La Fiscalía denuncia al alcalde de Liendo y a su antecesor por irregularidades contables

En la denuncia que ha presentado ante los jugados de Laredo, el Ministerio Público apunta al actual alcalde, Juan Alberto Rozas (PP), y a su antecesor, Javier Villanueva (PRC). Eso sí, les atribuye la responsabilidad en un segundo nivel al considerar que «llegaron a conocer» las actuaciones de la anterior interventora municipal y la delegada de personal del Ayuntamiento, las principales señaladas por un conjunto de hechos que van desde el pago de facturas por duplicado hasta la realización de gastos personales con cargo a las cuentas públicas.

De manera directa, el regidor y el exregidor –todo según el relato de la Fiscalía– tuvieron que ser conscientes de la falta de expedientes para la aprobación tanto de los pluses de productividad que se autorizaron sin justificación para algunos trabajadores como de los adelantos de nóminas sin ningún tipo de respaldo, otra de las actuaciones irregulares. Y fueron conscientes porque «firmaron cuanto se les puso, bien conscientes de ello o bien sin realizar las suficientes comprobaciones». El fiscal que elabora el informe pone sobre la mesa la posibilidad de que lo hicieran basándose en la confianza que tenían en las trabajadoras públicas, aunque, en cualquier caso, con ello «permitieron una desviación ilícita de fondos».

«Siendo un ayuntamiento pequeño, no les podían pasar desapercibidas todas las demás cuestiones relativas a la falta de proyecto de gasto de subvenciones que motivaron su devolución con intereses, la falta de registro en múltiples facturas, el pago de algunas sin registro ni expediente y los pagos sin provisión presupuestaria», prosigue el documento, que atribuye responsabilidades a Rozas y Villanueva –hasta junio gobernaban en coalición– en alusión a otros de los muchos hechos presuntamente ilegales detectados. Todo ello lo califica como «actuaciones que ampararon el caos y desorden al que llegó el Consistorio en 2024».

En cuanto a la relación de irregularidades que se le atribuye a la exinterventora, la Fiscalía añade que esa lista no está cerrada y que se ha negado a comparecer tras ser citada en diversas ocasiones. Además de lo ya dicho, suma que no fiscalizó ninguna factura en los dos años que estuvo en el Ayuntamiento; que informó favorablemente de pagos sin que hubiera expediente; que su inacción provocó la devolución –con intereses– de un gran número de subvenciones que logró el Ayuntamiento de Liendo; que cobró de forma retroactiva entre 300 y 400 euros al mes en concepto de productividad; que solicitó anticipos en nómina por valor de 5.450 euros «que no ha devuelto»,y que usó una tarjeta de crédito municipal para gastos en joyería.

En el caso de la responsable de personal, con 21 años de experiencia, también se habría 'regalado' un plus de productividad y habría cobrado 44.827 euros en anticipos, un montante que no coincide con el dinero efectivamente devuelto.

A partir de aquí, lo que pide la Fiscalía al Juzgado de Laredo es que tome declaración a los investigados, además del actual interventor, que fue el primero que levantó la voz de alarma y que tiene en su poder los expedientes correspondientes.

«Lo que nos empuja a venir aquí no es solo ese desastre económico, no solo es la falta de gestión, no solo es la falta de participación, también la falta de transparencia», decía el pasado mes de junio el PSOE, cuando sus tres concejales en Liendo, Diego Trueba, Susana Fernández y Norberto Revuelta, llevaron el asunto al Ministerio Fiscal con la intención de conocer si los comportamientos detectados son constitutivos de delito. Esa es la tesis de la Fiscalía.