Derribos vascos
EH Bildu trata de impedir, taxativamente, el acceso al empleo sostenido con fondos públicos a quien no conozca la lengua vasca
Ya ha sido proyectado el derribo de la obra más antigua de nuestra convivencia reciente, la Ley de Normalización de Uso del Euskera que nos ... ampara nada menos que desde 1982. Solo queda por definir el mecanismo más adecuado para su demolición. La ley, formalmente vigente aún, exige acomodar los requisitos lingüísticos a nuestros distintos contextos, para que «cada una de las administraciones públicas vascas sea reflejo fiel de la comunidad humana a la que ha de servir». La frase es de Josu Erkoreka, quien entre otros cargos, fue vicelehendakari del Gobierno vasco y diputado durante doce años en el Congreso. Añadía el entonces dirigente del PNV que tal esfuerzo de acomodación «conforma una de las claves de bóveda sobre las que se apoya el sistema». Pues bien, hoy es su partido el que va a desechar esta pieza esencial, evitando que haya que adecuarse a la distinta realidad sociolingüística. Dicho de forma más técnica, que se pueda prescindir de los índices de obligado cumplimiento en la definición del perfil lingüístico de los puestos de trabajo. Unas referencias que, no se olvide, ya cuentan con un sesgo favorable al euskara dado que toman para su cálculo no solo a los hablantes activos de esta lengua, sino también a quienes la conocen aunque no la utilicen. El resultado no será mayor seguridad jurídica (la arbitrariedad es su antinomia) sino el derribo de la obra que se cimentó en 1982.
EH Bildu opta por una demolición más expeditiva, y seguramente más acorde con su tradición: la voladura. Su planteamiento trata nada menos que impedir, taxativamente, el acceso al empleo sostenido con fondos públicos a quien no conozca la lengua vasca. Del médico al enterrador, del barrendero al arquitecto, todos los puestos de trabajo sin excepción, independientemente de cuál sea su finalidad y ubicación, deben reservarse exclusivamente a vascohablantes. La lengua vasca se ve despojada así de su función principal. Ya no es la comunicación, sino la clasificación de los individuos. Ciudadanos unos, aptos para todo, inepto de entrada el resto si no logra demostrar suficiente hidalguía.
Ni uno ni otro tratan de proteger el legítimo derecho de los vascohablantes a utilizar su lengua (derecho ridiculizado desde la ignorancia), sino de instaurar un privilegio. Una prerrogativa muy ligada a la cuna, por cierto, más fácil de obtener para quien la posee en su entorno familiar o parte desde una sólida posición social para alcanzar los requerimientos maximizados. En Educación, adelantada en voladuras y destrucciones, ha sido investigado. Solo adquiere ese nivel probatorio un 33% del alumnado. Tres cuartas partes de ellos son vascohablantes de origen y la otra cuarta parte son estudiantes con alto nivel socioeconómico. Lo que se pretende ahora es blindar esa diferencia.
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