El fiscal acusa a los pro-vida de «obstaculizar» el derecho de las mujeres
Para las defensas, no hay «identificada» ninguna víctima y la acusación particular califica de «planificada» la protesta ante la clínica vitoriana
El primer juicio contra 21 antiabortistas celebrado esta semana en Vitoria, ha quedado visto para sentencia. En sus informes finales, la Fiscalía y la acusación particular mantienen su petición de cinco meses de prisión por un delito de coacciones o, alternativamente, trabajos en beneficio de la comunidad, al «obstaculizar» el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y el trabajo del personal sanitario y de los directivos de la clínica Askabide. Por su parte, los seis abogados de las defensas coincidieron en que, durante todo el proceso, no se ha podido identificar a ninguna víctima que se viera obligada a dejar de abortar debido a las concentraciones. Entienden que no hubo ni «acoso» ni «hostigamiento» por parte de los activistas pro-vida, que se limitaron a «rezar en silencio contra la pared y mirando al suelo» frente al centro sanitario.
En la última jornada de la vista oral, que se ha prolongado tres días, el fiscal recordó que, según el responsable de Askabide, una usuaria acudió con un ataque de ansiedad al sentirse coaccionada por la presencia de los manifestantes, aunque es una víctima «anónima» y no ha querido declarar. Según el representante del Ministerio fiscal, «rezar de manera audible en un punto cercano» obligó a algunas usuarias a «cambiar citas» y a una trabajadora, que declaró el primer día, a «alterar sus rutinas». Esta mujer estaba en estado de gestación y «no pudo llevar su embarazo con tranquilidad». La «seguían con la mirada y escuchó murmullos de 'perdónala'». Una cirujana plástica estuvo a punto de dejar el alquiler en el centro médico debido a las protestas.
Ertzainas y policías locales identificaron a entre dos y cinco manifestantes en hasta once ocasiones, entre los días 28 de septiembre y 4 de noviembre de 2022, algunos de ellos hasta en diez ocasiones, pero muchos solo una vez.
Para la acusación particular, ejercida por el administrador único de Askabide, que tiene otras dos clínicas en Bilbao y San Sebastián, no fueron actos aislados y espontáneos, sino una «acción orquestada». «Las defensas pretenden desviar el foco hacia la legitimación del rezo, pero aquí no estamos juzgando creencias sino un plan sistemático y delictivo de hostigamiento durante 40 días con turnos continuados delante de un establecimiento, en el que cada partícipe desempeñó un rol consciente».
Perímetro de 300 metros
La abogada recordó que «la OMS recomienda en Europa que se fije un perímetro de seguridad de 300 metros» en los centros habilitados para interrumpir el embarazo. De hecho, cuando un juzgado de Vitoria dictó órdenes de alejamiento de los antiabortistas con respecto a la clínica, los trabajadores «sintieron alivio». A su juicio, los pro-vida «utilizaron el rezo como un arma y la fe como una coartada». «La absolución supondría atentar contra esas mujeres que quieren ejercer su libertad».
El primero de los letrados defensores en intervenir cree que la ley que prohíbe el acoso a las mujeres que van a abortar en clínicas autorizadas, arrastra una «carga ideológica» y, en realidad, lo que defiende es a «la industria abortista privada, que se nutre del fracaso social». En su opinión, «una llamada en redes sociales» no puede suponer que estas personas pertenezcan a una «organización de criminales», sino que la mayoría procedían de la parroquia cercana. El abogado comparó estas protestas con las de los antitaurinos en las plazas de toros o los piquetes en las huelgas.
La defensa de una de las acusadas recordó que «no se ha probado que se impidiera abortar a ninguna mujer» ni tampoco que la campaña '40 días por la vida' tuviera detrás una «estructura jerarquizada». «¿Un rosario es un arma letal?», se preguntó, en referencia a que algunos manifestantes oraban con esta reliquia religiosa en las manos.
Varios letrados pidieron que se excluya a la acusación particular del proceso, ya que el gerente de la clínica, que asegura que es «ecografista» y propietario del centro, sólo ha presentado una nómina en la que figura como un mero «administrativo», por lo que no tendría derecho a pleitear como víctima.
