Zupiria: «Es especialmente grave que los jueces entren a valorar el riesgo epidemiológico»

«Es especialmente grave que los tribunales entren a valorar 'motu proprio' la evolución y el riesgo epidemiológico» del virus, denunció el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, en una breve comparecencia convocada de urgencia apenas unas horas después de que se hiciera público el fallo que da la razón a los demandantes y luz verde a la reapertura de todos los establecimientos hosteleros en Euskadi. Una tarea, avisó en tono solemne, que corresponde en exclusiva a los profesionales de Osakidetza y a la comisión técnica del LABI, que «evalúan permanentemente» los datos.

La guerra es total. Llueve sobre mojado. No es la primera vez que el TSJPV enmienda la plana al Gobierno vasco, que ve con impotencia cómo los esfuerzos de las últimas semanas para rebajar la tasa de contagios pueden «venirse abajo» por el fallo judicial y por la inseguridad jurídica derivada de un estado de alarma que exigirán endurecer porque, lamentan, no ofrece «garantías» suficientes ni la cobertura legal necesaria a las comunidades autónomas para desplegar su estrategia contra el virus. «No nos da competencias reales», advierten. Las autonomías, se duelen, tienen que agarrarse a las leyes ordinarias de salud pública, sometidas a la posibilidad de recursos permanentes. Un decreto de alarma, por cierto, de nada menos que seis meses de duración -hasta mayo-, cuya prórroga el PNV avaló con su voto en el Congreso de los Diputados.

Pero, en medio de una tercera ola especialmente dañina, en Lakua se han dado cuenta de que no hay certezas. De que caminan permanentemente sobre terreno cenagoso. Y ha molestado que en su auto, que es cautelar y no entra aún al fondo del asunto, el TSJPV haga valoraciones técnicas, hasta el punto de dar por sentado que no se puede establecer una relación directa entre la apertura de bares y restaurantes y el incremento de los casos. Incluso, los jueces deslizan que la curva se ha disparado tras las celebraciones navideñas amparadas por el estado de alarma.

El Gobierno vasco está convencido de que el fallo va en contra de la senda que marca Europa y el propio Gobierno español, que, en el Consejo Interterritorial de Sanidad siempre ha optado por endurecer las restricciones cuando se han multiplicado los contagios. De alguna manera, el Gabinete Urkullu avisa a los jueces de que pueden estar comprometiendo los esfuerzos de Euskadi para atajar una situación «muy grave y alarmante» con medidas necesariamente «excepcionales» que se están adoptando no solo aquí sino «en medio mundo». La tasa de incidencia, recordó el portavoz a los magistrados, está cercana a los 600 casos por cada 100.000 habitantes en incidencia acumulada, cuando las autoridades sanitarias europeas aconsejan rebajarla hasta los 60.

Y en Lakua están plenamente convencidos de que el cerrojazo a bares y restaurantes es una medida efectiva. «Está comprobado: si se cierra baja la curva», insisten. Por eso, el Gobierno vasco busca a contrarreloj vías de urgencia para revertir el fallo judicial en vísperas del fin de semana, en el que en la vieja normalidad tocaría celebrar los carnavales. Un motivo adicional de preocupación y una excusa, creen en el Gobierno vasco, para que la gente se salte las normas, máxime si los bares permanecen abiertos. En privado, los responsables gubernamentales lo expresan de forma gráfica. «O buscamos alguna salida, o vamos montando un hospital de campaña en el BEC».

De momento, según anunció Zupiria, se mantiene la convocatoria de la comisión técnica que lidera Jonan Fernández para el jueves y del consejo asesor del LABI, el viernes, que adoptará las medidas oportunas. Según las fuentes consultadas por EL CORREO, los servicios jurídicos del Gobierno vasco trabajan a marchas forzadas para buscar algún resquicio legal que permita neutralizar los efectos que tendría levantar la persiana de los bares.

Las opciones son variadas. La más drástica, decretar un cierre total que mantenga solo la actividad esencial, y eche el cerrojo al resto de comercios y a los bares para evitar agravios comparativos. Parece muy poco plausible, si se tiene en cuenta que Urkullu siempre ha intentado hacer equilibrios para preservar salud y economía y no fomentar el apagón total de la actividad. Cabría también ordenar el cierre de toda la hostelería sin distinguir si el municipio ha entrado o no en la zona roja (más de 500 casos por 100.000 habitantes), aunque la legalidad de una medida así estaría de nuevo en entredicho. Más factible parece regresar al escenario previo al actual, en el que los establecimientos podían abrir con restricciones específicas de aforo y con el consumo en barra vetado. Pero añadiendo otra prohibición adicional -la de consumir en el interior de los locales, aunque sea sentado-, que en la práctica impediría abrir a un buen número de negocios. Algunos, porque carecen de terraza. Otros, porque no podrían mantener una actividad mínimamente rentable.

Una vez despliegue esa estrategia de choque urgente, el Gobierno vasco confía en que La Moncloa, que ya rechazó la pretensión de Urkullu de adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde, se avenga a modificar el decreto de alarma para dar manga ancha total a las autonomías. La inminente celebración de las elecciones catalanas podría cambiar el escenario, creen, aunque tampoco las tienen todas consigo.