar ciertos mercados «y la libertad de expresión de los ciudadanos conectados se verá seriamente cuestionada al poner la retirada de contenidos en manos de las maquinas de la censura -inteligencia artificial- en vez de un juez», añade Domingo.

La eurodiputada de Podemos es más crítica aún con el papel que jugarán las grandes plataformas con la entrada en vigor de la directiva del Copyright y pide una legislación específica europea que ponga un control en las grandes empresas de distribución de contenidos «porque no es solo que ganen muchísimo dinero con el trabajo de otras personas, es que también están acumulando una cantidad de datos de toda la ciudadanía mundial que no sabemos cómo están utilizando ni a quién están siendo vendidos», dice Sánchez, para quien esta directiva no solo no pone coto a estas empresas sino que «las ha convertido en la policía y los jueces de internet. Ahora es Youtube quien va a decidir qué contenidos se publican o no con la censura previa».

Pensado para plataformas grandes

La eurodiputada por el PSOE Eider Gardiazabal piensa muy diferente: «Lo que hace la nueva directiva es obligar a plataformas como Youtube -porque para las pequeñas el régimen es diferente- a adquirir autorizaciones o licencias para el uso de los contenidos protegidos por derechos de autor subidos por sus usuarios, con un doble beneficio: por un lado, instaura un mecanismo de remuneración a los autores; y, por otro, aporta seguridad jurídica a los usuarios, que estarán cubiertos por esas licencias y que, además, ahora sí, tendrán a su disposición mecanismos eficaces y expeditivos de reclamación y resolución de disputas en caso de que sean retirados o deshabilitados los contenidos que suban», dice. El régimen al que se refiere Gardiazabal consiste en que las empresas de nueva creación-con menos de tres años y con un volumen de negocio inferior a diez millones de euros- se les exige menos responsabilidad por los contenidos subidos con copyright.

Gardiazabal recuerda que cada vez que se aprueban medidas para regular la economía digital surgen las voces en contra. «Sin ir más lejos, cuando se aprobó la primera regulación europea sobre neutralidad de red, hace cinco años, fueron múltiples las voces que advirtieron de que se acababa internet como la habíamos conocido, que se abría la puerta a un internet de varias velocidades. Nada de eso ha ocurrido», afirma.

Con la actual normativa, cree la eurodiputada socialista, habrá un marco regulador claro y más justo en el que los propietarios de los contenidos recibirán una remuneración justa «poniendo fin a una situación de explotación como la que vivimos actualmente, en la que plataformas con pingües beneficios no remuneran por el uso de contenidos a los propietarios de los mismos».

El eurodiputado del PP Luis de Grandes justifica la redacción actual del artículo 17: «Con la Directiva que aprobamos el pasado mes de marzo, en lugar de responsabilizar a cada usuario individual, la plataforma será también responsable. Porque, después de todo, la plataforma gana dinero con las cargas, a menudo a través de los ingresos publicitarios o del análisis de los datos de comportamiento. Para los artistas además es muy difícil conocer a todos los usuarios para poder demandarlos, y a menudo no obtienen la información que necesitan de las plataformas», sostiene De grandes.»La plataforma debe entonces comprar una licencia que cubra las cargas no comerciales de los usuarios (que proteja al usuario) o asegurarse de que nadie suba contenido que se suba sin el consentimiento del propietario», añade.

Esfuerzos proporcionales al tamaño de la plataforma

Según explica De Grandes, los esfuerzos de las empresas para evitar que se suban contenidos protegidos, ya sea por filtros algorítimicos o realizados por personas, «solo deben ser proporcionales al tamaño de la plataforma, al número de visitantes y a la cantidad de obras». De Grandes indica que hay plataformas que quedan exentas del ámbito de aplicación del artículo 17 e incluye entre ellas a Wikipedia y similares, las plataformas de código abierto, aquellas en las que solo los titulares de los derechos se cargan a sí mismos, las no comerciales, Ebay y similares y Citas y similares.

El eurodiputado popular niega que el artículo 17 vaya contra la libertad de expresión: «la libertad de expresión quedará intacta. Pero hay que recordar que aún hoy, la libertad de expresión se detiene dónde comienza la propiedad (copyright) de otro. No todo está permitido bajo el argumento de la libertad de expresión. Por supuesto, poner las canciones de otras personas en Internet no está protegido por la libertad de expresión. El artículo 17 no cambia eso. El artículo 17 sólo pretende garantizar mejor el respeto del derecho de propiedad (copyright) en Internet», concluye De Grandes.

Gardiazabal especifica que la directiva tiene un marco mucho más amplio que los dos artículos centro de la polémica, y que establece mecanismos de reajuste de contratos y de transparencia para los creadores, busca impulsar la minería de textos y datos en la investigación, ilustrar la enseñanza, promover las obras del patrimonio cultural y mejorar el acceso a obras ya fuera del circuito comercial.

El 26 de abril votaron a favor de la directiva tal como está ahora 34 eurodiputados españoles de PSOE, PP, PNV, Ciudadanos, UPyD y algunos independientes. En contra lo hicieron 13 eurodiputados de IU, Podemos, Equo, ERC, ICV, AGE, PdeCAT y algunos independientes. La eurodiputada de IU Paloma López se abstuvo y hubo seis ausencias.

El debate pasa a cada país

Aunque ninguno de los movimientos ha logrado frenar la aprobación de la directiva, Domingo cree que la movilización ciudadana «ha conseguido dar luz el contenido de los artículos polémicos de la directiva, y sacarlos de la opacidad en la que se quería que los votara el Europarlamento hace un año. Ha faltado tiempo porque la votación ha sido de 348 votos a favor y 274 en contra. Ahora intentaremos que se produzca en cada uno de los países el debate que se nos ha hurtado en el Europarlamento».

Pineda considera que aún se puede lograr el acuerdo entre todos los implicados: «tanto al desarrollar las pautas de interpretación para los estados como en la tarea de trasposición de la directiva a nuestra legislación. Por el contrario, el boicot al artículo 13 (hoy 17) era –para importantes grupos de presión—la forma de evitar la Directiva, ya que en la votación del 26 de marzo solo había la posibilidad de aprobarla o de echarla por tierra en bloque. Las negociaciones fueron largas y complicadas y se prolongaron más de dos años, y todo podía haber terminado con el no al texto final. Ahora que hay un texto aprobado hay espacio para los matices, pero eso es gracias a que esta Directiva ha sido aprobada», dice.

Domingo también cree que todavía se puede evitar que entre en vigor la directiva tal como está redactada: «sí, si somos capaces de fomentar el debate publico que los partidos políticos nos han hurtado en este proceso, es posible que con más transparencia podamos acabar con la connivencia que las cúpulas de los partidos políticos (PP, Psoe, Ciudadanos y PNV) han tenido con la industria cultural y editorial», dice.

Si la directiva es finalmente aprobada, los países miembros de la Unión europea tienen dos años para trasladarla a sus respectivas legislaciones y aún tardará un tiempo en ver a quién dan la razón los resultados.

La eurodiputada de Podemos piensa, por el contrario, que en Europa poco más se puede hacer, pero confía en que al trasponer la directiva a las legislaciones de cada país quede patente que es inviable ya que, por ejemplo en España, la censura previa no está permitida de ninguna manera.