Sánchez y Díaz cierran un pacto de gobierno del que recelan el PNV y el resto de socios

Una vez más, los socios forzosos del hipotético tercer Gobierno de Sánchez torcieron el gesto ante la política de hechos consumados de PSOE y Sumar que, en un clima de euforia y sin admitir preguntas, presentaron el acuerdo como el paso definitivo para reeditar, una legislatura más, «el Gobierno de coalición progresista» y mantener «el impulso reformista» y «la paz social» que el Ejecutivo de Sánchez habría devuelto a España, en palabras del propio presidente en funciones. «Nos daban dos días y hemos estado cuatro años, y otros cuatro que vamos a estar», presumió el candidato a una investidura aún sin fecha (el plazo para evitar unas nuevas elecciones en enero expira el 27 de noviembre) y sin aliados confirmados más allá de EH Bildu. «¡Querido presidente, vamos a por más!», le jaleó Díaz, artífice de la medida estrella del documento que han negociado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y el responsable económico de Sumar, Nacho Álvarez: la reducción de la semana laboral hasta las 37,5 horas en 2025.

Si la patronal estalló contra el acuerdo por el «evidente afán intervencionista» que aprecia en una medida que CEOE y Cepyme tildaron directamente de «atropello constitucional», los potenciales socios de la investidura esquivaron la valoración estrictamente ideológica del pacto para centrarse en lo que a ellos les afecta. Sobre todo, el PNV y Esquerra, que gobiernan en sus respectivas comunidades y temen acabar pagando la factura de un acuerdo que dispare el gasto público sin aclarar de dónde proceden los ingresos y que interpretan como un trágala: «Tenemos muy presente lo que pasó con la Ley de Dependencia de Zapatero. Pero, si no lo apoyamos, será culpa nuestra que todos esos avances no se pongan en marcha», lamentan.

Junts, en cambio -a fin de cuentas el que tiene la sartén por el mango, porque nadie discute que si hay alguna incógnita real por despejar en las negociaciones es la posición de Carles Puigdemont, presionado por el sector más radical de su partido para hacerlas descarrilar-, prefirió no entrar a valorar el acuerdo, un silencio en este caso elocuente. Eso sí, insistió en exigir una fecha concreta para que el catalán sea oficial en la UE porque, avisó, el Gobierno de Sánchez está ya «en el tiempo de descuento».

El PNV sí fue diáfano al expresar las «muchas dudas» que les genera un documento del que quieren hacer una «lectura más sosegada» y un «análisis más profundo» antes de ir más allá y que es sólo el primer paso «y el más sencillo» para lograr la investidura. En todo caso, los jeltzales ya han sido claros al advertir de que esta legislatura pretenden ejercer de freno, en pinza con Junts, de las leyes «ideológicas» pergeñadas por el sector más a la izquierda del Gobierno. «Nosotros decidiremos qué leyes salen y cuáles no», advirtió Andoni Ortuzar en una entrevista en EL CORREO.

Ayer, Sabin Etxea ganó tiempo y evitó entrar a valorar directamente medidas que pueden incomodar a parte de su electorado, como, sobre todo, el 'hachazo' en Sociedades para que el tipo mínimo del 15% se aplique al resultado contable y no a la base imponible de las empresas. En definitiva, para recaudar 10.000 millones más que ayuden a financiar su agenda social. De lo que sí advirtieron fuentes del EBB fue de que «los mal llamados» impuestos a la banca y las energéticas, que apoyaron en su día y que ahora se pretenden prorrogar, deben concertarse con Euskadi y Navarra para que el PNV les dé el visto bueno. Sabin Etxea también ve con preocupación la posible invasión competencial en materia de sanidad, educación, cuidados, becas y vivienda e incluso el «lenguaje empleado» por Sánchez y Díaz, que, al colgarse las medallas, «no parecen caminar sobre la senda del respeto» al autogobierno vasco. «Hay, todavía, mucha tela que cortar», incidieron en el PNV. Los jeltzales avisaron a Sánchez de la necesidad de ser «cuidadoso» para no pisar callos en una investidura «complicada por el número de agentes que implica» y exigieron «no imponer agendas propias que pueden chocar con las de otros».

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, fue aún más clara y avisó de que el acuerdo será «papel mojado» si no lo apoyan los independentistas catalanes y de que mirarán «con lupa» la «letra pequeña» para que «cada medida que suponga más gasto para la Generalitat sea compensada como toca». Y recalcó, además, que aún están «lejos» los objetivos que se ha marcado ERC en la negociación: la amnistía, la autodeterminación y el pacto fiscal.