Casi 200 vascas víctimas de violencia de género acceden a una vivienda protegida en alquiler
El Gobierno vasco subraya, con motivo del 25-N, la importancia de contar con un lugar «seguro» para «empezar de nuevo»
«Sin una vivienda segura y asequible es mucho más difícil romper con la violencia machista y empezar de nuevo». La reflexión la lanzan desde el Gobierno vasco, que con motivo de la conmemoración hoy del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha hecho balance del acompañamiento que presta en materia residencial a las afectadas por esta lacra.
El Observatorio Vasco de la Vivienda ha elaborado un informe que cifra en cerca de 200 las víctimas que accedieron el pasado año a una vivienda protegida de alquiler. «La violencia machista también es pobreza, precariedad y miedo a no tener dónde ir. Por eso, las políticas de vivienda no son un elemento accesorio, sino una pieza central para que las mujeres puedan salir del círculo de la violencia y construir una vida en libertad», ha subrayado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso.
El departamento aplica medidas como otorgar mayor puntuación en la baremación en los procedimientos ordinarios de adjudicación de viviendas en alquiler a las mujeres afectadas. De forma paralela, concede un alojamiento de forma directa o extraordinaria -a solicitud de los servicios sociales de los ayuntamientos- a las afectadas en situaciones de urgencia o de extrema vulnerabilidad. Bajo esos paraguas, 118 de las 2.046 víctimas inscritas en Etxebide lograron un piso público en arrendamiento por el proceso ordinario y otras 73 mediante el directo. «Nuestro compromiso es claro: ninguna mujer debería permanecer en una relación violenta por miedo a quedarse sin casa», ha incidido el consejero.
Sin ingresos suficientes
El análisis pone el foco en que las mujeres afrontan una «situación laboral y económica más desfavorable» que los hombres, con tasas más elevadas de paro, concentrando el 77,8% del empleo a tiempo parcial y con la existencia de una brecha salarial superior a los 4.500 euros. Eso, exponen, «limita su autonomía económica y dificulta su acceso a una vivienda digna». Es, en palabras de Itxaso, «especialmente elocuente» el hecho de que «el 82% de las 29.646 mujeres que en 2023 declaraban necesitar acceder a su primera vivienda no dispone de ingresos suficientes para hacerlo».
El documento abunda también en la cobertura de las ayudas que gestiona el departamento. Así, en 2024, «17.156 mujeres fueron beneficiarias de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV)», el 54,3% de quienes la percibieron. 10.500 tenían además reconocido el Derecho Subjetivo a la Vivienda, el 60,4% del total y, entre las jóvenes, 4.425 son beneficiarias del programa Gaztelagun, el 56% de quienes cobran este apoyo al alquiler.
