El acuerdo para zanjar la huelga de la red pública le costará 100 millones a Educación

Pedrosa compareció el pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno -igual que la semana previa-, pero preguntada por esta cuestión evitó aportar datos sobre el coste económico del acuerdo, ya que todavía se estaban «puliendo las cifras». Ayer, la consejera fue cuestionada de nuevo sobre este particular en una entrevista en la Ser, y ahora ya sí que desveló el alcance monetario que tendrá la aplicación del nuevo convenio pactado con Steilas, LAB, Comisiones Obreras, UGT e Interinok Taldea y del que se ha desmarcado ELA.

«Lo más importante no es la mejora retributiva, sino que nos da estabilidad para el futuro en la escuela pública con unos compromisos, con una corresponsabilidad y que abarca, además, elementos como la mejor atención al alumnado, bajada de ratios, bienestar emocional, mejora de resultados...», volvió a reiterar Pedrosa. En su opinión, se trata de «una apuesta de país que hacemos ante los retos a los que se enfrenta la escuela pública vasca», destacó.

El nuevo convenio firmado tendrá validez hasta el 31 agosto de 2028, es decir, algo más de tres años. De esta manera, Lakua garantizará la paz social y el fin de las huelgas y las movilizaciones en uno de los sectores más relevantes y combativos de Euskadi, justo hasta después de las próximas elecciones autonómicas, que si Pradales agota la legislatura se celebrarán en abril de ese año. Con este movimiento, el lehendakari ya ha desactivado en un año de mandato la conflictividad en la Ertzaintza y en la escuela pública, en ambos casos con importantes subidas salariales. Estos acuerdos, no obstante, pueden marcar el camino negociador tanto a los trabajadores de Osakidetza como al resto de funcionarios de Función Pública.

Para encontrar otra de las claves hay que leer el penúltimo artículo del nuevo convenio. Son tres párrafos recogidos bajo el título «Procedimiento de Resolución de conflictos», en los que los sindicatos se comprometen a que la huelga no sea su primera opción ante cualquier «discrepancia». «Ambas partes podrán someterse a mediación con carácter previo a la adopción de cualquier medida de presión o conflicto», señala.